Debido al rechazo que ha manifestado el actual gobierno en contra del avance de las energías limpias en el país y su instrumentación por parte de la iniciativa privada, el norte de México enfrentó una crisis de energía que, de acuerdo con especialistas que consultamos, puso en riesgo la vida de algunos de sus habitantes.
El 15 de febrero, 23 estados del norte y noreste de la República Mexicana sufrieron un apagón. Es decir, la ausencia completa de energía eléctrica, que afectó a 5.9 millones de usuarios, de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este apagón fue provocado por una tormenta invernal que también afectó al sur de Estados Unidos.
“Estábamos incomunicados, aislados y con frío. Por si fuera poco, los enfermos por la COVID-19, que necesitaban aparatos para poder respirar y por lo tanto, acceso a energía eléctrica, la vieron peor. Sí hubo grandes afectaciones a la vida diaria, pero la vida de la gente con más vulnerabilidades se puso en riesgo”, nos dijo Perla Martínez, coordinadora local de la Alianza para la Acción Climática en Monterrey.
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Esta alianza es una iniciativa del World Wildlife Fund, organización internacional para disminuir el impacto humano en el ambiente.
Un día después del apagón, aún no se restablecía al 100% el servicio eléctrico, debido a que el suministro de gas natural que proviene de EU fue interrumpido por dicha tormenta.
Según Perla Martínez, hasta el 2018 el país se dirigía hacia la transición de energías limpias y renovables, esto por los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París y las metas de mitigación del efecto invernadero.
“México era considerado como un líder en la transición energética hasta la administración de Enrique Peña Nieto, pero se está viendo claramente el cambio de dirección hacia la dependencia total de combustibles fósiles”, nos explicó la especialista.
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Esto se pudo evitar
Para Paul Sánchez, analista en energía y director general de la asociación civil Ombudsman Energía México, este fenómeno invernal fue la “tormenta perfecta” de condiciones que probablemente no se vuelvan a presentar en los próximos cinco años, pero definitivamente, se pudieron haber evitado.
“Sí, había un plan para este tipo de eventualidades, pero en el 2018 todos los planes se fueron cancelando. Se cancelaron las rondas petroleras, las licitaciones para el almacenamiento de gas, las subastas eléctricas y las acciones para el almacenamiento de gas”, nos detalló el experto.
Las consecuencias de que esto haya sido cancelado por la Secretaría de Energía de la actual administración, de acuerdo con Paul Sánchez, llevó a que se diera una crisis de energía a raíz de un apagón.
Dos lecciones
Arturo Carranza, analista independiente del sector energético, dijo que lo ocurrido en el norte del país deja dos lecciones: una, la necesidad de reducir la dependencia del gas natural de Estados Unidos y la segunda, la urgencia de fortalecer, ampliar y diversificar la red eléctrica en el país.
Para llevar a cabo estas acciones se debe de contemplar la participación del sector privado. Carranza detalla que esta crisis energética en el norte del país reveló que el Estado no tiene la capacidad de enfrentar retos de este tamaño utilizando solamente sus empresas de energía.
Finalmente, Perla Martínez, coordinadora local de la Alianza para la Acción Climática en Monterrey, agregó que Nuevo León no está preparado para los efectos de la crisis climática, menos, si existe una crisis energética como la que vivió el norte de México.
¿Cuántos desastres más necesita haber para que el gobierno haga uso de fuentes alternativas de energía?
