Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el proyecto de consulta ciudadana para investigar y, en su caso sancionar, las acciones de actores políticos del pasado, la discusión sobre el tema no se ha detenido.
Un asunto que encendió el debate es el costo que tendría realizarla. Y es que el 1 de octubre, horas después de la aprobación de la consulta, Uuc-Kib Espadas -consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) nombrado en julio de 2020- declaró en una entrevista telefónica que esta podría llegar a costar 8,000 millones de pesos.
Además, Espadas declaró que dicha cantidad de dinero no está considerada en el presupuesto por lo que el Congreso tendría que etiquetar una partida con esta cantidad de dinero para destinarla ahí.
Es decir, tendría que mover recursos para ese fin, mismos que podrían utilizarse para enfrentar las consecuencias de la crisis sanitaria y económica.
Seis días después, Lorenzo Córdova -consejero presidente del INE- negó que el Instituto ya haya calculado el costo de la eventual consulta y dijo que será hasta finales de octubre que se presente la estimación oficial.
Pero aclaró que lo que sí costará 8,000 millones de pesos son las elecciones federales que se realizarán en 2021 y advirtió que el costo de esta consulta no será “ni de lejos cercano al de una elección”.
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¿Qué se consultará finalmente?
A pesar de que con el voto de 6 de los 11 ministros la Corte declaró el proyecto como constitucional, la pregunta que se le hará a la ciudadanía no es la misma que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, declaró en una entrevista que para no caer en “un vicio prohibido por la Constitución y la ley” la Corte decidió reformular la pregunta original para volverla genérica.
Esto con el objetivo de garantizar el derecho a la participación en la consulta, y al mismo tiempo, no incurrir en alguna falta legal.
De esta forma la pregunta pasó de esta redacción:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”
A esta nueva, menos personalizada y más genérica:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
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¿Qué implicaciones tendrá esta nueva pregunta?
Luis Enrique Pereda, abogado constitucionalista y columnista de Cuestione, considera que “al ser una pregunta tan general no podemos saberlo”.
Pereda también nos dijo que, “no importa si se vota por el sí o por el no, no va a haber ninguna repercusión que vincule jurídicamente a las autoridades. Es tan genérica que todo y nada caben al mismo tiempo”.
Y explica que si la opción “Sí” ganara, y el Ejecutivo decidiera iniciar procesos penales o una comisión de la Verdad; “sería algo que las autoridades podían hacer aún sin la consulta”.
Pero el abogado sí advierte que esta nueva pregunta “no se le puede atribuir al Ejecutivo” ya que “no queda claro de dónde salió ni las razones por las cuales los ministros decidieron de esa manera”.
“La primera pregunta se discutió y se consideró constitucional, pero después se estableció, sin mucha justificación, una nueva pregunta que no aborda los mismos temas que la primera”, declara Pereda.
Por estos motivos, el entrevistado califica como una pena “que se haya terminado transformando un mecanismo de democracia participativa en un simple ejercicio del levantamiento del sentir de la población que, a pesar de no ser poca cosa, no necesitaba todo el movimiento del aparato estatal”. Mientras tanto, parece ser que lo único que sabemos es que será organizada por el INE y se realizará el 1 de agosto de 2021. Pero ni el costo, ni las implicaciones de la consulta aún quedan claras y todo parece indicar que en 2021 se invertirán en un ejercicio que parece más un capricho presidencial.
