En cuatro años de la administración de Andrés Manuel López Obrador se han aprobado normas en favor de minorías, como la Ley Ingrid, que prohíbe difundir imágenes de víctimas de violencia de género; así como la Ley Olimpia, que castiga con cárcel a quienes amenacen a mujeres y compartan videos o fotos íntimas sin consentimiento.
Si bien ha habido avances, predomina el desabasto de medicamentos y entre las personas más afectadas están quienes viven con VIH. La comunidad LGBT+ también sigue luchando por sus derechos, sin embargo, los crímenes de odio y la homofobia les mantienen como el grupo más vulnerable.
Uno de los reclamos al gobierno de López Obrador fue la eliminación de las estancias infantiles, que servía de apoyo a madres trabajadoras. Esta administración también ha sido señalada por grupos feministas, lo acusan de “ignorarlas y estigmatizarlas”.
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4 años de gobierno: decisiones que afectaron a grupos minoritarios
En el primer año del sexenio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió desaparecer el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) que fue creado en 1994 por Carlos Salinas de Gortari como el Instituto Nacional de Solidaridad, que tenía como fin diseñar y evaluar programas sociales. El presidente López Obrador argumentó que la eliminación se debía al derroche y la duplicidad de funciones que generaba.
Para predicar con el ejemplo sobre la austeridad republicana, también en su primer año de mandato el gobierno redujo los recursos para programas como estancias infantiles donde se apoyaba a madres trabajadoras. El entonces secretario de Hacienda Carlos Urzúa señaló que el presupuesto destinado de $2,000 millones de pesos era suficiente para las estancias y sugirió que los niños y niñas fueran cuidados por sus abuelos, a quienes se les debería pagar por el servicio.
Finalmente, a mediados de 2019 se canceló el programa de estancias infantiles dejando a un número importante de madres sin un lugar a donde dejar a sus hijos mientras salían a trabajar.
Otro punto negativo fue la suspensión de la Convocatoria de Refugios que operaba por medio del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en 41 instalaciones del país y que atendían a 20,000 mujeres. Esta acción, provocó una serie de pronunciamientos, por lo que el 23 de febrero de 2019, el gobierno tuvo que reconsiderar y anunció un nuevo llamado. Además Martha Lucía Mícher tuiteó que el gobierno federal escuchaba y dialogaba con las mujeres.
Crimen organizado desplaza a comunidades
En lo que va de la administración morenista, grupos indígenas se han visto amenazados y desplazados debido al crecimiento del crimen organizado en sus comunidades. Un ejemplo de ello es que en Zacatecas, 18 municipios quedaron en abandono por temor a la violencia. Estiman que 10,000 personas fueron desplazadas en ese estado por el miedo de ser víctimas de un crimen violento.
Las personas migrantes corren con esa misma suerte cuando por su paso por el país son secuestrados o desaparecidos por el crimen organizado, un ejemplo de ello es lo que se vivió en la Embajada Migrante de Tijuana, un albergue ubicado en playas de Tijuana, que tuvo que cerrar sus puertas ante el temor que vivían tras recibir amenazas constantes de estos grupos delictivos.
Aseguran que en los últimos meses sufrieron de la intromisión de personas armadas exigiendo dinero a los migrantes bajo amenazas y golpes.
Según cifras del Banco Mundial, los pagos a ‘polleros’-traficantes de personas- ligados a cárteles mexicanos alcanzaron los $3,801 millones de dólares tan solo en 2021, publicó La Jornada.
Grupos LGBT+ y personas con VIH, otros afectados
Quienes también sufren el acoso por el crimen organizado en zonas rurales son las personas trans. La Fundación Arcoíris por el respeto a la Diversidad Sexual A.C. reportó el aumento de crímenes de odio contra integrantes de la comunidad LGBT+, según datos de casos en el mapa Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, de 2019 a 2022 se tienen registrados 250 asesinatos y 23 desapariciones.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recibió entre 2012 y marzo de 2022 1,175 quejas relacionadas con personas de la diversidad sexual y de género, de las cuales 708 corresponden a actos relacionados con homofobia; 240 por lesbofobia, 220 por transfobia, cuatro por intersexfobia y tres por bifobia. De esta cifra al menos 182 expedientes se abrieron entre 2018 y 2021.
En tanto, las personas que viven con VIH han sufrido del desabasto de antirretrovirales desde el inicio de la presente administración. En diciembre de 2019 Cuestione dio a conocer que 30,000 personas estaban afectadas por la falta de medicamentos.
