Personas con discapacidad, otro de los sectores olvidados por López Obrador

Compartir:

Desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) está en el limbo. Su presupuesto ha sido reducido a más de la mitad desde 2018 (51%), lleva más de un año sin cabeza (sin director o directora) y para 2021 sufrirá una disminución de recursos de 5%, de aprobarse como se presentó en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

El Conadis nació en 2011 para hacer que tanto organismos públicos como privados adopten las herramientas y mecanismos necesarios para que las más de 7.7 millones personas con algún tipo de discapacidad que hay en el país tengan acceso a la salud, al transporte público, a la cultura, a la vivienda. Y, también, para dar cumplimiento a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

De nada sirve que exista un Consejo, si no tiene alguien al frente para dirigirlo.

“No hemos tenido una legítima defensa de todos los atropellos que hemos estado viviendo en esta administración y esto lo vemos reflejado, poco a poco, con menos espacios públicos adecuados para nuestras condiciones, menos transporte público y menos acceso a los servicios de salud pública”, nos dice Roxana Pacheco, quien tiene discapacidad motriz y es presidenta de la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad.

Te puede interesar: El maltrato oculto y permanente que sufren personas con discapacidad en México

No solo recortan, tampoco cumplen con la ley

Al tener un Conadis sin cabeza, el gobierno viola la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la misma Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que contempla que haya un titular a cargo para asegurarse de cumplir con todos los programas y mecanismos para esta población, nos explica el abogado Carlos Ríos, investigador de la organización internacional Human Rights Watch.

“Vivimos en abandono, porque no solo no se tiene un organismo adecuado que nos ayude a tener mejores condiciones sociales y se garanticen nuestros derechos humanos, somos invisibles para el gobierno federal”, lamenta por su parte Roxana Pacheco.

Este “abandono” también se ve reflejado en la infraestructura para personas con discapacidad en edificios gubernamentales. Aunque la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad dice que todas las dependencias deben de otorgar accesibilidad en sus instalaciones para esta población, la realidad es otra.

Cuestione le preguntó a 20 secretarías de Estado sobre qué tipo de instalaciones tienen para personas con discapacidad. Solo 13 de estas dependencias contestaron y, en la mayoría de los casos, quedó demostrado que no tienen ni guías de señalamiento especial para débiles visuales

Hay casos en que ni accesos adecuados, como es el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que de sus 16 inmuebles, solo Palacio Nacional tiene rampas especiales. O el de la Secretaría de Turismo (Sectur), que dentro de sus oficinas no tiene tampoco rampas de acceso al edificio ni elevadores o espacio suficiente para las sillas de ruedas, de acuerdo con distintas solicitudes de información obtenidas vía transparencia:

Están otras, como la Secretaría de Energía (Sener), que apenas están trabajando en un proyecto de guías y señalamientos para personas con discapacidad visual. O la Secretaría de Economía, que en su torre principal ubicada en Insurgentes Sur, solo tiene un baño con acceso para sillas de ruedas.

De todas las que nos respondieron, la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la única que tiene adaptadas sus instalaciones con rampas, espacios dentro de las oficinas para las sillas de ruedas, superficies con antiderrapante para las mismas y seis elevadores con botones en braille para personas débiles visuales.

Te puede interesar leer: Futbolistas discapacitados son más respetados en la cancha que en su vida cotidiana

No solo Conadis… otros proyectos y Consejos pilares para la inclusión sufren recorte

Para el siguiente año, el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un instrumento internacional de Naciones Unidas, que desde 2008 está por encima de todas las leyes de nuestro país, (excepto de la Constitución Política), sufrirá un recorte de 27.4%, según lo planeado por el gobierno federal en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

Otro de los programas clave para la inclusión educativa de esta población es la Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior para estudiantes con discapacidad, en donde están inscritas más de 27,000 personas.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que también está sin titular desde junio, es otra instancia que busca que las personas con discapacidad no sean discriminadas. Sin embargo, en 2021 sufrirá una disminución de 21%, de aprobarse el Presupuesto como se presentó, con respecto a 2020.

Dentro de este presupuesto, también hay programas que “desaparecieron”, como el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (Fotradis), el cual ayuda a garantizar que haya espacios inclusivos en camiones, trolebuses y metro.

Te puede interesar leer: El vacío de la educación inclusiva en México

Asistencialismo no garantiza los derechos de las personas 

Uno de los principales programas sociales, con más de 15,000 millones de pesos de presupuesto contemplado para 2021, es la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, el cual atiende a más de 648,000 personas que habitan en municipios o localidades indígenas o afromexicanas en todo el país, con la entrega directa de 2,250 pesos bimestralmente.

La entrega de estos recursos no es suficiente, pues se necesitan crear las políticas públicas para garantizar que estas personas no solo reciban un apoyo directo, sino que, además, tengan acceso a la salud, a la educación y a la no discriminación, nos dice Carlos Ríos.

Por eso es que varias organizaciones civiles proponen que se cree un Instituto Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, el cual sea autónomo (y no dependa de la Secretaría de Bienestar como ahora lo hace el Conadis) y que, además, tenga representación en los 32 estados del país para las distintas discapacidades que existan, nos explica Pacheco.

La deuda que tiene el gobierno de López Obrador con las personas con discapacidad no es menor, pues sus decisiones están golpeando a una de las poblaciones más invisibilizadas de nuestra sociedad. Tanto, que ni el propio gobierno los quiere ver.

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

Recibe las noticias más relevantes de México cada mañana, inicia tu día informado.