¿Elegir por voto directo a consejeros del INE es relevante para mejorar nuestra democracia?

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La propuesta de reforma para reducir el número de integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), y que además se definan por voto popular, en nada contribuye a mejorar nuestro sistema democrático, advirtieron politólogas y consejeras electorales. 

El 28 de abril de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, “que en esencia tiene el propósito de garantizar elecciones limpias y libres; la aplicación plena de la democracia para que la ciudadanía elija a sus representantes y se procure la participación de todas y todos los mexicanos”.

Entre otros cambios a la Constitución, la iniciativa pretende crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), integrado por ciudadanos postulados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales se elegirán por voto popular. Además, el nuevo modelo proyecta reducir de 11 a siete el número de las y los consejeros electorales con una duración en el cargo de seis años -actualmente es de nueve- y sin derecho a reelección.

Al respecto, la maestra en Políticas Públicas Comparadas Melisa Guerra nos dijo que la propuesta de cambiar el número de las y los consejeros electorales es “irrelevante, en términos de si son dos más, dos menos, cuatro más, cuatro menos; eso no modifica la estructura de poder”.

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“Una cosa que me preocupa mucho de la propuesta es quitarle la profesionalización al personal que es la base para que el INE actúe de una manera técnica, objetiva e imparcial, y que no sea la responsabilidad solamente de unas personas, pues se trata de una responsabilidad institucional, profesionalizada, técnica”, abundó la también integrante de la Red de Politólogas.

Guerra nos aclaró que reducir el número de consejeras y consejeros electorales tampoco resuelve un tema económico “como se ha tratado de vender, y creo que la discusión tiene que estar puesta en otra parte y no en este punto”.

Sobre lo anterior, cabe mencionar que durante la presentación de la iniciativa de reforma electoral, el entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte, destacó que de aprobarse la propuesta se ahorrarán cerca de $24,000 millones de pesos. “Se busca básicamente hacer más barata la democracia en nuestro país; es un viejo reclamo de la gente de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destine a temas sociales, de infraestructura y de educación”, justificó.

Sin embargo, como te contamos en esta nota, Jorge Cano, investigador del programa de gasto público y rendición de cuentas de la organización civil México Evalúa, explicó que la propuesta de reforma electoral del Ejecutivo no incluye el impacto presupuestario que tendría la creación del INEC, como lo estipula el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Autoridad funcional

Por su parte, la consejera del INE Norma De la Cruz nos explicó que si bien “vale la pena revisar la composición del Consejo General”, lo que en realidad se necesita es una “autoridad electoral que sea funcional, que tenga suficiente personal, que pueda atender todas y cada una de sus obligaciones. Y para ello necesitas el personal, los recursos humanos y financieros suficientes”.

“Más bien habría que pensar qué modelo electoral quieres, qué se necesita y a partir de eso decidir cuánta gente” requiere el Consejo General, añadió la maestra en Gestión del Mantenimiento de la Paz por la Universidad de Turín, Italia.

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En ese sentido, la también maestra en Políticas Públicas y Género Melisa Guerra coincidió en que el actual modelo electoral en México “es perfectible”, pero nos señaló que tendríamos que preguntarnos si requerimos que la autoridad electoral sea una autoridad política, o que sea una autoridad técnica, profesionalizada y especializada.

“Me parece que la respuesta para el caso de México que mejor nos hemos dado es que sea una autoridad autónoma del poder del gobierno, que sí sea parte del Estado mexicano, pero no con un enlace del gobierno en turno, y que por otra parte sea una autoridad profesionalizada y especializada en la materia”, precisó la politóloga.

¿Electos por voto popular?

En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial de reforma electoral se señala que “desde sus antecedentes”, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “fueron integrados por cuotas partidistas y cooptados por grupos de poder, en detrimento de su imparcialidad en favor de la democracia”.

Con ese argumento, la propuesta de reforma contempla que la Cámara de Diputados emita el decreto de convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electorales, y después cada uno de los Poderes de la Unión postule a 20 personas de manera paritaria (es decir, un total de 60 aspirantes de los cuales 30 deben ser mujeres y 30 hombres).

Posteriormente, el INEC organizará el proceso en el que las y los candidatos accederán a tiempos oficiales en radio y TV para exponer sus propuestas. El INEC contará los votos e informará a la Cámara de Diputados, que a su vez enviará los resultados a la Suprema Corte, la cual resolverá las impugnaciones, calificará el proceso y declarará los resultados finales. Una vez que se valide la elección, los anteriores integrantes del Consejo General cesarán en sus funciones.

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“Definir por elección popular a quienes van a ser las personas encargadas de hacer las elecciones es un grave error en tanto que van a estar más preocupadas y preocupados por hacer una carrera política y caer bien a la ciudadanía, que por ser independientes, profesionales y tener una especialización”, nos indicó Melisa Guerra.

La también internacionalista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas insistió en que desde el análisis de la Ciencia Política, la propuesta tiene “muchos contratiempos”: “tampoco es un modelo que a nivel internacional o nacional le encontremos una base teórica, lógica, racional, que nos dé mayor democracia. Lo que no se está cuestionando es una revisión profunda de los partidos; una de las grandes deudas en este país es justamente los partidos políticos”.

En tanto, la consejera electoral Norma De la Cruz nos aclaró que la propuesta de elección por voto directo de los integrantes del Consejo General “es interesante, pero posiblemente no sea lo más recomendable”: “habría que preguntarle a la Cámara de Diputados cuánto costaría ese proceso. Tampoco están claros los criterios para proponer a los candidatos. No sé si ya hay un análisis técnico que nos permita calcular cuánto nos costaría ese proceso de selección”.

La consejera, en el cargo desde julio de 2020, defendió el actual método de selección para integrar el Consejo General del INE: “Es un proceso abierto y público en el que todas las reglas están claras. Una vez que se hace todo el proceso técnico (examen de conocimientos, valoración curricular, redactar un ensayo), un comité de evaluación presenta las quintetas y el Pleno de la Cámara de Diputados vota por mayoría calificada (aprobación de las dos terceras partes del total de legisladores)”.

Finalmente, la licenciada en Ciencias Políticas Melisa Guerra cuestionó el argumento del Ejecutivo sobre las cuotas partidistas y cooptación de grupos de poder en el INE: “No encuentro una manera absolutamente despolitizada para definir estos cargos. Lo que sí tenemos que encontrar son fórmulas en las que haya una negociación entre las distintas fuerzas del Poder Legislativo. Tiene que haber balances, pues si pensáramos que todos los cargos están politizados, pues tendríamos que revisar todos los cargos que se eligen de esta manera, no solo a las y los consejeros”.

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