La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que en la sesión del lunes 8 de mayo de 2023 resolverá primero las impugnaciones a las leyes que integran el Plan B de la reforma electoral, y no las correspondientes a la Ley General de Comunicación Social de 2018, como lo demandó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF).
En un comunicado, la SCJN precisó que las 11 ministras y ministros determinaron por unanimidad que no es factible atender la petición de la CJEF, “ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral”, ante la cercanía de las elecciones este año para renovar gubernaturas en el Estado de México y Coahuila.
El Pleno de la SCJN consideró que el análisis que comenzará el próximo lunes no provocará el dictado de sentencias contradictorias, ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma norma (Ley General de Comunicación Social).
La respuesta de la Corte se da luego de que el 3 de mayo de 2023, la CJEF expresó que su “respetuoso llamado” a las y los ministros era con el propósito de “evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México”.
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Y es que la CJEF pidió a la Suprema Corte que “resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.
¿Qué resolverá la Corte?
Como te contamos en esta nota, esta semana se difundió que el ministro Alberto Pérez Dayán propondrá al Pleno de la SCJN invalidar la primera parte del llamado Plan B, al considerar que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo que impactaron en la aprobación de la reforma para reestructurar al Instituto Nacional Electoral (INE).
El proyecto de Pérez Dayán resuelve las acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos, diputados y senadores de oposición en contra del decreto del 27 de diciembre de 2022, en el que se publicaron reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
Hay que recordar que el 21 de febrero de 2023 el ministro Pérez Dayán concedió una suspensión provisional para que las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que integran el llamado Plan B electoral, no se apliquen en los actuales procesos electorales en el Estado de México y Coahuila.
