El 2 de julio de 2017, Diana Velázquez Florencio fue asesinada por Jesús Alejandro Montes Moreno y otro cómplice, en Chimalhuacán, Estado de México. Cuatro años y seis meses después -y un sinfín de protestas para exigir justicia- Lidia Florencio Guerrero, madre de Diana, y su familia lograron que este 14 de enero un juez condenara a Jesús Alejandro a 93 años y tres meses de prisión. El otro implicado aún está prófugo.
“Se logró una pena de 93 años para el maldito que me quitó a mi hija. Pero eso no es alegría, no es felicidad, porque Diana no regresa. A mi hija le arrebataron todos los sueños que tenía. Sí se logró lo que pedíamos: que nunca salga para que nunca una mujer sea asesinada en sus manos”, fueron las primeras palabras de Lidia Florencio al salir de la audiencia condenatoria que duró más de cuatro horas.
Frente a otras madres que también exigen justicia para sus hijas e integrantes de colectivas feministas que la esperaban afuera del Juzgado de Control de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, Lidia Florencio enfatizó que la sentencia no fue “producto de las instancias de procuración de justicia”, sino de la lucha de las familias y de las mujeres “que nos volvemos fuertes para exigirles a las autoridades que hagan su trabajo”.
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El caso de Diana ha sido acompañado por cientos de mujeres, colectivas, activistas y organizaciones de la sociedad civil. Lidia Florencio se ha reunido con instancias como ONU Mujeres para denunciar la inacción de las autoridades. Además, diversas investigaciones, como la que realizó Amnistía Internacional, han documentado la negligencia sistemática que enfrentan las madres y familiares en la exigencia de justicia, como le sucedió a Lidia.
“Fue con mucho esfuerzo de todas, de todos, que al Estado le arrancamos un pedacito de justicia. Un pedacito de todo lo que todavía le deben a Diana. Todavía falta mucho para que le podamos llamar justicia”, sostuvo Lidia Florencio después de la audiencia.
Pero el proceso continúa, porque aún no hay avances en la investigación del otro implicado en el feminicidio de Diana. “Vamos a seguir avanzando para que el otro feminicida, el otro cómplice, también pague por lo que hizo”, señaló Lidia Florencio a la prensa.
Aunque la Fiscalía del Estado de México había pedido la pena vitalicia para Jesús Alejandro, el juez Martín Alvarado Arriaga determinó que pase 93 años de prisión, además le impuso una multa que asciende a más de 1 millón 260 mil pesos por reparación del daño material y a 241,000 pesos por reparación del daño moral. En los próximos días ambas partes podrán apelar la sentencia.
Como cientos de mujeres en todo el país, desde que Diana fue desaparecida aquel domingo 2 de julio de 2017, Lidia Florencio tuvo que hacer el trabajo que correspondía a las autoridades. “No hubo ni un día en que no hiciéramos una acción por pequeña que fuera” para exigir justicia, para “traerla a la memoria”, nos comentó.
“Pensaron que iba a ser un feminicidio más, como los muchos que ocurren aquí en el municipio y que la mayoría desgraciadamente queda en total impunidad. Pensaron que iba a quedar exactamente igual, pero no. Decidimos luchar para que se le dé justicia a Diana y esperamos y queremos que no solamente sea para Diana, que se sumen más familias que les ha pasado lo mismo”, dijo Lidia Florencio a Cuestione, en entrevista previa a la audiencia.
La impunidad en esa entidad, en los últimos seis años, llega al 60% de los casos de feminicidio, lo que deja “a cientos de feminicidas en libertad” como lo documentó Milenio.
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Espiral de omisiones y negligencias
Desde el primer día, la investigación penal sobre el caso de Diana Velázquez Florencio presentó graves omisiones como la inacción de las autoridades, el retraso en el inicio de la búsqueda, el ocultamiento de información a la familia, pérdida de evidencia, entre otras deficiencias, según Amnistía Internacional.
La procuraduría de Chimalhuacán no aceptó la denuncia por la desaparición que la familia de Diana pidió interponer, porque “todavía no habían pasado 72 horas”. A pesar de que estas instancias están obligadas a buscar de manera urgente a una mujer durante las primeras 48 horas a partir de que conozcan de su desaparición. Por tanto, Lidia Florencio y su familia siguieron en la búsqueda sin apoyo de las autoridades.
