A pesar de que el combate a la corrupción fue uno de los principales temas durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador, conforme han pasado los primeros tres años de su gobierno las instituciones encargadas a combatir la corrupción han recibido recortes presupuestarios, han tenido problemas internos e incluso están mal calificadas por la ciudadanía.
Según los especialistas, las trabas en el combate a la corrupción se han dado no tanto por temas monetarios sino por falta de transparencia, contrapesos y de coordinación en la agenda.
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¿Cuánto le toca a cada quién?
De ser aprobado el presupuesto como lo propuso el ejecutivo federal, las siete instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción dispondrán de un presupuesto de 76,817 millones de pesos para el próximo 2022. Sin embargo, de ese total, 3,532 millones, es decir apenas un 4.6%, están etiquetados para combatir la corrupción, la impunidad, la arbitrariedad y el abuso de poder”.
Dinero etiquetado y rendición de cuentas
Según el Anexo Transversal Anticorrupción (la herramienta que permite conocer el dinero público asignado a este tema particular en el Proyecto de Presupuesto 2022), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tendría el 4.5% de los 2,986 millones de presupuesto proyectado total para 2022. Mientras que el INAI tendría el 4.7%.
Los únicos tres organismos del Sistema Nacional Anticorrupción que destinarán la mayoría de su presupuesto (arriba del 70%) directamente para combatir la corrupción son la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción; la Fiscalía Especializada en Combate a Corrupción; y la Secretaría de la Función Pública.
Falta de sincronía
Según el especialista en corrupción Oscar Arredondo, la percepción de la lucha a la corrupción limitada no se debe basar en si su presupuesto aumenta o disminuye sino en las acciones coordinadas (o descoordinadas) de las instituciones que tienen como objetivo eliminar este problema.
“El presupuesto en corrupción es engañoso porque no considera instituciones que tienen funciones anticorrupción y no están etiquetadas como tal ” comentó el especialista. Según Arredondo, existen diversos esfuerzos que involucran otras instituciones que formalmente no son parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
Asimismo, es muy importante considerar que lo que ha fallado es cómo se han gestionado los recursos durante los años y que “no han caminado en el mismo sentido”. Es decir, no se han revisado los nodos donde están interconectadas las funciones de combate a la corrupción de las instituciones y por lo tanto no se han fortalecido, agregó el especialista.
Por ejemplo, la principal herramienta del gobierno federal para inteligencia financiera es la UIF y en 2022 recibirá 10.6% menos que en 2021 mientras su contraparte en la Fiscalía, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros recibirá 46.5% más que este año.
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¿Y la corrupción en los estados?
“Las herramientas “formales” o etiquetadas están enfocadas para combatir la corrupción a nivel nacional, sin embargo, esto no quiere decir que no se dote a los estados de herramientas para que ellos combatan su corrupción interna” comentó Carlos Chávez, ex subdirector de área la División de Monitoreo Institucional en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, los problemas de rendición de cuentas en los estados surgen porque no se cuenta con presupuestos etiquetados, comentó el ex funcionario.
“La detección y sanción de actos administrativos corruptos solo es posible con una clara asignación y ejecución de recursos. El desconocimiento de cuánto invierten instituciones de seguridad y justicia en cuanto al combate a la corrupción es un problema que sigue pendiente a nivel estatal”, comentó Chávez.
Por ejemplo, el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 de Transparencia Internacional, indica que uno de los mayores retos para fortalecer el Estado de Derecho en México es que en el último año empeoró la percepción de corrupción en las instituciones de seguridad estatales.
Según dicho índice, donde los mexicanos perciben que hay más corrupción es en el poder judicial, seguido de las instituciones de seguridad, el ejecutivo y por último en el legislativo.
Como comentó Oscar Arredondo, lo que está fallando en cuanto al combate a la corrupción no tiene que ver con los recursos destinados. Ha sido una inercia de cómo se han gestionado los recursos durante muchos años. Independientemente del Sistema Anticorrupción, las instituciones operan fragmentariamente sin tener avances sustantivos por falta de coordinación.
Las instituciones y áreas de combate a la corrupción no solo tienen que existir, también tienen que tener mecanismos de trabajo muy claros, transparentes, de diseño de políticas públicas, de incorporación de inteligencia y de rendición de cuentas.
