La ciencia nunca ha sido prioridad para el gobierno y menos ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador a la cabeza. Tampoco han sido importantes los temas de género. Mucho menos, los temas de las mujeres científicas.
Todos los partidos políticos tienen la obligación de destinar 3% de su financiamiento público al liderazgo político de las mujeres, pero los han utilizado en gasolina, pulseras, bolsas, papelería y hasta la impresión de una biografía de Eruviel Ávila, exgobernador de Estado de México, de acuerdo con un informe Instituto Nacional Electoral (INE):
Esta situación con los partidos se ha repetido desde el año 2008, por eso es que la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF), decidió el año pasado que las multas por incumplir con las leyes electorales, impuestas por el INE a los partidos políticos entre 2019 y 2020, se destinarían a programas para el “empoderamiento femenino” del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
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Sin embargo, el Conacyt reconoció que los recursos que recibe del INE “fueron destinados para cubrir asignaciones en el cual no está determinado el género de los beneficiarios, en razón de que éstos están sujetos a la libre demanda”, de acuerdo con una respuesta obtenida vía transparencia, por parte de este centro de investigación:
Además, detalló que estos recursos se otorgaron para “reconocer la labor de las personas dedicadas a producir el conocimiento científico y tecnológico, a través del Programa Presupuestario del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)”.
Pero el SNI tampoco está representado primordialmente por las mujeres, pues sólo 37% de las científicas en el país reciben recursos de ese centro de investigación, es decir, poco más del 10,600 de ellas.
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¿Y por qué el Conacyt?
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas “serán destinados al Conacyt… y a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación cuando sean impuestas por las autoridades locales”.
El problema es que no existe un marco reglamentario que norme cuáles son las actividades que los partidos políticos deben cumplir. Además, no se les exige que entreguen evidencias de las actividades realizadas, de acuerdo con Natividad Cárdenas Morales, investigadora en temas electorales con perspectiva de género.
Esto, a pesar de que “las mujeres ejercen, con verdadero reconocimiento, un liderazgo social dentro de sus comunidades. Es decir, sus recursos de convencimiento, confianza y convocatoria no son valorados dentro de los partidos a la hora de decidir quién ocupará una jerarquía partidaria, o a la hora de decidir la candidatura a la presidencia municipal o a una diputación local o federal”, de acuerdo con lo documentado por Cárdenas Morales.
Por eso es que el Tribunal Electoral resolvió que si los partidos políticos no utilizaban sus recursos para este fin, lo haría el Conacyt… pero tampoco lo hizo.
Cuestione buscó a Conacyt para conocer su postura al respecto, así como cuáles son los programas enfocados a la participación de las mujeres en la ciencia, en los que se destinan sus recursos, sin que hasta el momento de esta publicación haya obtenido respuesta.
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¿Y en qué se gasta el Conacyt el dinero de las multas?
Desde 2012 y hasta septiembre de 2020, el INE ha obtenido más de 2,500 millones de pesos en multas a los partidos políticos, de esos, 2,100 millones han ido a parar al Conacyt, para sus programas científicos (más del 64% para el Sistema Nacional de Investigadores), de acuerdo con lo reportado por Conacyt vía transparencia.
Recordemos que México está dentro de los países que menos gastan en desarrollo y ciencia, de acuerdo con una lista publicada por la UNESCO. Destina solo 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB), proporción similar a países como Tanzania, Uganda o Senegal.
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En esta nota documentamos cómo la ciencia nunca ha sido protagonista en el desarrollo político del país, ni con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues la comunidad científica y su trabajo se han visto intimidados en distintas ocasiones. Como cuando el presidente amagó con retirar los viáticos y viajes al extranjero a investigadores científicos, para evitar el “turismo académico”.
Pero el golpe final a la comunidad científica sucedió en este mes, cuando la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron la desaparición de 109 fideicomisos y fondos, de los cuales el 90% estaban enfocados al desarrollo científico.
Las mujeres científicas y políticas se enfrentan a un contexto contrario para desarrollarse en sus ámbitos profesionales y, con ello, traer beneficios al país, ni siquiera en esos casos en los que un Tribunal dicta, específicamente, que se les apoye.
