En las últimas dos décadas Tamaulipas ha destacado entre las 32 entidades del país, pero no por buenos resultados o políticas públicas exitosas, sino porque los últimos cuatro gobernadores han sido investigados por su participación en actividades criminales. Dos de ellos se encuentran detenidos: Tomás Yarrington en Estados Unidos y Eugenio Hernández en Tamaulipas.
El escándalo más reciente es el del gobernador actual, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien desaforó la Cámara de Diputados, es decir, le quitó la protección constitucional el pasado 28 de abril.
Tras el desafuero, la Fiscalía puede proceder penalmente contra él por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Finalmente, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine si procede o no el desafuero y por lo tanto, la investigación de la FGR, luego de que el congreso estatal (con mayoría del PAN) votó no seguir el proceso contra el mandatario. Pero esa no es la única falta del gobierno tamaulipeco ya que la opacidad del ejercicio de recursos públicos por parte de Cabeza de Vaca es evidente.
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Muestra de ello es que la información sobre el ejercicio de recursos públicos, así como de los contratos otorgados por la oficina del gobernador no aparece en los portales de gobierno.
Gobernador de Tamaulipas también está violando la Ley General de Transparencia
Ni la página oficial de la oficina del Poder Ejecutivo de Tamaulipas ni la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) cuentan con información detallada sobre los gastos de Cabeza de Vaca y su equipo, así como de las contrataciones realizadas durante su mandato (de 2017 hasta la fecha).
Un ejemplo de ello es el gasto en Comunicación Social y Publicidad que, de acuerdo con la ley Orgánica de la Administración Pública Tamaulipas, debe ser ejercido por la oficina del gobernador, y que debe reportar el uso de estos recursos.
Sin embargo, como expone la siguiente imagen, los registros de la PNT se encuentran vacíos.
Esto a pesar de que en respuestas a solicitudes de información realizadas a esa dependencia, el funcionario encargado de proveer la información, Rafael Sánchez Chavarría, informó que se encontraba pública en dichas plataformas, como se muestra a continuación.
De esta forma, y de acuerdo con Alejandro Torres, consultor independiente en temas de transparencia y protección de datos personales, la oficina del gobernador estaría violando el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que obliga a todas las dependencias y funcionarios a tener pública y actualizada esta información.
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La investigación contra Cabeza de Vaca no sería una justificación
De acuerdo con el entrevistado, una hipótesis para el caso de Tamaulipas es que “por la situación en la que se encuentra el gobernador, probablemente la oficina decidió bajar la información para protegerse”.
Alejandro Torres explica que existen ejemplos donde se han realizado estas acciones, destacando el caso de la Ciudad de México con el tema de reconstrucción de edificios dañados por el sismo de 2017.
Sin embargo, advierte que “no existe ninguna justificación para hacerlo ya que estos datos no están sujetos a que se estén llevando a cabo investigaciones en contra de las autoridades pues la obligación de transparentar la información tiene que ver con un ejercicio de rendición de cuentas”.
¿Qué sanciones puede generar esta situación?
“De entrada, el Ejecutivo de Tamaulipas estaría violando los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia”, explica el especialista. Ante esta situación, “el Instituto de Transparencia de Tamaulipas tendría que ser el órgano garante que asegure que el sujeto obligado esté publicando dicha información. Pero también debe exigir a la autoridad que explique y justifique los motivos por los que no estaba disponible la información”.
De acuerdo con Torres, el régimen local de sanciones “señala que el órgano garante le debe dar un plazo al sujeto obligado para que cumpla y publique la información. De no hacerlo, se le notifica a la autoridad superior jerárquico y también al órgano interno de control, en este caso la Contraloría estatal”.
Si no se publica esta información, el Instituto de Transparencia de Tamaulipas tendría que generar una amonestación pública al funcionario responsable de publicar y actualizar esta información e, incluso, podría imponer multas, las cuales “deben ser pagadas con recursos propios del funcionario y no con recursos públicos”.
A la fecha de la publicación de esta nota, Cuestione mantiene abiertos procesos de impugnación frente las respuestas de solicitudes de información que refieren a los registros vacíos del gobierno de Tamaulipas y la PNT, las cuales limitan el derecho para acceder a la información sobre el ejercicio de recursos públicos por parte de dicha autoridad.
Estas acciones tendrán que ser resueltas por la autoridad de transparencia estatal, pero mientras la investigación contra el gobernador continúa, la ciudadanía no cuenta con información sobre la forma de gastar de este mandatario y sus funcionarios.
