Cuando surgen temas controvertidos, el presidente López Obrador acostumbra recomendar “que el pueblo decida” a través de consultas o encuestas, lo cual suena democrático pero en realidad no lo es en todos los casos.
A finales del año pasado, se le preguntó al presidente si México debería tomar el ejemplo de Argentina y despenalizar el aborto a nivel nacional. El mandatario respondió que “es un tema que debe consultarse”.
“En estos temas, en donde hay puntos de vista a favor y en contra, porque así es la democracia, no hay un pensamiento único, lo mejor es consultar a los ciudadanos y en este caso, repito, a las mujeres. Y hay mecanismos para poder solicitar una consulta, la Constitución nuestra lo establece en el artículo 35”, dijo López Obrador el 31 de diciembre de 2020.
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Sin embargo, el mismo artículo 35 establece que “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.
¿Por qué la Constitución pone límites a lo que el pueblo decida?
De acuerdo con el doctor en Ciencias Sociales Daniel Vázquez, esto es así porque el principal límite que se le debe poner a las mayorías es cuando afecta los derechos humanos de las minorías.
“Es uno de los aspectos centrales que supone la democracia. Ese sería el principal límite, no podemos someter a consulta los derechos de las personas, los derechos sexuales, los reproductivos, los derechos de identidad o de hacer una familia”, dijo Vázquez.
Por eso, cuando el presidente menciona que los temas polémicos deben someterse a consulta, hay que ver si no se corre el riesgo de que la mayoría afecte los derechos de minorías, como en el caso del aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Para ejemplificar este tema, Vázquez nos contó sobre el llamado Caso Gelmán en Uruguay.
El gobierno del país sudamericano le pidió a la ciudadanía decidir si sancionar o no a los militares que establecieron la dictadura entre 1973 y 1985, primero a través de un plebiscito a finales de los 80 y luego con un referéndum a inicios de este siglo.
“Los derechos que estaban ahí en juego eran los derechos de los familiares de las víctimas de la dictadura, de las personas que fueron detenidas arbitrariamente, torturadas y finalmente desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente”, nos contó Vázquez.
En ambas consultas, la ciudadanía uruguaya decidió que no se sancionara a las personas que encabezaron la dictadura. La decisión de la mayoría, “pasó por encima de los derechos de verdad y de justicia de las víctimas de esas violaciones de derechos humanos”
“Justo lo que decidió la Corte Interamericana, en ese caso en concreto, fue que no hay forma de que un ejercicio democrático pase por encima de derechos importantes de víctimas de desaparición forzada o tortura”, dijo Vázquez.
También platicamos con el doctor Uuc-kib Espadas, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) desde 2020, quien asegura que los temas fiscales y los temas de derechos humanos no son materia de consulta popular.
“Una mayoría no tiene el derecho a infringir los derechos humanos de ninguna minoría, ni de nadie. Cuestiones como el derecho al matrimonio, el derecho al desarrollo personal o el derecho a la libre sexualidad, no se pueden someter a consulta popular”, aseguró.
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Que el pueblo decida en Guerrero
Una de las ocasiones más recientes en las que el presidente ha dicho “que el pueblo decida”, ocurrió cuando fue cuestionado sobre la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato al gobierno de Guerrero, a pesar de tener acusaciones de violación.
“Eso lo tiene que resolver el Instituto Electoral o la autoridad competente, eso es lo que corresponde, no nosotros y tiene que ser también la gente, tiene que ser el pueblo, el pueblo manda y el pueblo decide”, dijo López Obrador el 12 de marzo de 2021.
Al respecto, Daniel Vázquez señaló que es un tema aún más complicado que cuando se le pide a la mayoría decidir sobre los derechos de minorías, porque aquí aparece un problema previo y que es el gran problema de México: el sistema de impunidad.
“Ahí en realidad el tema no es si el pueblo debería decidir si él es candidato, o si él es incluso gobernador o no gobernador de Guerrero, ahí, en cuanto se hicieron las denuncias de violaciones, se tuvo que haber sancionado y lamentablemente eso no sucedió”, dijo Vázquez.
De acuerdo con el experto, si en México existiera Estado de Derecho y no estuviera normalizada la violencia contra las mujeres, Félix Salgado hubiera sido juzgado por violación antes de querer ser gobernador.
“La sanción correspondiente no tendría que ser quitarle la candidatura, tendría que haber sido sometido a un juicio. Y en caso de que fuera encontrado culpable, tendría que estar en la cárcel”, concluyó Vázquez.
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¿El INE contra la decisión del pueblo de Guerrero?
A pesar de que la ciudadanía decidió que Félix Salgado Macedonio fuera el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero a través de una encuesta, el INE le retiró la candidatura a él y a otros 48 pre candidatos de Morena el pasado jueves 25 de marzo por no reportar gastos de pre campaña.
Ante esta resolución del INE, el presidente declaró que se trata de “un atentado a la democracia, un juego sucio y una decisión antidemocrática”.
“Yo siempre voy a defender la democracia. Siempre. Y no voy a aceptar que de arriba, por intereses cupulares, por intereses de mafias, por los intereses de la maliantada de los malandros de cuello blanco, se pisotee la democracia”, agregó López Obrador.
Le preguntamos al consejero electoral Uuc-kib Espadas si efectivamente el INE había pisoteado la democracia después de retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, la cual había sido ganada a través de una encuesta.
Espadas nos dijo que si bien le pareció excesiva y desproporcionada la sanción de retirar las candidaturas, la reacción del presidente se merecía exactamente los mismos calificativos.
“Entiendo que los participantes en el proceso político se sienten contrariados por una decisión que los afecta. Yo no compartí esa decisión, yo voté en contra, pero fue una decisión plenamente legal”, dijo Espadas.
Y enfatizó que se aplicó la ley, “la cual se votó en el Congreso y la mayoría de Morena no modificó en esta legislatura, y que dice que la única sanción para no presentar reportes de campaña debe ser la pérdida del derecho a ser postulado”.
“Me parece excesivo, pero de ahí a decir que aplicar la ley sea un acto de militancia opositora, hay una gran distancia”, concluyó Espadas.
