Y sí, nos afecta a todos y todas
Primero les bajaron el sueldo, les quitaron el aguinaldo y después, hasta las computadoras con las que trabajan. Las personas funcionarias públicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han tenido que sortear este año los recortes por la austeridad republicana, en plena crisis económica y sanitaria por la COVID-19.
Desde el inicio del sexenio, el primero de diciembre de 2018, más de 19 mil burócratas fueron orillados a renunciar “voluntariamente”. Ahí comenzó la crisis laboral en la administración pública, luego hubo una lluvia de amparos por los despidos injustificados.
Después, en abril de este año, casi 180 mil burócratas del gobierno –dentro de los ocho rangos públicos más altos, de subdirector a presidente de la República–, también cedieron “voluntariamente” el 25% de su salario, así como el aguinaldo que recibirán a fin de año.
Todo por el decreto que publicó el presidente López Obrador en abril, como parte de las medidas de austeridad y ahorro que tomó su gobierno para enfrentar la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país.
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El problema es que las reducciones salariales y cancelación de los aguinaldos limitan y violan sus derechos laborales, pues “el presidente no tiene la facultad de eliminar derechos reconocidos constitucionalmente de los servidores públicos”, nos explica el abogado y politólogo Javier Martín Reyes, experto en derecho constitucional.
Además es un acto ilegal, pues la Ley Federal del Trabajo establece que es el Congreso quien tiene la facultad de reducir los salarios de los servidores públicos. La decisión tendría que ser justificada por parte de la dependencia que va a aplicar el recorte, nos explicó Edith Ramírez, abogada laboralista de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
“La opción que tienen los trabajadores es ampararse judicialmente contra estas violaciones a sus derechos laborales. El problema es quién se va a atrever a hacerlo con el temor de perder su trabajo en esta época. Tienen alternativas limitadas”, dice Martín Reyes.
Decretos
El decreto de abril también anunció el recorte presupuestal de 75% de los gastos operativos de algunas de las dependencias del gobierno, es decir, para los servicios de agua, luz, telefonía y gastos de oficina, entre otros.
Esa fue otra medida que también sale de las facultades del presidente, pues corresponde a la Cámara de Diputados aprobar o modificar los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, como lo establece la propia Constitución, nos dice Martín Reyes.
El ahorro estimado por el gobierno federal no resultó tan exitoso, pues con estas medidas pretendían ahorrar 622 mil millones de pesos y el monto final fue 11 veces menor: 56 mil millones de pesos, como documentamos en esta nota.
Esta no es la primera vez que las políticas de austeridad del actual gobierno federal afectan a las y los trabajadores del Estado. Desde el inicio del sexenio se redujeron salarios, se eliminaron seguros de gastos médicos y otras prestaciones laborales, principalmente, a los funcionarios de rangos altos. Por eso es que desde entonces, ya hay más de 32 mil amparos en los tribunales contra estas medidas.
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Por austeridad se quedan sin computadoras
La austeridad impactó hasta en los escritorios y herramientas de trabajo de los servidores públicos, pues por los recortes de este año, la Secretaría de Economía, por ejemplo, retiraría el 75% de las computadoras y laptops que tienen algunos de sus trabajadores (auxiliares y personal de administración).
Aunque después de que se difundiera esta medida en los medios de comunicación, la dependencia dijo que se iba a comprometer a dar las computadoras a los trabajadores, para que hagan sus “funciones esenciales asignadas”.
También en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por ejemplo, a partir de los primeros días de julio, empleados y empleadas se quedaron sin computadoras, incluso se les ha pedido que no carguen sus celulares en las oficinas, para reducir el gasto de electricidad.
“Dotar de herramientas y materiales del trabajo es una obligación del patrón (en este caso el gobierno) contemplada en la ley, pues es un derecho laboral que las personas trabajadoras reciban condiciones adecuadas para realizar su trabajo”, nos dice la abogada Edith Ramírez.
Mientras, el presidente López Obrador ha pedido a los burócratas que compartan sus computadoras, pues “debido a la corrupción en las adquisiciones”, no se comprarán más.
“Imagínense lo que hacían los que lucharon en otros tiempos por libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía… ¿estaban esperando que tuvieran sus computadoras para luchar, para transformar?”, dijo López Obrador.
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En otra lucha por los derechos laborales, las trabajadoras y trabajadores de Notimex, la agencia de noticias del Estado se fue a huelga en febrero de este año, por las malas condiciones de trabajo y porque les quitaron algunas prestaciones laborales, como los vales de despensa y prima vacacional, que estaban garantizadas en su contrato colectivo de trabajo.
Relacionado a este tema hay más de 90 juicios pendientes ante los tribunales, como nos dijo Carlos Mendoza, abogado del Sindicato de Notimex.
Con despidos, reducción de salario y hasta aguinaldo, así tienen que enfrentar la crisis las y los burócratas del gobierno, mientras que se anuncian inversiones millonarias en los proyectos prioritarios del gobierno como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas o el Bosque de Chapultepec.
