Integrantes de organizaciones defensoras de los derechos de las y los migrantes acusaron que las autoridades “cosifican” e instrumentalizan con fines políticos a esta población, además de que incurren en discriminación racial al detener por su aspecto físico a extranjeros que ingresan sin documentos al país.
Norah Gallego, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), nos explicó que “no es completamente erróneo” afirmar que las autoridades de nuestro país cometen actos xenofóbicos contra la población migrante, sobre todo de origen centro y sudamericano.
“Ha habido prácticas de perfilamiento racial por parte de agentes migratorios y de personal de la Guardia Nacional cuando detienen arbitrariamente a personas que en su opinión parecen extranjeras por ciertos rasgos físicos y asumen que son personas migrantes, por lo que muchas veces son detenidas en estaciones migratorias”, abundó la especialista que apoya a solicitantes de asilo en nuestro país.
La defensora nos puso como ejemplos de este tipo de prácticas “un poco xenofóbicas” a las “devoluciones en caliente” o pushbacks -como se les conoce por su término en inglés- de personas migrantes: “también sucedieron con personas de Honduras que viajaban en caravanas y quienes -sin facilitarles el acceso a procedimientos de asilo individualizados- fueron expulsadas sumariamente”.
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Gallego nos recalcó que la política migratoria mexicana ha sido “muy agresiva” contra las personas migrantes y en contexto de movilidad, sin importar si son solicitantes de asilo o de protección internacional. Precisó que esto se debe a que el gobierno de México responde a las necesidades de Estados Unidos para impedir que personas sin documentos lleguen a su territorio.
“Cosificación” de la población migrante
Por su lado, Alberto Xicotencatl, director de la Casa Migrante Saltillo, nos aclaró que no se trata de un actuar “xenófobo o racista” por parte de las autoridades migratorias en México, sino que más bien el gobierno federal “obedece de forma por demás negativa a las exigencias de Estados Unidos”, e incurre en el manejo de la población migrante con fines políticos.
“Desde mi punto de vista no tiene que ver con xenofobia, sino más bien con una apuesta política, es decir, (la migrante) no es una población que políticamente importe al Estado mexicano, por el contrario, le trae problemas en la relación económica con Estados Unidos”, abundó el activista, quien lleva 15 años trabajando en la defensa de migrantes extranjeros en Coahuila.
Xicotencatl nos recordó el trato que dieron las autoridades a los refugiados ucranianos que llegaron a México en su huida de la guerra con Rusia, con la intención de pedir asilo al vecino del norte.
“México sabía perfectamente que la presencia de personas ucranianas iba a ser ínfima, prácticamente insignificante, entonces lo que hizo fue aprovecharse del tema mediático para dar una cara de que somos o tenemos un gobierno abierto a la recepción y a la protección. Incluso fueron recibidos por funcionarios de alto nivel de la cancillería, como una especie de simulación de lo que en realidad representa la política migratoria y de refugio en México”, detalló.
El director de la Casa Migrante Saltillo insistió en que más allá de temas de racismo o xenofobia, hay una “instrumentalización” de las poblaciones migrantes: “A final de cuentas es la cosificación del ser humano, no porque no sea un tema de racismo se le reste importancia, pues -tristemente- más allá de que el Estado mexicano garantice los derechos humanos, cosifica a las personas y las instrumentaliza para fines meramente políticos”.
Migrantes de “primera y segunda” categoría
De acuerdo con el gobierno de México, de enero a junio de este año ingresaron al país 40,235 personas de origen ucraniano. En ese contexto, la columnista Mónica Garza publicó en La Razón: “pero los ucranianos son migrantes particulares que llegaron a estrenar un fenómeno no tan común en México, el de los refugiados privilegiados. ¿Será porque son europeos y güeros? ¿Por qué la invasión rusa en su país se lleva las portadas de los más importantes diarios en el mundo todos los días? ¿O todo junto?”.
En su texto, la periodista citó a Andrea Rincón, directora del colectivo Border Youth, organización dedicada a proteger a niñas, niños y adolescentes migrantes en Tijuana, Baja California, y quien observó la diferencia entre la atención migratoria a las personas provenientes de Ucrania y a la población migrante centroamericana que se encuentra en la ciudad fronteriza.
“(Las y los ucranianos) ya vienen apoyados por sus familias de Estados Unidos y tienen todo el apoyo de organizaciones norteamericanas aquí en Tijuana, mientras que los centroamericanos tardan aproximadamente un mes en llegar aquí, porque cruzan caminando, en camiones, como pueden”, le dijo Rincón a Mónica Garza al evidenciar la brecha económica “que marca una diferencia notable en el trato a los migrantes de esa nacionalidad”.
Por su parte, la columnista indicó que “en teoría no debería de haber migrantes de primera y de segunda, pero en la práctica claramente los hay y hoy los privilegiados son los ucranianos que han llegado a Tijuana. Esto pone de manifiesto una política discriminatoria injustificable en México, xenófoba, en un tema indiscutiblemente de discriminación racial, del que deberíamos estar seriamente avergonzados”.
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Se deben respetar derechos
Nora Gallego, abogada de la CMDPDH, nos dijo al respecto que en su experiencia en el área de apoyo a solicitantes de asilo, se notó mayor apertura por parte de las autoridades migratorias en su atención a las personas solicitantes de refugio ucranianas: “nosotros notamos día a día un gran rechazo a las personas de Sudamérica o Centroamérica que vienen a México a solicitar asilo, entonces sí hay como una brecha”.
Sin embargo, la defensora nos aclaró que la CMDPDH no consideró que la respuesta del gobierno mexicano hacia las personas refugiadas de Ucrania fuese privilegiado, sino más bien adecuado. Además, explicó que su organización no ha acompañado casos de personas ucranianas en solicitudes de refugio, por lo que no cuentan con un parámetro de comparación para decir si existió o no un trato diferenciado en los procedimientos.
“Ese actuar (adecuado) debería replicarse en el caso de las personas migrantes centroamericanas con necesidades de protección internacional, donde también existe un contexto que puede caracterizarse como violación masiva de derechos humanos (por ejemplo en Haití)”, acotó la defensora.
Gallego abundó que se requiere voluntad política de las autoridades migratorias mexicanas, para que reconozcan las situaciones de violencia e inestabilidad sociopolítica que generan un contexto de violación masiva de derechos humanos para la población migrante.
Finalmente, Alberto Xicotencatl, de la Casa Migrante Saltillo, nos expresó que lo que falta es que se cumpla a cabalidad la Ley de Migración, “que es perfectible, pero sí debería garantizar muchos derechos que no se están garantizando. Por ejemplo, no se permiten las detenciones masivas; cada caso tiene que observarse de forma específica; las detenciones no tienen que ser violentas; tiene que haber procesos de regularización mucho más apegados a derecho; no se está garantizando el derecho de asilo ni el derecho de refugio”.
