Ayotzinapa, la pesadilla sin fin para el Estado mexicano

Compartir:

¿Hay una maldición con el caso Ayotzinapa? Es una pesadilla para el Estado mexicano, para la Comisión Internacional de Derechos Humanos, para el Poder Judicial y, sobre todo, para los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014. También para la ciudadanía mexicana y la internacional que siguen viendo en este evento la parte más siniestra de nuestro sistema de justicia.

Y nadie, ni la Fiscalía General de la República, ni el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estuvieron por años investigando el caso, ni el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador o su antecesor, Enrique Peña Nieto, nos pueden dar un acercamiento que convenza a la sociedad de lo que les sucedió a los jóvenes.

Porque nos falta una parte: los cuerpos. Es la mayor intriga en este caso. ¿Dónde están los cadáveres? En el supuesto de que hayan sido asesinados, ¿dónde están sus restos? Todas las personas que han sido acusadas por estar relacionadas en este caso han sido enjuiciadas por desaparición forzada, omisión, delincuencia organizada, secuestro, tortura y más. Pero nadie por homicidio, destacó el especialista en temas de seguridad José Antonio Álvarez de León.

Te puede interesar: Ayotzinapa, la tragedia que nunca termina

Por ahora las noticias están volcadas en la decisión de que ocho militares acusados de desaparición forzada por estar presuntamente relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en 2014, fueron liberados la madrugada del 24 de enero para llevar su juicio en libertad.

Las condiciones fueron pagar $50,000 pesos, ir a firmar dos veces al mes a la Unidad de Medidas Cautelares, no visitar el estado de Guerrero o acercarse a las víctimas ni salir del país para que salieran del Campo Militar donde se encontraban recluidos desde junio de 2023, cuando se entregaron voluntariamente tras la emisión de una orden de captura contra ellos y otros miembros más del Ejército.

Se suman a la lista de personas en libertad a pesar de su presunta participación en el caso Ayotzinapa. Para 2020 ya habían sido liberadas 78 personas, algunas declaradas inocentes y en otros casos se comprobaron fallas en el debido proceso como tortura, detenciones ilegales y fabricación de pruebas.

No son los únicos que han gozado de esta indulgencia durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador que en 2018 prometió que de llegar al poder se encargaría de que “se conozca la verdad y haya justicia”, de la mano de la que hoy es la Comisión para la Verdad y Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Pero México es tan pintoresco que siempre nos da un revés. En lugar de capturar y sancionar a los culpables, tenemos que ver que los dejan en libertad o los absuelven, como al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusado de delincuencia organizada y señalado como quien dio la orden de desaparecer a los estudiantes.

Aunque Abarca no puede recuperar su libertad, pues también fue juzgado por los delitos de secuestro y homicidio por lo que está cumpliendo una pena de 92 años de prisión, no recae sobre sí ninguna pena por lo acontecido aquel septiembre de 2014.

Con quien la justicia mexicana se ha visto también benevolente es con el general Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería el día de la desaparición de los 43 estudiantes señalado por el GIEI como una de las personas que mantenían comunicación con el grupo delincuencial Guerreros Unidos.

El comandante está preso acusado de desaparición forzada y delincuencia organizada, luego de que estuvo prófugo por un tiempo tras girarse la orden para su captura. La jueza federal, Raquel Ivette Duarte, le concedió la prisión domiciliaria en atención a un amparo. Duarte es también la jueza que ordenó que los ocho militares lleven su proceso en libertad y quien en un principio ordenó su captura en 2023.

También al ex procurador de justicia Jesús Murillo Karam le habían concedido una prisión domiciliaria que no tuvo efecto. El procurador de justicia del sexenio de Enrique Peña Nieto es el creador de la llamada “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa, en la que las investigaciones supuestamente apuntan al alcalde de Iguala como el responsable de la desaparición de los jóvenes.

