1 de cada 5 asociaciones civiles en riesgo de desaparecer por reforma fiscal

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En todo el país hay unas 14,000 asociaciones civiles autorizadas para recibir donativos –según el directorio del SAT–. Entre ellas hay escuelas privadas, fundaciones, organizaciones sociales, agrupaciones religiosas, clubes, entre otros. Hoy están en problemas: una de cada cinco de ellas está en riesgo de desaparecer, de acuerdo con el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).

Todo porque este 2021 entró en vigor una reforma (en los artículos 79, 80 y 82) a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que endurecerá sus obligaciones fiscales para vigilar y poner más control a los ingresos que reciben, lo cual pone en riesgo su existencia.

¿Qué dice la reforma? Que si las asociaciones civiles reportan ingresos (ajenos a su objeto social) por más de 50% del total de sus percepciones totales en el año, podrán quitarles el reconocimiento de “donatarias autorizadas”, con el cual expiden recibos y las personas donantes pueden deducir sus donativos de impuestos. Es decir, con esto desincentivarían aún más la donación.

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Lo que han dicho las autoridades al respecto es que muchas personas y empresas han abusado de la figura de asociaciones civiles (A.C.), para desvío de recursos y evasión fiscal. Un ejemplo: una empresa abre una fundación (A.C.) y en lugar de pagar impuestos sobre sus ventas, se las paga a su fundación por concepto de compra de algún producto o servicio. Así, la empresa evade impuestos y la fundación, al estar exenta de impuestos, no tiene que pagar. 

Además, se han prestado para hacer operaciones de lavado de dinero a través de empresas factureras, según denunció Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en septiembre del año pasado.

Sin embargo, esto no sucede con el 100% de las organizaciones civiles, las cuales operan en lugares y atienden a poblaciones que muchas veces el gobierno no tiene la capacidad de atender.  

Si bien es cierto que hubo algunos actos abusivos por parte de las organizaciones, no se puede generalizar para todas, nos explica Gabriela Toledo, directora Adjunta de Operaciones de Fondo Semillas, el cual financia a otras organizaciones civiles.

Criminalización de las organizaciones civiles

Desde la llegada de la administración del presidente de Andrés Manuel López Obrador, se han ido cerrando las puertas para las organizaciones de la sociedad civil. Primero, porque en 2019 se quitaron los recursos que recibían por parte del gobierno y ahora se les ponen candados para que operen.

“Fiscalmente nos han estado acorralando y persiguiendo. Todo genera un ambiente de incertidumbre porque nos convierten en criminales y corruptos, y tenemos que demostrar todos los días que no lo somos”, nos dice Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). 

Ahora, el cambio más drástico en la ley es el que contempla que si las asociaciones obtienen más del 50% de sus ingresos en actividades diferentes a su objeto social (es decir, contrario a lo que dice su acta con la que nacieron) como talleres, venta de productos o servicios, perderán su autorización como donatarias autorizadas ante el SAT.

Esta autorización la necesitan para que las donaciones que reciben puedan ser deducidas del pago del impuesto ISR por parte de los donantes.

Por ejemplo, puede suceder que el objeto social de una organización civil es velar por los derechos humanos de mujeres víctimas de violencia, pero para financiar sus proyectos tienen que dar talleres, vender productos o dar asesorías. Si los ingresos que obtienen a través de estas actividades superan el 50% de sus recursos, el SAT les podría remover la autorización como donatarias.

Y peor aún. Si pierden su autorización, y dentro de 12 meses no solicitan una nueva autorización, tienen que pasar todo su patrimonio (cuentas bancarias, inmuebles y bienes materiales) a otra asociación. Es decir, lo pierden todo, nos explica Gabriela Toledo.

Ante los ojos del gobierno, las agrupaciones sociales reciben gran parte de sus recursos de las donaciones, y por eso no tienen por qué recibir ingresos de otras fuentes de financiamiento (como venta de productos, talleres o servicios).

Pero la realidad es que en México la cultura de la donación es muy escasa. Las donaciones que reciben son apenas del 6.5% de todos sus ingresos, de acuerdo con un informe elaborado por la UNAM. Por eso tienen que buscar ingresos con sus propios medios, pues las donaciones no les alcanzan.

“Es un hecho que se ha utilizado a algunas asociaciones para encubrir situaciones de desvío de recursos, pero es un error asumir que todas estamos en esa misma situación y que haya una persecución y esta mirada sí nos afecta en el acceso a poder tener otras fuentes de financiamiento”, dice Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR).

Esta reforma “es muy radical y severa, quiere restringir la capacidad de nuestras organizaciones para buscar ser sostenibles, pero sobre todo poder ser independientes”, dice Toledo.

En el Reporte de Donatarias Autorizadas de 2019 dice que en conjunto, las organizaciones  tuvieron ingresos por 200,259 millones de pesos. De esta cantidad, un 10% (20,000 millones) estuvo vinculado al objeto social, 23% (47,000 millones) a donativos y 66% (132,000 millones) a ingresos no relacionados con el objeto social.

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Van contra socios 

Es común que en algunas asociaciones haya personas como consejeras que a su vez, representan otras agrupaciones o son miembros de las mismas. Por ejemplo, el director de una organización dedicada a la niñez, puede ser a su vez, consejero de otra que se dedique a la misma labor.

La nueva reforma plantea que si una de esas agrupaciones pierde su autorización como donataria y tiene en común con la otra al mismo miembro o consejero, automáticamente esa asociación también pierde su permiso, lo cual es otra medida agresiva para ellas, nos explica Toledo.

¿Hay solución?

Para que las asociaciones puedan seguir teniendo ingresos extras de las actividades que realizan (y que no están contempladas en su objeto social), tendrán que cambiar su objeto social y estatutos (normas) por las cuales fueron creadas, lo cual implica recursos y un extenso proceso burocrático, entre ellos reunir a sus asambleístas para llevar a cabo la sesión, el tiempo que tarde para inscribir el documento en el Registro Público de la Propiedad, dice Toledo.

“No digo que sean todas, hay unas que son muy buenas y sirven mucho y han hecho mucho por las instituciones…lo que queremos hacer es realmente blindar el noble oficio de las organizaciones sin fines de lucro, no podemos permitir que algo tan noble se contamine con operaciones que parecen lavado de dinero”, dijo Raquel Buenrostro en septiembre del año pasado.

Desde la llegada del gobierno de López Obrador los grupos de la sociedad civil han sido acusados y señalados por el presidente de operar bajo esquemas de corrupción y evasión fiscal, lo cual ha perjudicado su imagen y lo más importante, la labor social que hacen por distintas causas.

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