Erika huyó de su casa cuando tenía apenas 14 años. Un hombre adulto la convenció de hacerlo. “Primero la envició (con solventes) y después comenzó a prostituirla en una cantina en Tlalpan (al sur de la Ciudad de México)”, dice Claudia Hernández, su mamá, a Cuestione. La falta de atención para dejar las adicciones, eventualmente, terminaría con su vida.
En México, poco más de 721,522 personas han recibido tratamiento para dejar el alcohol y las drogas (siete veces las que caben en el estadio Azteca). De ellas, más de la mitad han sido tratadas en anexos y residencias, según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. Sin embargo, existe opacidad sobre si estos lugares cumplen con la normatividad que garantice un tratamiento que aleje de las drogas y del alcohol a personas con adicciones.
Claudia rescató a su hija Erika dos años después de que había huído, tras varios intentos, y la ingresó en el centro de rehabilitación de adicciones Compañeros Uno, en la alcaldía Azcapotzalco. A los seis meses de internarla, descubrió que a Erika la dejaban sin comer y que también la explotaban laboral y sexualmente. La sacó y probó en otro lugar de rehabilitación que le habían recomendado: Perla Mexicana, en Iztapalapa.
Hasta que la madre de una joven de ese lugar le dijo: “Si no la sacas de ahí, un dia la vas a encontrar muerta”. Ahí también la dejaban sin comer y le pegaban, dice Claudia.
En la Perla Mexicana le habían dicho a Claudia que llevaban a Erika a otros grupos para “compartir su testimonio de rehabilitación”. Sin embargo, lo que en realidad pasaba era que su “madrina” (la mujer encargada de cuidarla), la obligaba a realizar sexo oral a los “padrinos”, que son las personas que han superado la adicción, y que intentan ser guía y soporte de otras personas adictas, como Erika.
“Nunca tuvo un tratamiento específico para combatir su adicción, solo un montón de ansiolíticos suministrados por las mismas personas del grupo, sin receta médica y solo para calmarla”, dice Claudia.
Erika estuvo un año con tres meses en estos dos lugares. Compañeros Uno desapareció en 2012, tras una redada en la que se descubrió que había trata de personas y violencia a los internos. El otro, La Perla Mexicana, sigue en el listado de los centros de rehabilitación de adicciones que cumplen con la normatividad aplicable –aunque al parecer ya solo admiten varones mayores de edad–, según el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) de la Ciudad de México.
Mientras que el consumo de alcohol y drogas van en aumento, según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Alcohol y Tabaco, los esfuerzos para la atención de adicciones se concentran, en su mayoría, en acciones de prevención, dejando la rehabilitación a cargo de instituciones de asistencia privada, explicó Elena Azaola, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
En la Ciudad de México, el IAPA es el encargado de supervisar que los centros de rehabilitación de adicciones ofrezcan tratamientos especializados y con apego a los derechos humanos. Sin embargo, el año pasado solo verificó a 16 centros de rehabilitación y monitoreó a 121 (sin especificar si a distancia o mediante visitas de verificación).
Centros de Atención a Adicciones, en la opacidad
Para que los Centros de Atención a Adicciones puedan operar, es necesario que cuenten primero, con derecho de uso de suelo, el cual es emitido por cada alcaldía; luego, la Secretaría de Salud debería verificar que la atención en estos lugares sea profesional, nos dijo Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).
Además, Protección Civil tendría que revisar que las instalaciones sean adecuadas para las personas internas en estos sitios, en tanto que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), tendría que estar a cargo de revisar que no haya menores internados en estos lugares, sin embargo, nadie sabe si de verdad lo hacen, nos explicó Pérez en entrevista.
Según dijo, “hay un limbo en la cadena de responsabilidades de estas instituciones”, por lo que tampoco hay garantías de que cumplen con una atención adecuada y el respeto a los derechos humanos. Además, estos lugares suelen ser atendidos por personas exadictas, la atención profesional para adicciones es la gran ausente, señaló Juan Marín Pérez.
Aún cuando la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe la estancia de menores de edad en estos lugares, de los más de 200 centros de rehabilitación registrados en CDMX, al menos 20 ofrecen el servicio para esta población.
Maltrato y explotación
“El gobierno no tiene alternativas con métodos de trabajo profesionales para la atención de personas con adicciones, como no cuenta con esos servicios, canaliza a las personas al abandono, en instituciones de ínfima calidad, no los supervisan periódicamente, tampoco se verifica si siguen estándares de calidad en el tratamiento, el gobierno ve que alguien más se hace cargo, y se desentiende de la atención de las personas que ya enfrentan adicciones”, dice Azaola.
El maltrato físico y verbal en estos lugares, lejos de ayudar a que las personas dejen las adicciones, las hunde más en estas, ya que al no contar con modelos de atención específicos, ni con profesionales de la salud, el abuso del que son víctimas “tiene consecuencias psicológicas negativas y deja huellas profundas, en vez de que ganen en autoestima y herramientas, los hunden más con el maltrato que reciben, lejos de resolver el problema, lo agravan”, dice Azaola, doctora en antropología social y psicoanálisis.
Luego de los internamientos en Compañeros Uno y en la Perla Mexicana, así como otro más en una institución privada de corte cristiano en Coahuila, Erika volvió a su casa pero al poco tiempo se volvió a escapar. Ya había cumplido los 18 cuando regresó con el hombre que la prostituía en la cantina de Tlalpan, quien la volvió a enganchar a las drogas y a la vida de las calles. Cinco años después, cuando Erika ya tenía 23 años, le avisaron a su madre que había muerto.
Ese 13 de julio de 2018 terminó la lucha de Claudia por sacar a su hija de las calles y de las adicciones. Pero empezó otra: una por encontrar justicia.
Cuando reclamó el cuerpo de Erika, supo que la causa de la muerte había sido “congestión visceral generalizada” (provocada, probablemente, por aplastamientos de tórax, golpes o estrangulamientos). Sin embargo, el caso de Erika nunca fue investigado como homicidio, ni como feminicidio, a pesar de que preliminarmente, el policía que acudió consideró que se trataba de un crimen.
Claudia ahora es abuela, Erika le dejó una niña pequeña para cuidar. También las ganas de buscar justicia para su hija, que pasó su adolescencia entre las calles, clínicas de rehabilitación y las manos de tratantes de personas… hasta encontrar la muerte.
“Nunca quedó bien, nunca nadie la ayudó, antes, cuando estaba viva, por tener problemas de adicciones y vivir en las calles, después de muerta, tampoco a nadie le importó”, dice su mamá a Cuestione, a un par de meses de que se cumplan dos años de la muerte de su hija en circunstancias sospechosas, y después de haber pasado por diferentes centros de rehabilitación que debieron ayudarla, pero la terminaron lastimando más.