Los abogados de Murillo Karam lograron que se le otorgara la prisión domiciliaria por las acusaciones de haber construído esa “verdad histórica”, pero el ex funcionario sigue en prisión por los delitos de tortura y desaparición forzada por los que fue detenido el 19 de agosto de 2022.

Este caso no tiene fin

El presidente López Obrador acusó que la determinación de liberar a ocho militares vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa tiene razones “estrictamente políticas. Más allá de lo que haya querido decir el presidente con esto, sí existe una relación profundamente política entre el gobierno de México, el caso de Ayotzinapa, el Ejército y el Poder Judicial.

Pero uno de los mayores problemas de la investigación es que todo se ha hecho mal. Las insuficiencias en la investigación del caso han dado lugar, no solo a muchas suspicacias, sino que han ayudado a que la defensa de las personas acusadas y detenidas por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes tengan argumentos para liberar a las personas acusadas, nos explicó el especialista en temas de seguridad José Antonio Álvarez de León.

Te puede gustar: Ayotzinapa: Fuerzas Armadas logran imponer la sombra sobre la desaparición de los 43 

Es decir, de alguna manera, las investigaciones que se han realizado en el sexenio de López Obrador indican que el procedimiento que se llevó a cabo en las investigaciones anteriores sobre la participación de las personas involucradas en el caso Ayotzinapa, no fueron realizadas debidamente, por lo tanto, las medidas cautelares que se les impusieron pueden cambiar. Como es el caso de los ocho militares y muchos más liberados, nos explicó el especialista.

“De entrada hay un factor político que pone en duda las actuaciones, entonces cuando revisan las actuaciones (…) Por lo que he ido siguiendo, (Alejandro) Encinas y compañía van encontrando defectos en las investigaciones que hacen valer, de alguna manera, también los defensores de las personas detenidas”, detalló Álvarez de León.

El también académico de la UNAM nos explicó que “cualquier defecto en el proceso o en el tratamiento de la sustancia penal es una violación al debido proceso que origina la libertad”. 

“Ese es el primer gran problema. Que en esa lucha de descalificación política de no aceptar la ‘verdad histórica’ y tú mismo (el gobierno) señala errores en la investigación propicia que el ambiente de defensa se pueda inclinar a que esos errores, que los defensores siempre buscan se convaliden”.

El Ejecutivo vs el Judicial, otro factor

El enfrentamiento político que se ha evidenciado entre el poder Ejecutivo, con el presidente López Obrador a la cabeza, y el Poder Judicial, con la ministra Norma Piña en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, es otro factor que entorpece la resolución del caso Ayotzinapa, consideró el entrevistado. “Creo que sí hay una lógica de enfrentamiento”, afirmó.

Y la relación entre el Ejecutivo con el Ejército y el poder económico que está acumulando en este sexenio mediante la administración de diferentes empresas -aeropuertos, el Tren Maya, el Tren del Istmo e Tehuantepec, etcétera- también influye en qué tan alto y qué tan profundo se pueden hacer acusaciones a una institución que, de entrada, es defendida con fervor por el presidente de la República.

Mientras el Ejército sea uno de los grandes socios políticos del presidente, es muy difícil que se llegue a tocar a altos mandos para juzgarlos por el caso Ayotzinapa, a pesar de que es una de las mayores reclamaciones de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, nos explicó Álvarez de León, quienes exigen que se declare como un crimen perpetrado por el Ejército y que se señale a toda la institución, cosa que López Obrador no va a permitir.

La complejidad del caso Ayotzinapa recae en que todas las verdades que se están buscando no se hablan entre sí: la verdad jurídica, la verdad histórica y la verdad de los padres. Y mientras el objetivo no sea el mismo para todas las partes, no habrá versión que satisfaga a nadie y mucho menos habrá convencidos de que se ha hecho justicia.

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

Recibe las noticias más relevantes de México cada mañana, inicia tu día informado.