En medio de una aparente calma tras la ola criminal que azotó a Coahuila durante los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, el estado se alista para renovar la gubernatura en 2023, lo que -a decir de especialistas en seguridad pública- provoca incertidumbre ante la posibilidad de que los cárteles de la droga intervengan en las candidaturas aún por definirse.
En septiembre de 2021, el actual gobernador Miguel Ángel Riquelme, aseguró que gracias al trabajo permanente entre sociedad y gobierno, con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las corporaciones estatales, “se ha cumplido con el compromiso de mantener una entidad en desarrollo, competitiva y en paz”.
Al divulgar cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que a su vez se basa en el reporte de las Fiscalías estatales, Riquelme dijo que Coahuila destaca a nivel nacional en la reducción de los delitos en forma global. Pero no siempre fue así.
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Historia violenta
Según información publicada por Aristegui Noticias en enero de 2016, a partir de 2005 Coahuila vivió una de las etapas más violentas de su historia con varios hechos relacionados con el cártel de Los Zetas durante la gubernatura del priista Humberto Moreira.
Poco después, uno de los puntos culminantes de esa escalada de violencia fue el asesinato, en octubre de 2012, de José Eduardo Moreira, hijo de Humberto Moreira, ya para ese entonces exgobernador y exlíder nacional de PRI.
De acuerdo con la misma fuente, el exmandatario estatal calificó el crimen como una venganza de la delincuencia organizada por el homicidio del sobrino de Miguel Ángel Treviño, alias Z-40.
Para colmo, un año después -en noviembre de 2013-, el gobernador Rubén Moreira admitió que en la gestión de su hermano la delincuencia organizada logró el dominio casi total en el estado.
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“Pax narca”
Jorge Lara, exsubprocurador jurídico en Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) de 2008 a 2011, nos confirmó que efectivamente durante la gubernatura de Humberto Moreira hubo una cresta en la crisis de inseguridad y violencia por parte del crimen organizado.
“En esa época se vivieron episodios de violencia en distintos puntos del estado, en un contexto de enfrentamiento de Los Zetas con otros grupos criminales por el control de algunas regiones”, precisó el exfuncionario federal.
Sin embargo, el también profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM advirtió que en estos casi cuatro años de gobierno federal hay un “total decaimiento en la investigación y combate de los grupos criminales, lo que significa una consolidación de lo que algunos llaman ‘pax narca’, es decir, sigue el trasiego de droga, pero sin el recrudecimiento de la violencia de otras épocas”.
En lo anterior coincidió el especialista en seguridad Javier Oliva, quien nos explicó que el punto crítico de la delincuencia en Coahuila comenzó en el gobierno de Humberto Moreira, que además fue acusado de corrupción.
Aunque cabe recordar que en 2015 la PGR exoneró al exgobernador de las acusaciones de lavado de dinero y, un año después, la Procuraduría estatal -con Rubén Moreira como mandatario local- determinó que en la gestión de su hermano no hubo desvío de recursos ni daño al erario.
Igualmente, en 2016 y luego de que detenido llegando al aeropuerto de Madrid, Humberto Moreira fue exonerado por la Audiencia Nacional de España que dio carpetazo a la causa en su contra por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y nexos con Los Zetas.
Sobre la aparente tranquilidad actual en el estado, Oliva apuntó que no se niega la presencia de organizaciones criminales, “pero de alguna forma su actividad ha sido contenida, no quiero decir que sometida”.
“El gobernador Riquelme, en términos comparativos con datos del SESNSP, trae buenos números. Al menos recientemente el estado no ha sido escenario de eventos como la masacre de la familia Lebarón (en Sonora, en 2019), o el homicidio de los jesuitas y un guía de turistas (en Chihuahua, en junio pasado), o la toma de Caborca, Sonora, por la organización de Caro Quintero (a inicios del año). Ese tipo de eventos afortunadamente no se han visto en Coahuila”.
La elección que viene…
Cuestionado sobre si un eventual triunfo de Morena en la elección por la gubernatura podría exacerbar o mitigar al crimen organizado en Coahuila, Oliva nos dijo que el partido oficial ha sido un “completo fracaso” en los estados que ganó en 2021 al observar “el estado calamitoso de la seguridad pública en Guerrero, Michoacán, Colima, Baja California y Zacatecas”.
El también profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM consideró que en los gobiernos de Morena hay una “propensión a la improvisación”: “la más decepcionante fue aquella declaración de David Monreal (gobernador de Zacatecas), cuando ante toda la ola de crímenes dijo que lo que hacía falta era ‘encomendarse a Dios’. Tú no puedes llegar a ser gobernador improvisando, ignorando, cuando hay una larga secuela de hechos trágicos y dramáticos”.
Al respecto, Jorge Lara nos alertó que en las elecciones del próximo año en el estado seguramente habrá presiones del crimen organizado como las hubo en el proceso de 2021 para renovar las 38 alcaldías, pues se denunció el patrocinio de algunas candidaturas o la inhibición de otras. “Incluso fue un proceso muy violento”, remarcó.
El académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales recalcó que el Estado de México y Coahuila son lugares muy importantes para la delincuencia organizada: “vemos que el crimen no necesariamente tiene un partido político al cual le profese adhesión permanente; se acomoda con las opciones que tengan más posibilidad de ganar o con quienes les garanticen algún tipo de impunidad o pacto”.
Finalmente, Lara nos advirtió que ante el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de no perseguir al crimen organizado, su postura de “abrazos no balazos”, “estos grupos lo toman como un dejar hacer, dejar pasar que podría desdoblarse a la posibilidad de pactos ya más específicos con los cárteles”.