Aunque en la misma madrugada en que fue desaparecida Diana, las autoridades recibieron una llamada de un vecino que denunciaba que había una persona sin vida en la vía pública, a unas cuadras de la casa de la familia Velázquez Florencio. Era Diana, pero los agentes de la policía identificaron su cuerpo como el de una “persona del sexo masculino”.
Luego de cuatro días de la desaparición, el 6 de julio de 2017, Laura Velázquez Florencio, hermana de Diana, reconoció su cuerpo en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) del municipio de Nezahualcóyotl. Lo encontró en el suelo junto a otros cuerpos.
Además, en una investigación del portal de noticias La Lista destacó el caso de Lidia Florencio quien en su lucha por encontrar a su hija sufrió varios actos de corrupción. Primero, las autoridades abrieron una carpeta de investigación por homicidio doloso y no por feminicidio. Lidia Florencio logró la reclasificación del delito al de feminicidio, cuatro meses después del feminicidio de Diana.
Posteriormente, Lidia Florencio tuvo a dos abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México que no le dieron acceso a la carpeta de investigación y la abandonaron a la mitad del proceso. “No levantar una denuncia por privación de la libertad y abandonar a tu cliente siendo abogado de oficio es considerado un delito de corrupción en el Estado de México”, indica La Lista en su investigación.
Estos hechos, como los que sufrió Lidia Florencio, son investigados bajo la tipificación de “ejercicio indebido y abandono de las funciones públicas”. La Fiscalía Anticorrupción del Estado de México tiene 38 indagatorias abiertas por este delito desde el 2017.
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Ante la inacción de las autoridades: la protesta
Pese a múltiples manifestaciones y protestas de exigencia de justicia para Diana encabezadas por Lidia Florencio, la Fiscalía Especializada de Feminicidios del Estado de México mantuvo archivado el caso por tres años.
En plena contingencia por la pandemia por COVID-19, el 5 de julio de 2020, Lidia Florencio junto a otras madres de mujeres víctimas de feminicidio iniciaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, frente al Palacio Nacional. Tras 22 días de plantón, Olga Sánchez Cordero, quien en ese momento era la secretaria de Gobernación, informó a Lidia de la aprehensión de Jesús Alejandro por ser el probable responsable del feminicidio de Diana.
El juicio contra Jesús Alejandro inició en julio de 2021. En noviembre de ese año se aplazaron dos audiencias donde se dictaría el veredicto. Finalmente, hasta el 22 de diciembre del año pasado, el juez determinó que Diana Velázquez Florencio fue víctima de feminicidio y que las pruebas que apuntaban a Jesús Alejandro Montes Moreno como responsable del crimen eran irrefutables.
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Violencia en el Edomex
El Estado de México cuenta con dos alertas por violencia de género, que es un mecanismo que prevé la adopción de una serie de acciones gubernamentales de emergencia y presupuesto adicional para enfrentar y erradicar la violencia en municipios con una elevada presencia de violencia contra las mujeres y las niñas.
La primera alerta por violencia de género es por feminicidio y fue decretada en 2015 en 11 municipios de la entidad. La segunda alerta fue declarada en 2019, por el delito de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, en siete de los municipios que ya tenían alerta por feminicidio.
Hasta 2018 de todas las personas desaparecidas en el país 25.7% eran mujeres, mientras que en el Estado de México este porcentaje llegó a 45.8%, según lo advirtió la organización civil defensora de derechos humanos I(dh)eas.
Para el año 2020, los registros por desapariciones de mujeres en el Edomex aumentaron a 56.4% del total de las desapariciones (que incluye a las personas localizadas y no localizadas o desaparecidas), mientras que a nivel nacional las mujeres representaron el 39.3%, señala Amnistía Internacional.
De acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo, en los primeros 11 meses de 2021, el Estado de México encabezó la estadística nacional con el mayor número de mujeres víctimas de feminicidio, con 132; seguido de Jalisco y Veracruz, con 66 casos cada uno.
Además de este contexto de violencia, las mujeres y familiares de mujeres víctimas de feminicidio deben enfrentar a un sistema de justicia que en palabras de Lidia Florencio “es demasiado lento, nefasto, con demasiada ineptitud y corrupción”.
