Más que aumentar las penas de prisión para evitar que se cometan más feminicidios en México, lo que falta es que se implemente una política integral de prevención del delito y de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, señalaron expertas feministas.
“Aunque se aumenten las penas (por feminicidio), en realidad son pocas las sentencias. Los casos que se llegan a sentenciar siguen siendo muy pocos, porque solo 10% se castigan como feminicidios y luego viene todo el proceso de apelación de los feminicidas y a veces esas apelaciones han revertido los casos o han bajado las penas hasta 20 años”, nos explicó María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización civil que monitorea las acciones de gobierno contra la violencia feminicida.
Por su lado, la ex legisladora federal Martha Tagle nos señaló que el aumento de las penas por el delito de feminicidio “no sirve para nada en un sistema donde ni siquiera puedes esperar a que realmente una persona culpable llegue ante un juez. ¿De qué te sirve tener penas más altas si ni siquiera puedes garantizar lo primero?”.
La también consultora feminista lamentó que en México hay un Estado de Derecho “muy débil”, por lo que las leyes no son respetadas por las autoridades ni por la mayor parte de la ciudadanía, y en consecuencia “el acceso de las mujeres a la justicia es una de las grandes deudas en este país, porque si revisamos el nivel de casos que se llegan a denunciar, los que llegan realmente a judicializarse y después obtienen una sentencia, son mínimos”.
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¿Qué dice la ley?
Según el artículo 325 del Código Penal Federal (CPF), a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1,000 días multa. Mientras que en abril de 2022, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y al CPF para sancionar hasta con 40 años de cárcel a quienes intenten cometer feminicidio, sin que se consume el delito (es decir, en grado de tentativa).
La directora del OCNF, María de la Luz Estrada, nos aclaró que al ser un delito del fuero común, la pena de prisión por feminicidio varía en cada estado. Así por ejemplo, mientras en el Estado de México se puede castigar hasta con cadena perpetua, en la Ciudad de México la pena máxima es de 70 años, y en Guerrero la condena más alta es de 60 años al igual que en el CPF.
Estrada nos recordó que en julio de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su entonces ministro presidente, Arturo Zaldívar, presentó al Congreso de la Unión un proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, a fin de reducir la impunidad y homologar las acciones judiciales en contra de este delito.
También en julio del año pasado, las senadoras morenistas Olga Sánchez Cordero y Gabriela López presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para homologar el delito de feminicidio en todo el país.
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Cifras negras
En un comunicado con motivo de la conmemoración este año del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, el OCNF informó que 2022 cerró con 3,755 asesinatos de mujeres, de los cuales solo 968 casos fueron reconocidos como feminicidio, es decir solo en estos casos se acreditaron las razones de género; mientras que el resto (2,787) fueron catalogados como homicidios dolosos, sin contar los “suicidios” que no se investigan como feminicidios.
El OCNF agregó que “a pesar de que existe un subregistro de la violencia feminicida en México”, oficialmente en 2022 fueron asesinadas 10.28 mujeres en promedio cada día. Asimismo, en comparación con 2021, “existe un incremento de las muertes violentas de mujeres a nivel nacional”, afirmó la organización.
Y es que –detalló el OCNF– en 2022 se registraron 3,755 asesinatos de mujeres; 3,753 en 2021; 3,769 en 2020; y 3,881 en 2019, “lo que evidencia que en los últimos cuatro años han sido asesinadas 15,158 mujeres, y esto muestra que se mantienen los asesinatos con mayor saña a pesar de las acciones que han implementado las autoridades”.
Al respecto, la también integrante de Movimiento Ciudadano Martha Tagle nos indicó que los feminicidios no disminuyen a pesar del discurso oficial de que han bajado mínimamente: “si tú ves un mes y el otro, la pequeña disminución que se da repunta al siguiente mes, y además mucho me temo que hay datos que están encubiertos, oscuros, cifras negras de feminicidios que están ocultas en las cifras de desapariciones”.
La consultora en derechos humanos añadió que hay muchísimas mujeres desaparecidas que no forman parte de los índices de feminicidios, “porque no sabemos si están desaparecidas o están siendo asesinadas, y ahí me parece que hay muchos datos que se nos están yendo. Hay cifras que se manipulan para pretender dar la idea de que ya está disminuyendo, cuando la realidad es que sigue siendo un enorme problema porque las penas de prisión más altas no sirven”.
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Resistencia de las autoridades
María de la Luz Estrada, directora del OCNF, nos dijo que más allá de endurecer las penas de prisión por feminicidio, lo que hace falta es “fortalecer los tipos penales (tipificación del delito)” para que su redacción sea clara, y no se preste a la interpretación de los agentes del Ministerio Público y los jueces.
“Hay una propuesta del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres para que los congresos estatales amplíen los tipos de lesiones en casos de feminicidio, como por ejemplo estrangulamientos o quemaduras”, precisó Estrada, quien lleva más de 20 años en el activismo por la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Igualmente, la experta nos recordó que en 2022 se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para agregar otras agravantes al delito de feminicidio, como el hecho de que las víctimas se encuentren enterradas: “México es un cementerio y a las mujeres las siguen buscando con vida, pero ya fueron enterradas. Estamos ante un contexto criminal en el que no solo a las mujeres las matan sus parejas, sino la misma violencia generalizada que se vive en varios territorios del país”.
Sin embargo, Estrada advirtió que los gobiernos estatales todavía se resisten a actualizar su tipo penal de feminicidio: “se ha planteado que se agreguen agravantes del delito sobre todo si (las víctimas) eran menores de edad, estaban embarazadas o quien cometió el delito era un servidor público; al agravarse el delito también aumenta la penalidad”.
La también consultora en género y derechos humanos Martha Tagle nos señaló que desde 2007, cuando se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ningún gobierno federal o estatal la ha implementado de manera correcta, pues implica un sistema de prevención, de atención a la violencia y de sancionar cuando hay un feminicidio.
“Es un sistema integral que ningún gobierno ha instalado. Van más de 15 años que no se concreta en políticas públicas”, concluyó.
