A casi dos años de que reveláramos lo costosas que resultan las ocho cárceles concesionadas a empresarios en el país (que cuestan cerca 16,000 millones de pesos al año), el gobierno federal renegoció esos contratos y obtuvo un descuento de 15% (equivalente a 2,390 millones de pesos para este año y más de 10,000 mdp al finalizar los contratos), según dijo Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Estos contratos fueron asignados por adjudicación directa en 2010, por el entonces presidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (quien está siendo juzgado en Estados Unidos por crimen organizado).
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Los convenios se negociaron con pagos fijos e independientes al número de personas internas en cada penal. Esto quiere decir, que las empresas reciben el mismo pago mensual garantizado, sin importar si tenían 10 o 2,000 internos.
Hasta ahora, el costo diario por interno o interna era en promedio de 3,913 pesos, aunque en algunos casos alcanzaba niveles de 6,634 pesos al día, como sucede en el penal femenil, ubicado en Morelos, propiedad del hombre más rico de México, Carlos Slim. Equivalente “al hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas”, dijo la secretaria de Seguridad.
Recordemos que detrás de estas cárceles se encuentran los nombres de importantes empresarios, como: Carlos Slim (penales de Chiapas y Morelos), Olegario Vázquez Raña (penales de Michoacán y Durango), Hipólito Gerard Rivero (cuñado del ex presidente Carlos Salinas, quien maneja el penal de Oaxaca), Larry Fink (CEO del fondo de inversión de EU BlackRock, maneja el penal de Coahuila) e ICA (en los penales de Sonora y Guanajuato).
El costo diario por interno e interna es hasta cinco veces más grande que el costo diario en los penales federales manejados por el gobierno, como documentamos en este reportaje. Y es que las concesionadas solo se encargan de algunos servicios (como alimentación, tecnología, limpieza), siendo el de guardia y custodia uno de los más costosos y que seguía siendo financiado por el gobierno.
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a estos contratos como “leoninos… Favorables para las empresas y muy malos para la hacienda pública”.
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Ahorro irá a la Guardia Nacional
Con los más de 10,000 millones de pesos que el gobierno federal estima se ahorrarán con la renegociación de los contratos se construirán cuarteles “que necesitamos para la Guardia Nacional”, dijo López Obrador.
Sin embargo, aún con el ahorro del 15%, las cárceles concesionadas seguirán siendo más caras que las operadas por el gobierno, pues mientras las públicas obtienen de presupuesto anual entre 200 y 500 millones de pesos, las concesionadas obtienen alrededor de 2,000 mdp cada una.
Otro punto importante de la renegociación es que las instalaciones penitenciarias pasarán a ser propiedad del gobierno y no de las empresas, como originalmente se señalaba en los contratos, indicó Rodríguez Velázquez.
Sin el descuento, para este año, el gobierno hubiera tenido que pagar casi 16,000 millones de pesos. “El gasto es tan grande que de los 22,776 millones ejercidos por Prevención y Readaptación Social en 2020, el 67.7% se fue en el pago de estos ocho contratos”, explicó la secretaria de Seguridad Pública.
Actualmente existen procesos penales abiertos para investigar la responsabilidad de servidores públicos involucrados en la asignación de estos contratos, todos entregados por adjudicación directa.
Los derechos humanos
Cuestione también ha informado que aunque los penales concesionados son cinco veces más caros que los operados por el gobierno, no cuentan con planes integrales de readaptación social y los internos e internas pasaban la mayor parte del tiempo encerrados, sin actividades físicas, educativas o recreativas.
Además de que violaban sistemáticamente los derechos humanos de las personas internas, sin que este tema haya entrado específicamente a la renegociación.
En una de nuestras últimas entregas, también dimos a conocer una carta que nos hicieron llegar internos del penal de Durango (concesionado a la empresa Prodemex, del magnate Olegario Vázquez Raña), en donde nos hacían saber que los tratamientos médicos debían ser pagados por ellos mismos y que si no tenían dinero para los medicamentos, ni siquiera se registraba el padecimiento en su expediente médico.
Las cárceles concesionadas en nuestro país nacieron como un gran negocio, que llevan operando, algunas de ellas, desde hace casi una década, sin que su labor se haya visto reflejada en que las personas internas salgan con opciones para no volver a delinquir.
