Autoridades le niegan el derecho al aborto a niña víctima de violación en Guerrero

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El pasado 14 de febrero, el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, Guerrero, se negó a practicarle un aborto legal a una niña de ocho años, víctima de una violación sexual.

Solo después de que el caso se hizo público y con el acompañamiento de asociaciones civiles que defienden derechos de las mujeres, la niña accedió al servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), pero en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense de Chilpancingo, el 18 de febrero.

Este hecho visibilizó una vez más el viacrucis y la tardanza que las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual aún tienen que enfrentar para acceder a su derecho al aborto y a la justicia en el estado, nos explicó María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).

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De acuerdo con la defensora de derechos humanos, el caso también muestra que prestadores de servicios y autoridades de la salud de Guerrero se resisten a respetar el aborto legal por violación, a pesar de que está permitido en el Código Penal de la entidad (como en todos los estados del país) y a que los casos de violencia sexual son urgencias médicas que deben ser atendidos inmediatamente como lo establece la norma oficial mexicana NOM-046

Debido a esta situación, la Secretaría de Gobernación declaró en junio de 2020 una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por agravio Comparado en Guerrero

El caso de la niña también demuestra que el gobierno del estado no ha cumplido con las medidas que estableció la alerta para facilitar el ejercicio del derecho al aborto legal en los hospitales de Guerrero, nos dijo en entrevista María de La Luz Estrada.

Además de la violencia sexual, las autoridades repitieron la violencia contra la niña y su familia con sus omisiones y la revictimización. Por esto, el OCNF exigió a Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero y demás autoridades de la entidad a investigar y sancionar a las funcionarias y a los funcionarios públicos del Hospital Raymundo Abarca que vulneraron a la niña al negarle su derecho. 

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Otras violaciones de derechos que se cometieron contra la menor

Marina Reyna Aguilar, directora ejecutiva de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, una de las organizaciones civiles que acompañó a la niña a exigir la interrupción del embarazo, nos relató que personal de salud del Hospital General intentó con engaños que la menor y su familia desistieran de realizar el aborto. 

En el Hospital General no dejaron pasar a la abogada que acompañaba a la familia y a la niña a una supuesta revisión médica en la que “no se les brindó la información adecuada, lejos de ello, se les regañó y se les dio información falsa, se les dijo que la niña iba a morir” de llevarse a cabo el procedimiento. 

En ese momento, personal del hospital también les hizo firmar un documento que decía que la menor “deseaba continuar (el embarazo) y se comprometía a ir a la clínica de su localidad a revisión periódicamente”, afirmó Marina Reyna Aguilar.

De acuerdo con la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, la Secretaría de Salud de Guerrero informó a través de dos comunicados que fue la familia y la menor quienes decidieron no continuar con el aborto.

Ante este hecho, la familia y las asociaciones acompañantes se dirigieron al Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense para solicitar el servicio para la niña. Exigieron a la Secretaría de Salud de la entidad retirar sus comunicados, porque les revictimizaba, pues también se detallaban datos que dejaron expuesta a la menor y a su familia al escrutinio público y a los ataques de personas opositoras al aborto. 

Como nos comentó María de la Luz Estrada, gracias a que el caso se hizo viral y a la presión de las organizaciones civiles se logró que se respetara el derecho de la niña a decidir interrumpir un embarazo no deseado producto de una violación.

Pero su mediatización también expuso a la menor a riesgos, ya que además de los comunicados del gobierno, algunos medios de comunicación no cuidaron el anonimato y la información privada de cada integrante de la familia de la niña, nos dijo Marina Reyna Aguilar. 

“Eso debería ser parte de la sensibilidad que se tendría que manejar en los medios de comunicación” ya que deben de pensar en las víctimas, señaló.

La niña y su familia se encuentran bien, pero aún falta dar con el responsable de la violación y así asegurar el acceso a la justicia.

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Algunos pendientes en materia de aborto en Guerrero

El OCNF solicitó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) que el caso de esta menor se revise en una reunión con instancias federales de salud para que la violencia sexual, la revictimización, la violencia institucional y violación a sus derechos humanos sean resarcidos y para que no haya más casos.

Este no es un hecho aislado. Es una situación que viven las mujeres, jóvenes y niñas en Guerrero de manera constante. Viridiana Gutiérrez Sotelo, coordinadora del Observatorio Ciudadano de la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero, documentó y relató al menos ocho casos en cuatro hospitales de Guerrero, donde se negaron a interrumpir el embarazo a niñas, adolescentes y mujeres que fueron agredidas sexualmente en 2021, según esta nota de Desinformémonos.  

Por todo esto, la Secretaría de Salud de Guerrero está obligada a implementar un programa de ILE para evitar revictimizar a las niñas y mujeres embarazadas producto de una violación sexual o que tengan una situación que esté poniendo en riesgo su salud, según las medidas que establece la alerta de género por agravio comparado, nos explicó María de la Luz Estrada.

“Se fue el gobierno anterior del PRI y no entregó el informe de avances de las medidas de la alerta. La nueva gobernadora de Morena entró y dijo ‘voy a dar cumplimiento cabal a todas las medidas’”, pero aún no lo hace, aseguró.

Uno de los principales obstáculos al que se enfrentan las mujeres víctimas de violación es que el personal de salud les exige tener una autorización del Ministerio Público o del fiscal para recibir los servicios de aborto. 

Por esto, otra medida de la alerta de género es que el Congreso local elimine la fracción I del artículo 159 del Código Penal de Guerrero que establece dicha autorización. También pide que el código quede armonizado con la Ley General de Salud, la Ley General de Víctimas y la NOM-046. Pero a casi dos años de la declaración de la alerta, el Poder Legislativo de Guerrero sigue sin reformar el código.

La NOM-046 marca que solo es necesario la protesta de decir verdad de las mujeres para acceder a un aborto legal por violación y si es menor de 12 años de edad la solicitud debe ser presentada por “el padre, madre o tutor(a)”.

Además, el Congreso local tiene pendiente la aprobación de una iniciativa para despenalizar el aborto. Esto es necesario, pues aunque el aborto por violación es legal “mucho personal de salud argumenta que el Código Penal penaliza el aborto” para negarse a realizarlo, señaló Marina Aguilar.

El pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es inconstitucional criminalizar a mujeres y personas gestantes que aborten de forma voluntaria. Por tanto, el estándar para modificar las leyes de Guerrero debe ser en función de este fallo, expuso María de la Luz Estrada.

Y agregó que debe investigarse si el Hospital General de Chilpancingo se opuso a practicarle la ILE a la niña de ocho años por objeción de conciencia. Adicionalmente, el año pasado la Suprema Corte también determinó que el personal de salud a nivel nacional no puede rechazar abortos por objeción de conciencia, porque esto viola el derecho humano a la salud de las mujeres.

“Si esto pasa en la capital del estado ¿qué estará pasando en las otras regiones? Se requieren sanciones para el personal que no esté cumpliendo con sus obligaciones”, concluye Marina Reyna Aguilar.

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