Los feminicidios en México no paran. Esta vez fue en la ciudad de Puebla donde la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez fue asesinada por homicidas –presuntamente a sueldo– que le dispararon desde una motocicleta mientras ella manejaba sobre Camino Real a Momoxpan y Anillo Periférico el sábado 21 de mayo.
Cecilia Monzón era reconocida por apoyar legalmente a mujeres víctimas de violencia en Puebla como miembro de la Barra Mexicana de Abogados y de la red de Mujeres Líderes de las Américas. “Abogada, activista ciudadana, feminista, insurrecta, #MujeresLíderesAméricaCecilia” aún se lee en la biografía de su cuenta de Twitter.
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Renunció al PRI por considerar que en ese partido se ejerce violencia política, fue candidata por el Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, comicios en los que ganó el morenista Luis Alberto Arriaga. Monzón se unió a su equipo como secretaria de Desarrollo Social.
La labor de Cecilia, quien se enfocó especialmente en perspectiva de género y violencia política, no era sencilla y en su amplia carrera había tenido roces con personajes de la política local.
En 2019, la abogada penalista ganó –por primera vez en el estado– un juicio por violencia política de género contra el empresario y político Manlio López Contreras, quien por eso perdió la candidatura del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Puebla.
Cecilia tuvo la protección del Tribunal Electoral del Estado de Puebla hasta 2021, cuando la activista de 37 años denunció -nuevamente- haber recibido amenazas en su contra y en la de su hijo.
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En 2018, la abogada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con especialidad en Derecho Penal denunció al coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Puebla, Jorge Estefan Chidiac, por presuntamente falsificar su firma en el proceso electoral.
La abogada también tenía una disputa personal por pensión alimentaria contra el padre de su hijo, Javier López Zavala, exsecretario de Desarrollo Social del estado de Puebla durante el periodo del exgobernador priista Mario Marín Torres, quien estuvo al frente de la administración estatal de 2005 a 2011.
Mario Marín, quien actualmente está en prisión, se volvió un personaje mediático tras las acusaciones de tortura y abuso de poder que hizo la periodista Lydia Cacho en su contra, como te contamos en esta nota.
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Cuando terminó el gobierno de Marín Torres fue Javier López Zavala el candidato del PRI al gobierno de Puebla en las elecciones que ganó el panista Rafael Moreno Valle, dando lugar a la alternancia en el gobierno estatal por primera vez.
De acuerdo con información de Expansión, Monzón Pérez había ido el viernes 20 de mayo -el día anterior a su asesinato- a la Fiscalía del Estado de Puebla para preguntar sobre el estatus de su denuncia contra López Zavala, pues a pesar de que se contaba con los elementos para conformar la carpeta, no se había judicializado.
Se investiga caso
El lunes 23 de mayo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, se comprometió “al pronto esclarecimiento de los hechos, a la determinación de los responsables materiales y –si los hay- responsables intelectuales y al conocimiento de las causas que originaron este homicidio”.
El presidente López Obrador aseguró durante su conferencia matutina del mismo 23 de mayo que el ataque contra Cecilia Monzón fue directo, perpetrado por sicarios que “sin duda fueron sobre ella” e informó que el gobierno federal está participando en las investigaciones para esclarecer el crimen contra la activista.
“Desde que tenemos la información de lo sucedido estamos atendiendo el problema grave, porque fue un ajusticiamiento, fueron sicarios los que la asesinaron”, dijo López Obrador.
Por otro lado, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad federal, informó que las autoridades tienen material importante de identificación para dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato de Cecilia Monzón.
De acuerdo con la Fiscalía de Puebla no se trató de un robo pues las pertenencias de la activista se encontraron intactas al interior del vehículo donde ella viajaba, incluido su celular.
El caso que provocó indignación en todo el país y a nivel internacional fue condenado por numerosas organizaciones como la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la ONU Mujeres y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, que publicaron su postura ante este brutal crimen contra una defensora de las mujeres en México, situación que preocupantemente escala diariamente.
