En 2018, la organización de la sociedad civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza documentó compra y coacción -acción psicológica sobre otra persona para obligarla a hacer algo- al voto en 26 estados de la República Mexicana antes de las elecciones de ese año.
Democracia sin Pobreza fue el nombre a través del cual, de manera anónima, los ciudadanos podían registrar sus denuncias de estas acciones con sólo registrarlo con su teléfono móvil y describir lo sucedido.
Como se observa en este mapa, el centro del país y las alcaldías de la Ciudad de México no son los únicos lugares donde se registró y denunció la entrega de programas sociales para inducir al voto.
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Para Marcela Bravo, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que pasó en los estados de la República Mexicana durante las elecciones -del 2018- será un claro ejemplo de lo que se verá a nivel nacional con el tema de inducción al voto en 2021.
“La capacidad de manipular el voto se hace desde el gobierno, desde los niveles municipales, ahora, quien más tiene esta capacidad es Andrés Manuel López Obrador, y la está ejerciendo porque está gobernando desde la manipulación de medios, como se hace, desde hace mucho, en las alcaldías de los estados que conforman el país”
Marcela Bravo, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Existen 15 gubernaturas que serán renovadas en las elecciones en 2021 y de acuerdo con Marcela Bravo, todas estas fuerzas y de todos los partidos, tienen actualmente la misma capacidad de manipulación al voto.
“La compra del voto es más una cosa del pasado. Yo creo que adquirió otras formas de manera más reciente. Pensando en la actualidad, lo que va a estar en juego durante la próxima contienda electoral se dibuja como una contienda entre la federación y los gobernadores de oposición, particularmente los que ya forman la Alianza Federalista”, señaló la académica.
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Aprender de lo ocurrido
Tanto en las entidades como en diversas alcaldías de la CDMX, la ciudadanía también documentó -a través de la plataforma Democracia sin Pobreza– amenazas de quitarles la ayuda económica, que de acuerdo con la legislación mexicana, el Estado está obligado a otorgar a la población más necesitada.
Del 5 de abril al 30 de mayo de 2018, esta plataforma recibió 244 reportes de 26 entidades federativas.
De acuerdo con el reporte final de las elecciones de 2018, el 36% de estas denuncias ciudadanas corresponden a entrega de apoyos, principalmente despensas, 33% al condicionamiento para tener o dejar de recibir los beneficios de los programas sociales, principalmente Prospera.
La plataforma para recibir reportes de compra de voto por parte de la ciudadanía fue creada en el 2018 y fue un ejercicio que le dio más visibilidad a lo que se reporta en la prensa local de cada estado.
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Ante el nivel de denuncias recibidas en el 2018, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, nos contó que las diferentes formas de compra y coacción al voto no tuvieron los resultados deseados por las autoridades que lo pusieron en práctica.
“El 2018 muestra que las diferentes formas de programas sociales y de apoyos, en la mayoría de los casos, no tuvieron resultados. Por lo que la manipulación del voto y todas las formas de compra y coacción al voto se repetirán y estarán vigentes en estas elecciones, lamentablemente”
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
Además, Rogelio Gómez consideró que se prevén las mismas prácticas en todo el país debido a una ausencia de padrón único de programas sociales y a una clara opacidad en cómo seleccionaron a los beneficiarios en este gobierno.
Ante más formas de manipulación de la intención al voto, ¿cómo hará la ciudadanía para protegerse y denunciar los actos indebidos en las próximas elecciones?
