Tras el homicidio de Conrado Mendoza, presidente municipal de San Miguel Totolapan, Guerrero, ocurrido el 5 de octubre de 2022, suman 60 autoridades locales asesinadas en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: 18 alcaldes, 31 regidores y 11 síndicos, de acuerdo con un recuento de Etellekt Consultores.
Según el mismo monitoreo, hubo un aumento de 25% en el número de funcionarios locales víctimas de homicidio en comparación con el sexenio del panista Felipe Calderón, cuando se reportaron 48 muertes.
Lo anterior refleja un recrudecimiento en el país de la violencia contra las autoridades locales en contraste con sexenios anteriores, advirtieron especialistas.
El profesor-investigador en temas de seguridad pública Javier Oliva nos dijo que esta violencia política -en particular en el caso de San Miguel Totolapan– se debe a “la fragmentación de las organizaciones criminales” y la disputa por el mercado de la droga.
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El mismo día de la masacre de Totolapan, la diputada local de Morelos Gabriela Marín Sánchez fue asesinada a tiros al salir de una farmacia en Cuernavaca. La legisladora, de 37 años de edad, fue atacada por dos hombres a bordo de una motocicleta.
La muerte de Marín Sánchez engrosa las estadísticas de violencia contra legisladores locales, ya que en el actual sexenio han sido asesinados ocho, entre titulares y suplentes, de acuerdo con el conteo de Etellekt Consultores. Destaca además que seis de estas ocho víctimas eran opositoras a los gobiernos estatales, precisó por su parte Infobae.
Rubén Salazar, director general de Etellekt Consultores, aclaró que los asesinatos de Conrado Mendoza y Gabriela Marín son casos con móviles distintos, pero lo que prevalece en ambos crímenes es “la narcopolítica y la impunidad”.
Violencia en ascenso
El pasado 5 de octubre, un grupo de sicarios atacó el Palacio Municipal de San Miguel Totolapan, Guerrero, y causó la muerte del alcalde perredista Conrado Mendoza y de 19 personas más que en ese momento despachaban en el Ayuntamiento, reportó El País.
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El subsecretario federal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía, informó en su momento que el ataque se debió a una “disputa entre grupos criminales”, y señaló a Los Tequileros y La Familia Michoacana, de acuerdo con la misma nota.
Al respecto, Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nos explicó que los hechos violentos en Totolapan también son “una expresión de la descomposición institucional que vive el país en ciertas zonas”, pero -nos aclaró- “no es extensible a todo el estado de Guerrero, pero sí es una evidencia notable de la incapacidad de las autoridades a nivel gubernamental, en este caso de la gobernadora Evelyn Salgado (de Morena)”.
En torno al caso de la diputada Gabriela Marín, del Partido Morelos Progresa, se informó que la Fiscalía de Justicia estatal indaga el conflicto de la víctima con otros aspirantes al cargo. En este asesinato, la información preliminar es un síntoma de la permanencia del “México bronco”, donde los cargos se disputan a balazos, expresó Rubén Salazar, director general de Etellekt Consultores, consignó El País.
Según el mismo reporte, Gabriela Marín ocupó un escaño en el Congreso de Morelos en julio pasado para sustituir a Juan José Yáñez, quien murió por complicaciones médicas. La legisladora se disputó el puesto con Roberto Carlos Yáñez, un político del PRD que pretendía ocupar el cargo registrándose falsamente como candidato LGTB+.
Salazar hizo hincapié en que “lo más preocupante” es que los políticos locales se encuentran vulnerables ante la ola de violencia por cuestiones de narcotráfico o por revanchas políticas.
Geografía del crimen
Etellekt Consultores señaló que los atentados contra políticos locales han abarcado al 53% de las entidades del país, pero Oaxaca acumula el mayor número de víctimas mortales, con un total de 12, seguido de Michoacán y el Estado de México, en donde cada uno ha registrado siete muertes.
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Sigue justamente Guerrero, que llegó a cinco víctimas, mientras que Sonora, Guanajuato y Chihuahua cuentan con tres cada uno de ellos. En tanto, Chiapas, Jalisco, Puebla, Sinaloa y Morelos reportan dos muertes cada uno. Baja California, Coahuila y Tamaulipas registran un edil asesinado entre 2018 y 2022.
Rubén Salazar alertó que este tipo de violencia va en aumento y que en los procesos electorales de 2023 y 2024 se podría recrudecer debido a los reacomodos de poder que buscan los grupos delictivos a nivel local. Tal situación, consideró, podría concentrarse en los estados del Pacífico mexicano, donde justamente opera el Cártel Jalisco Nueva Generación y en el caso de Guerrero, Los Tequileros.
Abandono presupuestal
Javier Oliva, quien es experto en temas de democracia, defensa y seguridad nacional, nos explicó que la vulnerabilidad en la seguridad pública estatal y municipal se debe no solo a la falta de policías o armamento, sino que es resultado también de recortes presupuestales en el actual sexenio.
“Morena y sus satélites parlamentarios cercenaron el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), antes conocido como Subsemun (Subsidio para la Seguridad en los Municipios). En este ejercicio fiscal, 208 municipios se quedaron sin un solo apoyo, sin un solo peso de la Federación para seguridad pública; esto también tiene expresiones fiscales, y Morena y sus satélites tienen que asumir su responsabilidad”, apuntó el especialista.
Finalmente, Oliva nos aseguró que “la inercia” de los años recientes augura un posible recrudecimiento de la violencia política por parte del crimen organizado, de cara a las elecciones para renovar las gubernaturas en el Estado de México y Coahuila en 2023.
“Como lo planteó en su momento la entonces alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet: la violencia política en México tal vez influyó en los resultados electorales en 2021”, advirtió.
