La aplicación de vacunas contra la COVID-19 está abriendo un nuevo panorama de esperanza sobre el fin de la pandemia. Frente a esta situación, cada semana vemos cómo más negocios e industrias reabren sus puertas. Sin embargo, hay un sector que ha permanecido con las puertas cerradas y sin un panorama claro de cuándo regresará a la normalidad: las escuelas.
A más de un año de que el gobierno federal estableciera la necesidad de cerrar temporalmente las escuelas, con el propósito de disminuir los contagios, hoy los alumnos siguen en la incertidumbre de cuándo volverán a las aulas con sus compañeras, compañeros, maestras y maestros. Pero lo peor es que algunos detuvieron sus estudios a causa de la pandemia. De acuerdo con las cifras más recientes del Inegi, 9.6% de la población mexicana de entre tres y 29 años de edad no se inscribió al ciclo escolar 2020-2021, lo que equivale a 5.2 millones de niñas, niños y jóvenes que abandonaron sus estudios.
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De esta cifra, 2.3 millones de abandonos se relacionaron con la pandemia por COVID-19 y el resto por falta de recursos económicos.
Además de estos jóvenes, 738,400 estudiantes no concluyeron el ciclo escolar. 58.9% a causa del COVID-19, 8.9% por falta de recursos, 6.7% por la necesidad de trabajar, y el resto por otros motivos. De esta forma, el futuro de casi seis millones de jóvenes se puso en jaque por el cierre de las escuelas.
El plan educativo del gobierno para la pandemia
Ana María Zorrilla Noriega -doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y experta en derecho a la educación- explica en un artículo publicado en la revista IberICONnect, que mantener el derecho humano a la educación durante la crisis “no es tarea fácil, pues implica la reconstrucción del sistema educativo en la resiliencia, que significa no solamente resistir la emergencia, sino adaptarse a ella y recuperarse de sus efectos”.
De acuerdo con Zorrilla, para lograr esto el Estado mexicano implementó tres tipos de acciones: la adaptación y creación de contenidos educativos, la capacitación en competencias digitales de las personas responsables de guiar los procesos de aprendizaje, y los mecanismos de acompañamiento que se han ideado para los actores del sistema educativo.
Sin embargo, una cosa es llevar a cabo políticas públicas y otra muy diferente es evaluar si realmente las personas están accediendo a este derecho humano.
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Así se tendrá que evaluar el éxito de la política educativa durante la pandemia
Platicamos con Ana María Zorrilla, quien nos explicó que un primer paso indispensable es entender qué es el derecho a la educación.
De acuerdo con la especialista, “es aquel que nos permite desarrollar las capacidades necesarias para resolver los problemas de la vida cotidiana y ser dueños de nuestros propios planes de vida, a la vez que nos permite ejercer otros derechos como el de expresarnos libremente o al trabajo”.
Una vez establecida esta definición, Zorrilla detalla en su artículo que “el criterio para definir si la prestación (de la educación) es de calidad es el nivel de materialización del derecho a la educación en cuanto a las características fundamentales que ha desarrollado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU”.
De acuerdo con este Comité, para que se hable de un acceso efectivo a la educación, se deben cumplir cuatro condiciones, las cuales son explicadas por Zorrilla en su texto:
- Asequibilidad: que se tengan los recursos, infraestructura, instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente.
- Accesibilidad: que todos puedan acceder a ella, es decir, que se eliminen todas las formas de exclusión de la educación.
- Aceptabilidad: que los contenidos sean pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad.
- Adaptabilidad: que tenga la flexibilidad suficiente para responder a las necesidades de los alumnos en contextos distintos.
Sin embargo, algunos datos nos muestran obstáculos que la sociedad enfrenta para acceder a la educación. A pesar de que 75% de la población en México utiliza un teléfono móvil, solo 56.4% de los hogares cuentan con internet en sus casas, es decir solo un poco más de la mitad. Por este motivo, destaca que el Inegi muestra en su Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) que, a pesar de la severa crisis económica que trajo consigo la pandemia, los hogares mexicanos con alumnos inscritos tuvieron que ejercer un gasto extra para que pudieran acceder a los programas y políticas educativas.
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Los impactos que la pandemia dejará para el futuro de estas generaciones
Fernando Ruiz Ruiz, director de investigación de la organización Mexicanos Primero, nos explicó en entrevista que la deserción escolar tiene dos efectos relevantes: 1) “que difícilmente estos jóvenes regresarán a las escuelas, que en un futuro se van a lanzar al mercado laboral con una reducción brutal de sus opciones”, y 2) “que el crecimiento de la violencia familiar en los hogares por la pandemia, también presiona a los jóvenes para buscar independizarse”.
Por su parte Ana María Zorrilla resaltó que, “a pesar de que desde antes de la pandemia existían grupos excluidos del derecho a la educación”, la crisis sanitaria y el cierre de escuelas generaron que “nuevos grupos estén perdiendo oportunidades educativas que antes hubieran tenido”.
A diferencia de Ruiz Ruiz, la especialista considera que los impactos se pueden categorizar en tres tipos:
- Impacto en el aprendizaje: un rezago educativo que se está profundizando en términos de las habilidades cognitivas mínimas que se requieren para resolver los problemas cotidianos de la vida.
- En la socialización: hay un debilitamiento de vínculos interpersonales en las y los alumnos que se deriva por la ausencia de la red social que se genera en las aulas. La consecuencia es un retraso en las habilidades emocionales del alumnado, las cuales son importantes para el desarrollo humano de las personas.
- El impacto económico: va de la mano por lo expuesto por Ruiz Ruiz en párrafos anteriores.
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El camino a la reapertura de las escuelas
Padres de familia, autoridades escolares y los propios alumnos han manifestado su interés porque se tomen acciones para la reapertura de los centros educativos. De acuerdo con el Inegi, tres de cada cuatro jóvenes inscritos al ciclo escolar muestran algo o mucha disponibilidad para regresar a las clases presenciales.
Pero el director de investigación de Mexicanos Primero advierte que para lograr una reapertura de escuelas exitosa es necesario atravesar “un proceso flexible, participativo, que vaya por etapas, en donde el enfoque de riesgo determine las acciones e inversiones, y que cuente con un esquema de comunicación fluido con las familias y autoridades educativas”.
La doctora por el IIJ de la UNAM coincide con esta visión y asegura que “es muy importante que las decisiones nazcan de cada comunidad escolar porque quienes realmente conocen las necesidades son ellas mismas”.
Sin embargo, Zorrilla advierte que un primer paso “es identificar los obstáculos sociales, materiales o económicos que están impidiendo el acceso a la educación. ¿Para qué? Para que el Estado emprenda acciones focalizadas para cada uno de estos grupos, que dé cuenta de sus necesidades particulares”.
“Desde luego que sirven los protocolos centrales del gobierno federal, como un estándar mínimo necesario”, añade la entrevistada, pero explica que “se necesita más flexibilidad para que desde el nivel municipal se puedan tomar decisiones de reapertura según las necesidades de cada comunidad escolar”.
Mientras tanto, el 25 de marzo, el presidente adelantó que, además de Campeche, cuatro estados serían los próximos en regresar a las clases presenciales: Veracruz, Chiapas, Chihuahua y Sonora.
