Se lanzó con todas sus fuerzas contra uno de los muros de su celda. Aún aturdida, lo intentó una vez más. En la pared apareció una mancha de sangre. “Me quería matar, ya no quería estar ahí. Yo decía si de cualquier manera aquí, ya estoy muerta”, dice Alma –quien solicitó cambiar su nombre– a Cuestione.
Alma pasó año y medio en la única prisión federal para mujeres del país, en Morelos, la cual es operada por la empresa IDEAL, del magnate Carlos Slim. Esta es una de las ocho cárceles federales concesionadas a particulares, a quienes México entrega 12 mil millones de pesos al año, y seguirá haciéndolo hasta el 2032.
Todo comenzó en 2010. Las prisiones concesionadas a constructores privados surgieron como una estrategia del entonces presidente Felipe Calderón, quien prometió que al incrementar el número de penales, se sembraría “la semilla de un México más seguro”.
Su intención era crear un sistema de cárceles administradas por privados, bajo la idea de que lo harían mejor que el gobierno, con menos corrupción, violencia y violaciones a los derechos humanos. Cuestione, en este reportaje especial, confirmó que no funcionó.
Alma es muestra de la promesa incumplida del gobierno mexicano. A pesar de que cuestan cuatro veces más que los penales federales manejados por el gobierno, las cárceles concesionadas tienen, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos prácticamente la misma calificación en violaciones a derechos humanos que a las que administra el gobierno.
“Las mujeres son convertidas en mercancía, lo que vemos ahí es una forma moderna de esclavitud, es decir, la esclavitud en sí se define como la utilización de la persona como mercancía y eso es lo que está pasando aquí”, dice Miguel Sarre, experto en sistema penitenciario del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Por la cárcel de Morelos, en específico, la empresa IDEAL de Carlos Slim ha recibido cinco mil 500 millones de pesos, entre 2016 y 2018 –un promedio de mil 800 millones de pesos al año–. A pesar de la millonaria inversión y la promesa de mejores cárceles, las internas están encerradas la mayor parte del tiempo en celdas, con pocas o casi ninguna actividad física, cultural o artística. Además de otros abusos.
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Tortura por aislamiento
Las internas e internos de los penales pasan hasta 23 horas al día en sus celdas, en soledad, sin ninguna otra actividad. Esto facilita que empresarios como Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña y otros saquen la mayor rentabilidad por las ocho prisiones que construyeron y operan, ya que necesitan menos personal para rehabilitar a las personas internas.
Uno de los abusos más comunes es el exceso de “solitarios”. Estos son aislamientos, que según la Ley Nacional de Ejecución Penal, conocidas como las Reglas de Mandela, no puede durar más de 15 días. De lo contrario, se están violando los derechos humanos de las personas.
Pero en la práctica, la falta de personal y de un programa integral de reinserción social, hace que el aislamiento se prolongue por meses. Ese fue el caso de Alma.
“Cada minuto de aislamiento es una gotita de agua. Una sola gota no hace nada, pero si alguien lo sufre por años, definitivamente que es una forma de tortura patrocinada por el Estado”, dice Sarre.
Esto no es algo nuevo ni desconocido para las autoridades mexicanas. La CNDH expuso en su Recomendación General 22, de 2015, que: “En los centros de reclusión la práctica del aislamiento es utilizada de manera excesiva en cuanto a su duración, lo que puede ocasionar severos daños a la integridad física y psicológica de la población interna”.
Sin reinserción, hay riesgo para la ciudadanía
Aunque para muchas personas lo que le sucede a quienes están en la cárcel no les preocupa, lo que se gesta detrás de esos muros impactará en la calle –cuando las y los internos recuperan su libertad–, si estos no recibieron apoyo para su reinserción social. En muchos casos, saldrán de las prisiones más peligrosos de lo que entraron.
Esto, porque casi tres de cada 10 personas cumpliendo una sentencia en una cárcel en México son reincidentes –han delinquido antes–, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016. Para evitar la reincidencia, diferentes organismos internacionales y expertos proponen que el interno cuente con actividades educativas, físicas y psicológicas.
La reinserción social es una obligación del Estado, según la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero en la realidad, esto es letra muerta. Para los privados que administran estas cárceles, requiere recursos que, al parecer, no están dispuestos a entregar.
“Una cosa es lo que te dice la ley y (otra) lo que efectivamente hemos logrado… para activar programas de reinserción social efectivos”, dice María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia en la organización México Evalúa. “La reinserción social empieza en el día número uno de reclusión”.
Así es como sucede en otros países con sistemas penitenciarios más efectivos, explica Novoa. La persona privada de la libertad, junto con los expertos del sistema penitenciario, crean un plan conjunto sobre qué hará el interno una vez que recupere su libertad. Esto es crucial para que puedan construir vidas nuevas y no volver a amenazar a la sociedad.
Esto significa que la promesa original de las cárceles operadas por privados, que dejarían de ser “escuelas de delincuencia”, tampoco se cumplió. Quienes obtienen la libertad de estas prisiones no salen ni readaptados ni con nuevas capacidades para ser funcionales en sociedad.
Actualmente, las actividades que realizan los internos al interior de las prisiones no tienen este enfoque, sino más bien son “hobbies”, para sobrellevar “los tiempos muertos ahí dentro de un centro de reclusión, pero sin estar efectivamente alineados. Esa es un área de oportunidad muy importante”, explica Novoa.
Nuevamente, esta situación es aún más grave en las cárceles que administran estos empresarios de la construcción, en donde las internas e internos tienen menos actividades que los que pagan sus sentencias en penales federales manejados por el gobierno. Mientras que en los primeros el promedio de actividades al día es de menos de tres (2.67) por interno, en los manejados por el gobierno realizan casi cuatro (3.81).
“Se han detectado fallas en atención médica, en alimentación, pero algo que está ausente es programas de reinserción social, que sería parte de lo que supuestamente también serían responsables estas empresas que están operando estos centros”, apuntó la experta.
Esta información no es un misterio para el gobierno. En una presentación de la extinta Secretaría de Seguridad Pública –fechada el 6 de septiembre de 2012–, se lee: “Recuerden que el 95% de las personas internas van a regresar a la sociedad… ¿Cómo las queremos?”.
El gobierno es responsable de que las personas presas, una vez pagada su sentencia, tengan las herramientas para poder reinsertarse en actividades no delictivas. “Hay una falla del Estado, que no está cumpliendo, y cuando se dio la concesión se falló en este sentido. Se ve que no se hizo una planeación”, critica Novoa.
Pero en un negocio de casi 12 mil millones de pesos anuales, la reinserción social y el respeto a los derechos de las personas presas parece lo de menos.
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Cuestione buscó a representantes de las empresas involucradas, a la OADPRS y a la CNDH para pedir su postura sobre este tema, sin que al momento de la publicación de este reportaje, hubiesen dado respuesta.
