Daniela Sánchez Curiel tenía 20 años cuando desapareció el 11 de marzo de 2015 en Tlalnepantla, Estado de México. Hasta el día de hoy, sigue desaparecida. En la carpeta de investigación no constan diligencias hasta julio de ese año, meses después.
“Las autoridades a cargo de la búsqueda de Daniela no pidieron de forma inmediata las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del lugar en el que trabajaba, donde fue vista por última vez. Cuando realizaron la solicitud, cuatro meses después de la desaparición, las grabaciones ya no existían porque solo quedan almacenadas entre 15 y 20 días”.
Así lo documenta Amnistía Internacional, organización de defensa de derechos humanos, en un informe sobre las “deficientes investigaciones” a las que se enfrentan las familias de mujeres víctimas de desaparición y de feminicidio en el Estado de México.
En el informe “Juicio a la justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México”, Amnistía documentó cuatro casos de feminicidio, en los que analiza las deficiencias en las investigaciones penales que “violan los derechos de las mujeres a la vida, integridad personal y al acceso a la justicia”.
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Además del caso de Daniela Sánchez, Amnistía Internacional revisó los casos de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.
Después de estudiar las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Amnistía encontró inacción y negligencia de las autoridades, pérdida de evidencias, que no se examinaron todas las líneas de investigación y que no se aplicó correctamente la perspectiva de género.
“Esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes”, afirma Amnistía Internacional.
El 20 de septiembre pasado, al presentar su informe, Amnistía lanzó la campaña #HastaSerEscuchadas, con el objetivo de que las autoridades mexiquenses “reconozcan públicamente las deficiencias que han cometido en las investigaciones de los feminicidios, cumplan con las recomendaciones hechas por el movimiento e inicien el proceso de reparación del daño causado por dichas deficiencias”.
Feminicidio, desaparición e impunidad en México
La violencia feminicida no para en México. De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, entre enero y agosto de este año aumentaron los casos de feminicidio 8%, con respecto al mismo periodo de 2020.
Y agosto de 2021 es el mes más violento para las mujeres desde 2015, pues se registraron 107 casos de feminicidio, como revelan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el año 2020, en México se registraron 3,723 muertes violentas de mujeres, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios. Esto significa que al menos 10 mujeres murieron asesinadas cada día en México a lo largo del año 2020, se indica en el informe.
Como lo explica Amnistía Internacional, la impunidad forma parte de las causas que fomentan el feminicidio, porque no hay consecuencias a los crímenes. Además señala la responsabilidad de las estructuras estatales y jurídicas en la prevención y perpetración de este crimen.
“Los feminicidios ocurren tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y pueden ser cometidos por parte de personas conocidas o desconocidas. Además, en algunos contextos, esta violencia es perpetrada y/o tolerada por el Estado y sus agentes, ya sea por acción u omisión”, señala el documento.
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Datos arrojados por el análisis Observatorio de la Transición 2020, elaborado por México Evalúa, indican que el 95.1% de los casos atraídos por la Fiscalía General de la República (FGR) permanecen en la impunidad; de hecho solo 4.9% fueron resueltos, como reportamos en esta nota.
Las leyes en materia de feminicidio en México retoman esta parte importante de la impunidad y la responsabilidad del Estado que Amnistía expone en su investigación.
Violencia de género y feminicidio
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007, define la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.
Según el Código Penal Federal el delito de feminicidio se comete cuando se “prive de la vida a una mujer por razones de género”.
Pero ¿qué son esas razones de género? No todos los homicidios contra mujeres se consideran feminicidios. El Código Penal indica que las “razones de género” se dan cuando ocurre alguna de las siguientes circunstancias: que la víctima presente signos de violencia sexual, a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones, cuando haya antecedentes de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar.
Además, cuando haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza entre la víctima y el asesino, cuando hubo acoso o lesiones del sujeto activo (agresor) en contra de la víctima, cuando la víctima haya sido incomunicada, cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
Pero el problema puede ser más grave, porque según explica Amnistía, en 2020 se reportaron 2,059 desapariciones de mujeres (el 5.6% sigue no localizada o desaparecida, el 93% fue encontrada con vida y el 1.4%, sin vida). Mientras que en 2019 se reportaron 469 desapariciones (el 5.3% sigue no localizada o desaparecida, el 93.2% fue encontrada con vida y el 1.5%, sin vida).
“En los últimos años se observa un aumento del número de desapariciones de mujeres que podría estar escondiendo una magnitud mayor del problema de los feminicidios”, sostiene Amnistía Internacional.
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Ante la inacción de la autoridad, las familias investigan
Como en el resto del país, las desapariciones y los casos de feminicidio convierten también a las familias en víctimas. La inacción y negligencia de las autoridades, las obliga a convertirse en investigadoras y a ocuparse de procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación, que les impide continuar sus vidas con normalidad.
Es el caso de Laura Curiel, madre de Daniela Sánchez Curiel, víctima de desaparición en 2015, “sabe muy bien que el rol de las familias de víctimas de desaparición y feminicidio en el Estado de México es crucial para evitar que sus casos queden en la impunidad”, destaca el informe de Amnistía.
A lo largo del texto se explica cómo las familias “son revictimizadas” porque deben invertir tiempo y dinero en investigar y presionar a las autoridades para que investiguen y porque “frecuentemente son amenazadas y maltratadas” por personas responsables de los delitos y también por autoridades.
Pero esta función investigadora que asumen las familias, madres o hijas “afecta gravemente su situación económica”, porque algunas pierden sus trabajos debido al tiempo que dedican a la investigación y también ven “seriamente afectado su estado de salud física y mental”.
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Investigar con perspectiva de género
El informe “Juicio a la justicia” constata que las investigaciones, en estos cuatro casos, son deficientes porque se pierden evidencias, no se investiga suficiente y la perspectiva de género no se aplica correctamente.
Como lo puntualiza Amnistía Internacional “investigar con perspectiva de género implica determinar si la mujer fue víctima de una agresión sexual previa a la muerte así como si era víctima de maltrato por parte de una persona de su entorno”.
Además en los casos donde se considere la posibilidad de un suicidio o un accidente se debe “descartar la posibilidad de que se pretenda simular una situación de esta naturaleza con el propósito de ocultar un homicidio” (feminicidio), entre otras cuestiones que detalla la organización defensora de derechos humanos.
Esto, conforme los protocolos de investigación que retoman la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2015 sobre el caso de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en el Estado de México, que indica que todas las investigaciones de muertes violentas de mujeres se lleven a cabo desde una perspectiva de género.
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Amnistía da recomendaciones
El informe también demuestra que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) “no tienen las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, debido a una sobrecarga de trabajo y carencia de insumos materiales para llevar a cabo algunas tareas”.
Por lo que Amnistía hace una serie de recomendaciones para esta institución del Estado de México como que “la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función de forma eficiente, en condiciones de trabajo dignas, para cumplir con su labor de manera adecuada”, entre más recomendaciones.
A nivel nacional, el presupuesto para la atención a la violencia contra las mujeres es un tema pendiente como lo reportamos aquí.
