Denuncias de “mala fe” habrían provocado que YouTube suspendiera canal de la Cámara de Diputados

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Tras la suspensión temporal del canal de YouTube de la Cámara de Diputados, organizaciones en defensa de los derechos digitales nos explicaron que más que un acto de “censura” por parte de la plataforma de videos, posiblemente se trató de un “ataque organizado” de desconocidos que realizaron denuncias de “mala fe”, para generar un “daño” al espacio informativo del Poder Legislativo.

Lo anterior, luego de que el pasado 18 de septiembre de 2022 la Cámara de Diputados informó en su cuenta de Twitter que la empresa YouTube decidió bajar de su plataforma temporalmente el canal del recinto de San Lázaro, “a la espera de que sus supervisores revisen dicha cuenta con apego a sus normas de funcionamiento”.

“En tanto esta situación continúe, las visitas de los usuarios al mencionado canal de YouTube se han visto interrumpidas y estamos a la espera de que se restablezca a la brevedad”, abundó la Cámara de Diputados en otro mensaje en la misma red social.

Sin precisar la razón de la suspensión del canal legislativo, la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados informó a Cuestione que hasta la noche del lunes 19 de septiembre de 2022 el servicio seguía interrumpido.

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“La situación en cuanto a la plataforma YouTube y la Cámara de Diputados sigue igual. Los supervisores de la plataforma y nuestra área de redes siguen en contacto para solventar cualquier observación de la empresa respecto del apego a las normas de funcionamiento de YouTube. Por nuestra parte, estamos aportando la documentación y las explicaciones que se están requiriendo dirigidas al restablecimiento del servicio, que esperamos sea a la brevedad”, dijo la instancia a través de un mensaje de su jefe de Información, Alfonso Gómez.

¿Qué fue lo que pasó?

Aunque la Cámara de Diputados no ha precisado hasta ahora la razón de la suspensión de su canal, “lo más seguro” -nos explicó Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC, organización promotora de la tecnología digital para fines sociales- es que algún video fue reportado por incumplir las normas comunitarias de YouTube y entonces la plataforma dijo: “los voy a suspender”.

“¿Quién lo pudo haber hecho? Desde afuera es imposible saber; en ámbitos cibernéticos, pero también en ámbitos políticos y de opinión pública, es bien sabido que quienes hacen ataques organizados (partidos políticos o corrientes ideológicas) conocen muy bien las normas de las comunidades, plataformas, redes sociales, de videos, y muchas veces saben utilizar elementos que se tienen en el canal o red social para hacer denuncias y generar un tipo de daño”, abundó el especialista en derechos digitales.

Casanueva nos aclaró que es una “irresponsabilidad” afirmar que YouTube quiso suspender o “censurar” a la Cámara de Diputados: “es muy importante destacar que en este caso, una persona administrativa de YouTube no tiene la capacidad de decir ‘se quita, se baja, se suspende o no’ (determinado contenido), sino que todo se deriva de procesos bastante articulados”.

“Cada plataforma tiene una serie de reglas y si un canal o un video las incumple, una persona lo puede reportar y dependiendo del tipo de denuncia que se haya hecho, se puede suspender o hasta eliminar los canales o los videos; en este caso fue una suspensión”, precisó el director de Social TIC.

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¿Cuáles son las normas comunitarias en YouTube?

Según sus Lineamientos de la Comunidad, la plataforma se reserva el derecho de suspender o cerrar cuentas “si el comportamiento de un creador de YouTube es perjudicial para nuestros usuarios o empleados, la comunidad o el ecosistema”. De esta manera, YouTube recomienda al usuario usar “la función de marcado” si encuentra contenido “que crees que infringe estos lineamientos” a fin de que lo revise su personal.

Entre el contenido prohibido están el spam y prácticas engañosas (robo de identidad o estafas); imágenes de desnudos; contenido sexual, violento o peligroso; venta de armas de fuego o de bienes y servicios ilegales o regulados; así como información errónea durante las elecciones, o relacionada con la COVID‑19 o las vacunas.

Al respecto, Juan Manuel Casanueva agregó que en YouTube “lo más común son las denuncias por violación a la propiedad intelectual”. 

El experto nos precisó que las plataformas “son espacios privados que se tienen que adecuar a leyes internacionales y nacionales, y además tienen sus propias condiciones. Se realiza un proceso para ver si se restaura la cuenta o si hay contenidos que son violatorios de alguna ley, por ejemplo la de derechos de autor”.

“Notificación y retirada”

Por su parte, Grecia Macías, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) – organización defensora de los derechos humanos en el entorno digital-, nos indicó que la suspensión del canal de YouTube de la Cámara de Diputados sería consecuencia de las reformas de 2020 a Ley Federal de Derechos de Autor, que obligan a las plataformas a aplicar el mecanismo conocido como “notificación y retirada”.

La activista nos explicó que con ese mecanismo, cualquier persona puede denunciar sin pruebas contundentes y sin que alguna autoridad judicial lo analice, que se afectan los derechos de autor, por lo que los proveedores de servicios en línea pueden remover la publicación o el contenido de los usuarios.

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En coincidencia con lo señalado por Juan Manuel Casanueva, Macías advirtió que la suspensión del canal de la Cámara de Diputados “suena a que alguien hizo un reporte de mala fe y logró esta restricción de contenido”. Por ello, la defensora de los derechos digitales recordó que desde julio de 2020 la R3D lanzó la campaña #NiCensuraNiCandados en contra de las reformas que promueven la censura en internet.

Además, la abogada convocó a que el Congreso de la Unión dé marcha atrás a la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, la cual -recordó- en agosto de 2020 fue impugnada con una acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Si quisiéramos hacer algo más (contra la censura en internet), sería implementar obligaciones de transparencia, no responsabilizar a intermediarios, pero es complicado establecer una ‘bala de plata’ que ayude a solucionar todo el tema de moderación de contenidos en las plataformas digitales”, concluyó.

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