El colectivo Cero Desabasto, ubicó al VIH en el octavo lugar de “patologías” con mayor número de reportes por desabasto en su informe en el segundo cuatrimestre de 2021.
Bien por la creación de leyes a favor de las mujeres
En diciembre de 2019 se aprobó la Ley Olimpia que sanciona la violencia digital en casi la mitad de los estados del país que contempla cárcel de cuatro a seis años para quienes graben, filmen o elaboren fotos, audios o video de índole sexual sin el consentimiento de la persona.
Con la Ley Olimpia se hizo frente a actos de acoso, hostigamiento, amenazas y vulneración de datos e información privada, difusión de contenido sexual sin consentimiento, a través de las redes sociales como te planteamos en esta nota.
En febrero de 2021, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Ingrid que modifica al Código Penal con el fin de tipificar el delito de distribución y reproducción indebida de fotografías, contenidos multimedia pertenecientes a investigaciones relacionadas con delitos y sancionar a la persona servidora pública que los cometa.
La Ley Ingrid contempla una pena de hasta ocho años de cárcel por difundir o filtrar información, fotografías o videos de las víctimas, que las vulnere más o revictimice y el doble (16 años) si quienes lo hacen son funcionarios públicos.
Otra buena, dar seguridad social a trabajadoras del hogar y personas del mismo sexo
El 27 de octubre de 2022 la Cámara de Diputados aprobó un dictamen a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para incluir la definición de personas trabajadoras del hogar y establecer las obligaciones de los empleadores.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Ivonne Cisneros, explicó que estas reformas sientan las bases normativas para incorporar a “un sector de personas trabajadoras que históricamente habían sido discriminadas e invisibilizadas en la ley y que representan alrededor de 2,200,000 beneficiadas, de las cuales, más del 80% son mujeres.
Sobre lo ganado en la comunidad LGBT+, tenemos que entre septiembre y octubre de este año el matrimonio igualitario ya es legal en los 32 estados. Los últimos estados en aprobarlo fueron Tamaulipas, Estado de México, Tabasco, Guerrero y Durango.
Además de que el 6 de diciembre de 2022, el Senado aprobó por una minuta que busca garantizar la protección social, servicios y prestaciones a las personas del mismo sexo.
Esto va específicamente a aquellas que sean cónyuges y concubinas y se encuentren asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Así como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Gobierno pidió perdón a 68 pueblos indígenas
En septiembre de 2022, el gobierno federal y autoridades tradicionales, en presencia de representantes de los 68 pueblos indígenas y afromexicanos, celebraron la ceremonia de petición de perdón al pueblo yaqui por agravios contra los pueblos originarios.
Con ello, el gobierno cumplió el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador privilegiar a los más humildes y a los pueblos originarios del país, lo que ha permitido consolidar en casi tres años, una nueva relación con los pueblos indígenas y afromexicanos.
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Lo feo: prevalece la homofobia
A pesar de los derechos ganados por la comunidad LGBT+, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señaló que este grupo sigue enfrentando obstáculos en su derecho en servicios educativos, empleo y salud. El órgano de Estado precisó que enfrentan barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales.
Dichos estigmas han justificado una diferencia de trato, y se encuentran tan arraigados en nuestra cultura que inciden no solo en el ámbito privado principalmente en la familia sino también en el público por ejemplo, en las instituciones de seguridad social o de acceso.
¿El gobierno más feminista?
Cada año, el 8 de marzo el gobierno federal en eventos representativos reconoce los aportes de las mujeres y su desarrollo en todos los ámbitos, en particular porque esta administración se dice el primer gobierno paritario en la historia de México, que trabaja para que se garanticen los derechos políticos de las mujeres en todos los niveles de gobierno y en todas las instituciones del Estado mexicano.
Sin embargo, grupos feministas también han sido estigmatizadas por el presidente. En su discurso ha desacreditado las protestas feministas durante su administración. Durante la conferencia de prensa del 8 de marzo de 2022 aseguró que las protestas buscaban dañar a su gobierno.
“Hay mucha infiltración del conservadurismo, de derecha, mucha infiltración, y entonces lo que quisieran es hacer un espectáculo de violencia, que pudieran quemar las puertas de Palacio, meterse incluso al Palacio, a la Catedral para que sea noticia mundial, porque a ellos no les importa el daño que le puedan causar al país”, expresó el mandatario.
En septiembre de 2022, el grupo de hacktivistas llamado Guacamaya que expuso miles de documentos confidenciales de los servidores de la Sedena, aparecen informes de inteligencia generados por comandancias y zonas militares en que se señala que el Ejército vigila colectivos feministas y activistas a favor de los derechos de las mujeres.
