En la Cooperativa La Cruz Azul se vive una lucha por el control de la cementera ubicada en Tula, Hidalgo. La empresa es la segunda del país, solo por debajo de la industria de materiales de construcción, Cemex. El pasado 27 de abril, en las instalaciones ubicadas en la comunidad Jasso, un enfrentamiento dejó ocho muertos y 12 heridos.
Doce días después de este enfrentamiento, la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo informó que se procesó a 10 personas que son investigadas “por homicidio en riña, lesiones y daño en la propiedad”.
Esta batalla tiene su origen en 2019, cuando una investigación periodística de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad puso al descubierto el desvío de recursos a paraísos fiscales y uso de empresas fantasma. Y se señaló directamente a Guillermo Billy Álvarez -entonces presidente de la Cooperativa- como responsable de realizar supuestas operaciones irregulares por 1,200 millones de pesos.
Te puede interesar: Más dinero a militares, menos para atender a víctimas: la política de la 4T
Entre la resistencia y la disidencia
Los señalamientos en contra de Guillermo Álvarez dividieron a la Cooperativa La Cruz Azul. Y surgieron la disidencia encabezada por José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel: y la resistencia, afín al ex directivo – Guillermo Álvarez – y quienes mantienen el control de la cementera de Tula, Federico Sarabia y Alberto López.
Y es precisamente Sarabia, quien se ostenta como presidente del Consejo de Administración, al que la Cooperativa La Cruz Azul SCL responsabilizó en un comunicado de mantener retenidas las instalaciones ilegalmente. Cada día que para la cementera “se dejan de comercializar 5,000 toneladas de cemento”, reveló a El País.
En tanto, Sarabia acusó que “un grupo de choque hizo uso de armas de fuego que, sin miramientos, detonaron en contra de nuestra gente. Es perversa la versión que están queriendo sembrar que fue un autoatentado, cuando uno de los muertos es hijo de uno de nuestros socios”.
Fayad y esa reacción tardía
Los hechos del pasado 27 de abril no solo exhibieron la lucha por el control de la cementera, también, la reacción tardía de las autoridades y del gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad. “Condeno enérgicamente los violentos enfrentamientos ocurridos en la Cooperativa la Cruz Azul”, señaló el mandatario estatal a través de su cuenta de Twitter siete horas después de que se reportó el enfrentamiento al 911.
De acuerdo con testimonios, a las cuatro de la madrugada se informó de disturbios en la planta, pero fue tres horas después que se presentaron al lugar los elementos de “seguridad, protección civil y servicios médicos” que indicó Fayad.
Y el gobernado se limitó a expresar el inicio de una investigación, además de instruir a la Secretaría de Gobierno de Hidalgo y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo el “impulsar mesas de diálogo entre las partes y evitar que se repitan hechos tan lamentables como este”. ¿Mesas de diálogo ante ocho personas muertas?
Quizá quieras leer: Los medios de información tienen una responsabilidad social, ¿de qué se trata? ¿Sí la cumplen?
2020, cuando la UIF congeló cuentas a directivos
En mayo de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Billy Álvarez tras darse a conocer una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por el desvío de recursos a través de empresas fantasma.
La FGR solicitó apoyo a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para emitir una ficha roja y buscar al ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además de Billy Álvarez, se solicitó buscar a Víctor Manuel Garcés, Miguel Eduardo Borrell, Mario Sánchez, y Ángel Martín como parte de las investigaciones, en las que fue decisiva la colaboración de Alfredo Álvarez, hermano del acusado de corrupción.
Expulsan a 206 socios ligados a Billy Álvarez
El 17 de febrero, Víctor Manuel Velázquez, reconoció que en la Cooperativa La Cruz Azul había 60 socios que estaban influenciados por Billy Álvarez. “Guillermo Álvarez con su hermano y con su cuñado todavía siguen moviendo los hilos de esa gente que está en Ciudad Cooperativa, secuestrando la planta, porque no hay otra forma de decirlo”, advirtió en entrevista con Javier Alarcón.
El pasado 4 de mayo, Velázquez dio a conocer que el Consejo de Vigilancia decidió excluir a 206 socios vinculados a la antigua administración. Según una publicación de La Jornada, la decisión se fundamentó en “la venta ilegal de cemento” y lavado de dinero, lo que generaba 8,000,000 de pesos por día.
El abogado Eugenio Olvera anticipó que por estos ilícitos, los socios excluidos iban a responder “con su capital social” y “propio patrimonio”, además de enfrentar litigios por estas acusaciones.
