Brasil es el país de la samba, los carnavales y la playa. Pero también es el líder en violencia vinculada a cárceles de Latinoamérica. Tan solo el pasado 29 de julio, un enfrentamiento entre bandas rivales en el penal de Altamira dejó 57 personas muertas, 16 de ellos por decapitación.
Con 690 mil personas presas en las cárceles (tres veces más que México), Brasil es el país con más población penitenciaria de Latinoamérica y el tercero en el mundo. En solo 15 años ha triplicado el número de personas tras las rejas, de acuerdo con el World Prison Brief (WPB).
El aumento en la población penitenciaria es un tema que preocupa a especialistas, ya que en el mundo hay 10.7 millones de personas en prisiones (24% más que en el año 2000); el equivalente a la población total de Chihuahua, Coahuila, Sonora y Durango. De éstos, 60% se encuentran en ocho países. Uno de ellos, México.
Una región que avanza hacia el “populismo punitivo”
América Latina camina en la dirección de construir políticas de justicia enfocadas en incrementar el tiempo que pasan los presuntos delincuentes en prisión y no en su reinserción, lo cual podría ser contraproducente para la seguridad de los países –incluido México–, alerta el estudio Populismo penal en América Latina, de los investigadores Carlos Vilalta y Gustavo Fondevila.
La población carcelaria ha “crecido mucho más rápido que la población general”, y aunque el aumento empieza a estabilizarse, el mismo estudio alerta sobre el riesgo de que los políticos y gobiernos continúen endureciendo las penas, como una medida para “agradar” a los votantes, más que pensando en una estrategia y solución de fondo.
“El populismo penal es un tipo de producto de esos estados que son frágiles y débiles, que no tienen instituciones fuertes de procuración de justicia, que promueven a través de políticas electorales un endurecimiento de las penas”, dijo Vilalta, investigador especialista del CentroGeo a Cuestione. La promesa de poner a más gente tras las rejas puede ser atractiva para los votantes, agotados por la delincuencia.
Y mientras que el enfoque de justicia se centra en encerrar a las personas y “tirar la llave”, se olvidan de crear programas de reinserción social, para que las personas que cometen un delito puedan, al cumplir su tiempo de condena, no reincidir, explicó Fondevila, uno de los coautores del estudio e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en entrevista con este medio.
Más cárcel = más inseguridad
El aumento de la inseguridad en los países latinoamericanos es aprovechado por los políticos para prometer penas más duras, como si éstas fueran la solución a la criminalidad, sin embargo, el “populismo punitivo” tiene el efecto contrario.
“Es echarle gasolina al fuego”, explica Fondevila, pues el modelo penitenciario, tal y como se maneja en México y el resto de Latinoamericana, con más personas en cárceles, lleva a una mayor población reincidente y una mayor población que desarrolla carreras criminales.
“En la región, lo que ha venido aumentando, es la violencia homicida, mientras que en el resto del mundo baja… Esto conlleva a un incremento en donde tienes una mayor población en reclusión, una mayor población reincidente y una mayor población que desarrolla carreras criminales”, dice Vilalta.
Y es que “poblaciones carcelarias grandes llevan a incidencias criminales grandes. Hay que estar preparado, si hay cambios legales para aumentar la población carcelaria, van a aumentar los incidentes delictivos eventualmente. Nadie pasa todo el tiempo en las cárceles, eventualmente son liberados”, agrega.
El resultado de este tipo de políticas –coincidieron los expertos– se nota en códigos penales más duros, con cada vez más delitos sujetos a prisión y condenas más largas, pero de solucionar la seguridad de fondo, nada.
