Estas son las reformas y leyes que el Congreso dejó en la congeladora hasta 2021

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El año ya se va y los diputados y senadores también, pero de vacaciones (con todo y un gran aguinaldo). Sin embargo, dejaron pendientes la discusión y votación de varias reformas y nuevas leyes. 

Aquí te dejamos un recuento de las siete reformas y leyes más cruciales y polémicas que quedaron congeladas en 2020:

1. Ley Cannabis

El Congreso del país ha evadido una y otra vez la discusión sobre el uso de la marihuana con fines recreativos, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso como límite el 30 abril pasado para que los diputados y senadores aprobaran una ley que regulara su consumo y venta.

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Y aunque en noviembre de este año el Senado ya había aprobado la creación de la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis –presentada por la bancada de Morena–, la cual regularía su consumo, venta y portación legal (que pasaría de 5 a 28 gramos), esta discusión no llegó a la Cámara de Diputados, porque pidieron una prórroga a la SCJN.

Esta no es la primera vez que el Congreso solicita una prórroga a la SCJN para aplazar su discusión. En total ya van cuatro y la próxima discusión (veremos) será hasta abril de 2021.

Con esta ley también nacería el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, el cual se encargará de regular la venta, producción y consumo de la marihuana. La iniciativa también permitiría que cada persona (mayor de 18 años) tenga derecho de cultivar hasta seis plantas de marihuana en su casa, por ejemplo. El Congreso no parece tener el tema como prioridad.

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2. Reforma al Banco de México

La última discusión polémica del año surgió en el Senado, donde se aprobó en diciembre de este año una reforma a la Ley del Banco de México, que obligaba al Banxico a adquirir los dólares en efectivo que llegan a los bancos comerciales del país y que no pueden absorber.

¿Por qué? En México circulan millones de dólares cada año que provienen de las remesas, turismo u otros negocios. Los bancos que los administran venden sólo un porcentaje de esos dólares, pero no pueden regresarlos a Estados Unidos y se quedan almacenados en sus bóvedas.

De enero a septiembre de 2020, los bancos almacenaron unos 102 millones de dólares, de acuerdo con Banxico. 

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3. Eliminación del outsourcing

El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó una iniciativa de reforma a diferentes leyes para prohibir el famoso outsourcing o subcontratación por parte de las empresas. La discusión se viene aplazando desde 2019 y otra vez se quedó atorada en San Lázaro, a pesar de que el gobierno federal tenía el compromiso de aprobarla este año, como prometió el presidente en noviembre.

Entre 2.4 y cuatro millones de personas trabajan de manera subcontratada, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es decir, oficialmente les paga una empresa para la que no trabajan (outsourcing). Esta práctica comenzó a popularizarse en la década de los noventa, pues así las compañías disminuían sus costos de contratación. 

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Esta reforma (que contempla cambios a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR y la Ley del IVA), prohibiría la subcontratación para evitar las malas prácticas por parte de las empresas.

La iniciativa levantó críticas por parte del sector empresarial. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que representa a 36,000 empresarios, dijo que eliminar la subcontratación generaría la pérdida de miles de empleos y fuertes daños a la economía. 

Su discusión será retomada en febrero de 2021, pues el gobierno federal y algunas empresas firmaron un acuerdo para que éstas se adapten al nuevo esquema que plantea la reforma, que regularicen sus plantillas de trabajadores sin que salgan afectadas las personas empleadas.

4. Nueva ley para la FGR

En octubre de este año Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, presentó una iniciativa que crearía una nueva Ley de la Fiscalía General de la República, con la cual se daría una máxima cirugía a esta dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero. Esta reforma sería discutida a finales de este año, pero esto no sucedió. 

La iniciativa de ley busca, entre otras cosas, ampliar el tiempo en el cargo del fiscal general, al pasar de seis a nueve años. 

El problema es que también plantea eliminar la obligación de la FGR de participar como integrante de los comités nacionales en temas tales como la desaparición de personas; protección a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y derechos de las mujeres, como ha alertado la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación y la Coparmex.

Esta reforma será discutida en enero de 2021, pues decidieron enviarla al periodo extraordinario del siguiente año, sin justificación aparente.

5. Nueva Ley para el Conacyt

La aprobación de la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) era una tarea pendiente que el Congreso debería haber hecho antes de que concluyera este año, para cumplir con las nuevas reformas que se hicieron en 2019 al artículo 3 de la Constitución Mexicana.

Dichas reformas contemplan que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, y que el Estado debe apoyar la investigación e innovación científica. De ahí la necesidad de contar con una nueva ley y con ello derogar la Ley Federal de Ciencia y Tecnología vigente desde 2002.

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Pero no fue sino hasta el 14 de diciembre cuando el presidente López Obrador recibió el anteproyecto de esta ley de manos de María Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).  Sin embargo, para que avance, tendrá que presentarla a la Cámara de Diputados para su discusión.

Uno de los objetivos de esta iniciativa de ley es crear repositorios nacionales en todo el país para la difusión de la investigación de la comunidad científica, garantizar la transparencia de los recursos que se asignan a las personas que realizan investigación a través del Conacyt, de acuerdo con los resultados del foro que se hizo para discutir esta ley.

6. Sistema Nacional de Cuidados

En noviembre de este año, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Sistema Nacional de Cuidados, que reconoce, por primera vez en la historia, la responsabilidad del Estado en la atención de las personas adultas mayores, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes.

El dictamen que modificaría los artículos 4 y 73 de la Constitución señala que “el Estado promoverá la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de quien lo requiera y que deberá ser garantizado acorde a sus necesidades e intereses”, pues históricamente han sido las mujeres quienes se encargan de las tareas del cuidado sin recibir reconocimiento ni remuneración por ello.

Aunque la iniciativa no detalla cómo será esta nueva responsabilidad a su cargo, solo indica que el Sistema “incluya la implementación de servicios públicos accesibles, pertinentes, suficientes, que garanticen la seguridad y protección de los demás derechos”.

El problema es que aún no ha sido avalada por el Senado de la República y tampoco se le asignaron recursos para la creación del Sistema.

7. Infancias trans

Todas las personas tienen derecho a adecuar sus actas de nacimiento acorde a su identidad de género en todo el país y sin necesidad de un juicio, así lo determinó un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 2019.

Con este fallo histórico todas las entidades del país tendrían que adecuar sus leyes para permitirlo. Por eso es que en febrero de 2019, la Asociación por las Infancias Trans presentó una iniciativa de reforma al Código Civil de la CDMX, para que las niñas y niños puedan cambiar sus documentos oficiales con la identidad que ellos y ellas prefieran, sin necesidad de ir a juicio, como actualmente sucede.

La reforma se aprobó en las comisiones del Congreso de la CDMX en noviembre de 2019, pero desde entonces su votación ha sido postergada. Mientras que en Jalisco, por ejemplo, ya se publicó un decreto en el que se reconoce este derecho.


Los pendientes de discutir aún son varios y son graves, sobre todo porque afectan a las minorías: las personas que trabajan bajo outsourcing, por ejemplo, o a las personas cuidadoras de otras personas que esperan, por fin, ser reconocidas. ¿El siguiente año verán luz estas reformas?

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