Todos los días, el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de la gran corrupción que había en el pasado, pero en estos casi cuatro años de su gobierno solo algunos ex funcionarios y ex funcionarias de primer nivel han sido acusados, investigados y pocos están pagando una sentencia.
Se trata de ex gobernadores, ex secretarios y ex secretarias acusados por delitos de corrupción, desviar recursos públicos o proteger a delincuentes. La mayoría terminaron sus gestiones públicas sin mayores dificultades, y varios más han podido evadir la justicia con mucha facilidad.
Las redes que logran construir para hacer cabildeos o compras de favores, para afianzar alianzas políticas y de corrupción entre los poderes políticos ayudan a que los delitos cometidos estén en la impunidad, nos expuso Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción de la asociación civil Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
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“Hay un daño público que difícilmente se puede revertir”. Es el daño que se hace a la vida y al beneficio de la ciudadanía que usa los servicios públicos, pero que no fueron provistos, debido a estos múltiples actos de corrupción que afecta el presupuesto público, nos dijo.
Impunidad
Hasta ahora, algunas de las carpetas de investigación abiertas contra altos exfuncionarios no han sido suficientes para atacar la corrupción, ya que hay ex funcionarios prófugos de la justicia o que no han tenido ninguna sanción penal, administrativa o económica.
Por el contrario, señaló, vemos que estos esquemas de corrupción se repiten. En la medida en que no haya soluciones operativas, sentencias o investigaciones profundas “difícilmente podremos decir que estos son los últimos casos que veremos en nuestro país”, explica Avendaño.
Quienes no han logrado evadir la justicia suelen ser rangos menores, quienes firmaron documentos o contratos, pero una vez en la cárcel tampoco hay reparación del daño público que provocaron.
Según su análisis, la impunidad también implica identificar los riesgos de estas grandes prácticas de corrupción y no hacer nada por revertir o mitigarlos.
¿Quiénes son algunos de estos personajes señalados por corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto o anteriores? ¿Cuáles comenzaron a ser investigados durante la presente administración? ¿Quiénes siguen prófugos o sin ninguna carpeta de investigación en su contra?
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Algunos en prisión
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz (2012-2016) por el PRI, es investigado por lavado de dinero y delincuencia organizada. Fue encarcelado por malversación de recursos durante su gubernatura. Duarte es de los pocos que no terminó su gestión, pues renunció a su cargo el 12 de octubre de 2016 y huyó a Chiapas. El 15 de abril de 2017 fue detenido en un balneario de Guatemala.
En mayo de 2020, un tribunal federal confirmó una sentencia de nueve años de prisión contra Duarte por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. En diciembre de 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México junto con la Fiscalía General de Veracruz ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de desaparición forzada.
Roberto Borge, ex gobernador Quintana Roo (2011 -2016), también del PRI, fue capturado el 5 de junio de 2017 en el aeropuerto de Panamá, cuando se disponía a viajar hacia París. Un juez en México dictó una orden de captura contra él y otros cuatro implicados en una operación millonaria en la que su gobierno otorgó concesiones marítimas y terrestres a cinco empresas a un precio más bajo para lavar dinero. Permanece en prisión preventiva, aún no tiene una sentencia.
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua (2010-2016) por el PRI. Luego de dos años de estar prófugo, fue encarcelado en Florida en 2020 y extraditado a México en junio pasado -donde permanece preso- para ser procesado por asociación delictuosa, corrupción, desvío de fondos por al menos $120,000,000, a través de contratos para supuestos cursos, talleres y un software.
Este desvío de fondos, denominado Operación Safiro, fue usado presuntamente para triangular recursos entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el gobierno de Duarte hacia el Comité Ejecutivo Nacional del PRI para financiar ilegalmente las campañas electorales de este partido en 2016.
Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas (1999 y 2004), por el PRI, se declaró culpable de lavado de dinero en una corte de Texas en 2021. Fue acusado de colaborar con el Cártel del Golfo. Estuvo cinco años prófugo hasta que fue detenido en abril de 2017 en Italia. Admitió que recibió más de 3.5 millones de dólares en sobornos para comprar propiedades en Estados Unidos y enfrenta una condena de 20 años de prisión en Texas.
Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas (2004-2010), también del PRI. Fue detenido en 2017 en Ciudad Victoria. Tiene una órden de captura del gobierno de Estados Unidos por proteger al Cártel del Golfo durante su gobierno. Sigue pendiente su extradición a EU.
Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018) en el gobierno de Peña Nieto. La FGR la acusa por daño al erario por su presunta omisión sobre el desvío de $7,000 millones de recursos públicos y desfalcos en 11 dependencias federales.
Es el caso conocido como La Estafa Maestra. La FGR pide 20 años de prisión contra ella, además del pago de la reparación del daño por $5,073 millones.
Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex (2012-2016). Está preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México desde el 3 de noviembre de 2021. Lozoya enfrenta dos procesos penales por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, hechos relacionados con la compra de la planta AgroNitrogenados y la empresa Odebrecht.
El 12 de febrero de 2020, fue detenido en España y extraditado a México, el 17 de julio de 2020, donde llevó su proceso en libertad hasta noviembre de 2021.
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Investigaciones penales
Enrique Peña Nieto, ex presidente de México (2012-2018). Apenas el 7 de julio, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó durante la conferencia matutina del presidente López Obrador que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex mandatario.
Así, Peña Nieto es el primer ex presidente (en los últimos 105 años, como afirma el politólogo Sergio Aguayo) acusado ante las autoridades judiciales por corrupción, por beneficiarse de presuntas transacciones de recursos de procedencia ilícita que suman $26 millones de pesos. Estas supuestas operaciones ocurrieron en agosto de 2019 y octubre de 2021, es decir, cuando ya no era presidente.
El gobierno de López Obrador no ha abierto ninguna investigación penal contra Peña por algún caso de corrupción ocurrido durante su sexenio como Odebrecht, la Estafa Maestra o la Casa Blanca.
Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California (2019-2021) de Morena, es acusado de peculado por $12,000 millones. Fue denunciado por la actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila. Además de peculado también por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y falsedad. Debe comparecer el próximo 15 de agosto, pero no le han podido entregar la notificación porque la dirección de su credencial de elector no corresponde a su domicilio.
Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN. La FGR lo investiga por supuesto lavado de dinero. La acusación está basada en declaraciones de Lozoya, quien lo mencionó como uno de los personajes que recibió sobornos -que ascienden a $6,800,000– para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, en 2014.
Anaya salió del país en julio de 2021. Fue notificado para declarar en agosto de ese mismo año ante un juez del Reclusorio Norte, pero no asistió.
Eugenio Ramos Flores, ex secretario de Finanzas de Coahuila en la administración del entonces gobernador Ruben Moreira (2011-2017) y actual coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. El 22 de junio pasado, Ramos fue vinculado a proceso acusado por la FGR por peculado y uso ilícito de atribuciones por presuntos desvíos de recursos por alrededor de $475 millones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin).
El 22 de junio pasado, un juez determinó que Ramos llevará su proceso en libertad y le ordenó entregar su pasaporte, además de prohibirle salir de la Ciudad de Torreón o de México, como medidas cautelares.
Karime Macías Tubilla, ex titular del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias en Veracruz (2012-2016), cuando su entonces esposo, Javier Duarte, fue gobernador del estado. Es acusada de defraudar $112 millones. En abril de 2022, el Ministerio de Exteriores del Reino Unido -donde Macías pidió asilo político desde 2017- ordenó su extradición a México.
Algunos que no han sido imputados
Isaac Gamboa Lozano fue colaborador -por cerca de 10 años- de Luis Videgaray, secretario de Hacienda durante el gobierno de Peña Nieto. Gamboa estaba implicado en la Operación Safiro, pero fue asesinado junto con su familia en mayo de 2020.
Luis Videgaray no cuenta con ninguna carpeta abierta por su presunta conexión con la Estafa Maestra o la Operación Safiro. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por diez años para ocupar un puesto público por supuestamente mentir durante tres años en sus declaraciones patrimoniales.
Por la Operación Safiro la FGR investiga, además de Ramos Flores, al ex director general de la Secretaría de Finanzas, Antonio Zerón Puga, y al exdirector de Adquisiciones, Nazaro Salvador Iga Torre, pero no han sido imputados ante un juez, según reportó Animal Político.
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Las estructuras de la corrupción
Sobre estos grandes escándalos de corrupción, Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción de IMCO, nos expuso que son prácticas que involucran a una serie de actores y de acciones que terminan en una red o en un esquema de corrupción.
Las denuncias por corrupción contra grandes ex funcionarios y funcionarias públicas o gobernadores estatales, con mucho poder político y económico, son solo la manifestación más grande de esa red, pero detrás hay un conjunto de acciones previas y redes, según su análisis.
“Muchos gobernadores acusados de presuntamente cometer actos de corrupción partieron de un desvío de recursos que fue creciendo a un gran nivel”, precisó.
Consideró que “la lucha contra la corrupción tiene que empezar en las acciones operativas cotidianas de las instituciones para no permitir que llegue a escándalos, como los que hemos visto en los últimos años”.
Uso político
Para Fernanda Avendaño, el éxito de la lucha contra la corrupción dependerá de que “deje de ser una persecución” y que el objetivo sea “desmantelar estas redes de corrupción y evitar que se repitan”.
¿Qué va a pasar cuando se trate de una persona o de un grupo de personas que participen en la administración actual? Ahí, habrá decisiones qué tomar: no perseguir, no empezar una investigación, sí denunciar o solo denunciar a quienes “son oposición o no son partidarios de tu agenda”, sostuvo Avendaño finalmente.
