Sin los recursos suficientes, sin personal capacitado y con un incumplimiento legal que impide su eficaz funcionamiento, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) -creada en 2014- es un “desastre absoluto”, criticaron defensores de derechos humanos.
La activista humanitaria y ex diputada federal, Eliana García, nos explicó que la Ley General de Víctimas, promulgada el 9 de enero de 2013, además de contemplar la creación de la CEAV, estipula la integración de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas en el que debían participar todas las dependencias del gobierno federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus competencias a fin de implementar la legislación.
“Ninguna dependencia de ningún nivel cumplió, ni ha cumplido hasta la fecha, con la creación de una unidad especializada para atender víctimas, excepto las Fiscalías (Generales de Justicia). En la (entonces) Procuraduría General de la República, en 2013-2015, creamos la Unidad Especializada de Atención a Víctimas que ahora es Fiscalía”, dijo García, quien fue encargada de despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR.
La también ex prisionera de conciencia de 1983 a 1985 en Guerrero nos precisó que tras instalarse la CEAV, en enero de 2014, los comisionados y comisionadas de la instancia tuvieron su primera reunión para saber cuánto iban a ganar, pues “querían salario de subprocuradores o subsecretarios de Estado”.
Eliana García nos contó que el entonces presidente Enrique Peña Nieto instaló el Sistema Nacional de Atención a Víctimas en enero de 2014 y hubo una reunión, pero después “no volvieron a convocar nunca ni ahora”.
“Este gobierno lleva casi 1,400 días, desde el 1 de diciembre de 2018, sin convocar al Sistema. ¿Cómo queremos que funcione la Ley de Víctimas si no se puso a funcionar el Sistema Nacional que significaba todos los derechos, todas las garantías (para estas personas)?”, nos explicó.
Un poco de historia
De acuerdo con una publicación de la revista De FonDHo, editada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Ley General de Víctimas fue aprobada en el contexto de la “grave crisis de derechos humanos que México enfrenta desde 2006”, derivada de la llamada “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el entonces mandatario, Felipe Calderón.
Por su parte, en los Antecedentes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se explica que la Constitución “reconoce a las víctimas u ofendidos de delitos y de violaciones a derechos humanos, entre otros, los derechos a recibir protección, así como otras medidas de atención para garantizar su integridad física y psicológica, y a la reparación integral del daño, lo que se reafirma en los instrumentos internacionales celebrados por nuestro país en materia de derechos humanos”.
Además, se detalla que la Ley General de Víctimas establece en su artículo 79 la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual para su operación y el cumplimiento de sus atribuciones, contará con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que quedó constituida por decreto presidencial el 8 de enero de 2014. De esta manera, la CEAV “se erige como el órgano vigilante y de control de la ley”.
Mucha burocracia y mínimos recursos
Por su parte, César Contreras, abogado del área de Defensa Integral a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos del Centro Prodh, nos dijo que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas no funciona como debiera, lo cual es “muy grave” porque las comisiones en los estados y la CEAV tienen limitadas sus posibilidades para abordar esta problemática en el país.
“Lo que vemos es la burocracia que se ha creado en torno a las comisiones de Víctimas, que dificulta mucho que se garantice un sinfín de derechos establecidos en la ley, que hoy por hoy se ven entrampados en numerosos lineamientos y reglas que han establecido las comisiones y que tornan burocrático garantizar estos derechos”, abundó el activista.
Contreras nos explicó que en este sexenio se ha visto mermada la independencia de la CEAV con la eliminación, en noviembre de 2020, del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), que era “muy importante para las comisiones de Víctimas, en específico la CEAV, pues permitía garantizar las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral”.
Al respecto, en una iniciativa presentada por el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, en diciembre de 2020, se explica que del total del presupuesto contemplado para la CEAV en 2021, es decir, cerca de $844 millones de pesos, el 51% ($430 millones de pesos) estaban previstos para el FAARI, mientras que el 49% restante ($413 millones de pesos) eran para gasto corriente y operación de la comisión.
Con la desaparición del FAARI, el legislador advirtió que “se desconoce el destino de los $430 millones de pesos originalmente destinados al Fondo”. En tanto, para 2022 el presupuesto aprobado para la CEAV fue de poco más de $439 millones de pesos, prácticamente el mismo monto de 2021 que se destinó para gasto corriente y operación de la instancia., según información oficial de la propia comisión.
Revictimización
Por otra parte, César Contreras, abogado del Centro Prodh, nos indicó que desafortunadamente las comisiones de Víctimas en los estados y la federal “muchas veces son las principales instituciones que revictimizan a las personas, lo que propicia que no solo se les deje de ver como instancias de primer contacto, sino que también entendamos que las personas que ahí laboran no tienen las herramientas necesarias para dar atención”.
Por ello, el defensor demandó una capacitación suficiente para que el personal no se vea rebasado por la cantidad de casos, pero también que cuente con herramientas jurídicas, técnicas y psicosociales, para dar acompañamiento y atención a las víctimas de violaciones a derechos humanos.
En ese tenor, Contreras nos precisó que menos del 10% de los casos de víctimas son atendidos por la CEAV, mientras que el resto, 90%, corresponde a casos en los estados. De esta manera, las víctimas registradas a nivel federal rondan alrededor de los 25,000, indicó.
Para colmo, el activista agregó que en su momento la Secretaría de Gobernación -instancia responsable de la CEAV– expuso que se necesitarían más de $2,000 millones de pesos, para cumplir solo con las deudas por los juicios de amparo contra las comisiones de Víctimas en los estados, para que garanticen las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral.A este paso, ¿algún día las víctimas de violaciones a derechos humanos en México lograrán la justicia?
