Son los olvidados entre los olvidados. Las personas que viven en situación de calle siempre han quedado atrás en los apoyos de políticas públicas, pero la crisis por la COVID-19 les ha hecho aún más invisibles.
“Cuando comenzó la pandemia y todo cerró, me sentía desconcertado, muy triste y desesperado porque no sabía qué iba a pasar conmigo”, nos cuenta Francisco, de 44 años y quien vivió tres años en situación de calle.
Francisco tenía miedo de regresar a la calle que tanto trabajo le costó dejar y a la que no había regresado a vivir desde 2019, cuando gracias al proyecto Mi Valedor logró salir de ellas.
Mi Valedor es una revista callejera, que da talleres y vende en 15 pesos sus ejemplares a las personas en situación de calle, para que la puedan revender en 40 y obtengan un ingreso propio, nos contó Arturo Soto, director de Comunicación de Mi valedor.
Mi Valedor forma parte de la Red Internacional de Periódicos y Revistas Callejeras (INSP, por sus siglas en inglés), con presencia en 35 países.
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Durante los años que Francisco ha formado parte del proyecto, terminó la preparatoria en sistema abierto y finalmente en 2019 pudo rentar un pequeño cuarto. Sin embargo, en los primeros meses de la cuarentena, cuando muchos lugares cerraron, la revista también lo hizo y dejó de imprimirse, Francisco perdió su principal sustento y tuvo que mudarse con un familiar. Pero no todos sus compañeros corrieron con la misma suerte, nos dice.
“Mis compañeros me cuentan que no han recibido ayuda del gobierno, aunque algunos fueron a pedirla, siempre los ignoraban. Algunos volvieron a las calles, otros se fueron a albergues, me dijeron que el único apoyo que les dan son cubrebocas y gel antibacterial para evitar contagios”, responde Francisco.
En 2018, 61 millones de mexicanos vivían con un ingreso inferior a la línea de pobreza. Sin embargo, por la crisis por COVID-19 esta cifra aumentó a 70 millones de personas, estima el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esto ocasionó que muchas personas se vieran orilladas a vivir en situación de calle, coinciden las asociaciones civiles consultadas por Cuestione.
Estas organizaciones notaron que las accionesdel gobierno de la CDMX para cuidar a la población en situación de calle fueron insuficientes y no tienen enfoque de derechos, nos dice Luis Enrique Hernández, de El Caracol, una organización que trabaja con la población que vive en las calles para ayudarlos a salir de ella.
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Sin acceso a programas de gobierno
En todos los estados del país se implementaron programas y acciones sociales para atender a diversos sectores de la población durante la pandemia, pero ni uno solo estuvo dirigido a las personas en situación de calle, de acuerdo con el informe Evaluación de la política social, del Coneval.
Uno de los obstáculos más frecuentes para acceder a apoyos es que la mayoría de las personas en situación de calle no tienen documentos oficiales de identidad (como la credencial para votar), advierte el Coneval.
Aunque esto no es nuevo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya había determinado la misma problemática en 2019, sin que esto se hubiese tomado en cuenta para planear una estrategia que no descuidara a esta población.
Esto provocó que las personas en situación de calle no accedieron a programas, como el que el gobierno implementó para trabajadoras sexuales. Cada una recibió un apoyo único de 1,000 pesos por la contingencia sanitaria para evitar que salieran a trabajar, nos dice Luis Enrique Hernández, director de la asociación civil El Caracol.
En 2017 se logró contabilizar a 4,354 personas que viven y sobreviven en las calles de la CDMX y 2,400 personas que habitan en albergues públicos, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Sin embargo, las organizaciones sociales estiman que podrían ser muchos más.
“El gobierno ni siquiera tiene un censo sobre esta población, lo que dificulta la atención e identificación de las necesidades de estas personas”, declaró Arturo Soto, director de Comunicación de Mi valedor.
Sin ayuda por discriminación
Armando, de 81 años de edad, vive en la calle. Fue diagnosticado con neumonía atípica, posible COVID-19, en el hospital Dr. Manuel Gea González, el 22 de abril de 2020. Sin embargo, debido a la falta de camas no fue atendido allí. Buscó en otras instituciones médicas, pero el resultado siempre fue el mismo. Con dificultades para respirar, decidió pasar la noche en un cajero automático ubicado en la calzada de Tlalpan, mientras que su salud empeoraba.
Fue hasta que su caso se viralizó en redes sociales, gracias al activismo de distintas asociaciones civiles, que los servicios de emergencia acudieron para que fuera hospitalizado. La última actualización que dieron los médicos fue que iba evolucionando favorablemente, como documentó Noticieros Televisa.
Al igual que Armando, para las personas en situación de calle no sólo les es difícil acceder a servicios de salud, también han sufrido de hostilidad y discriminación producto de las medidas implementadas para mitigar la COVID-19, coinciden asociaciones civiles.
“El primer acercamiento que las autoridades tuvieron con las personas en situación de calle fue para desinfectar sus cosas y correrlos de la vía pública, porque las órdenes eran evitar aglomeraciones. Nosotros inmediatamente salimos a plantear que ésa no era la solución, pues provocaba discriminación”, nos comenta Luis Enrique Hernández.
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Cierre de lugares públicos, menos oportunidades
Muchas personas dependían de pedir dinero en la calle y vender dulces o diferentes productos pero con el cierre de plazas y la disminución de la gente en la calle, sus ingresos se vieron afectados. Este dinero les permitía conseguir un lugar para pasar la noche, como un albergue.
Aunque las asociaciones civiles le recomiendan a las personas en esta situación buscar algún refugio, la realidad es que no todos pueden acceder a estos, ya que los albergues se han saturado con la contingencia sanitaria. Además, algunas personas en situación de calle prefieren no acudir a estos centros, debido a que no se sienten seguras y las condiciones no mejoran mucho.
El Caracol reporta que la situación para las personas que trabajan en los cruceros limpiando parabrisas, vendiendo cosas o haciendo malabares, es compleja porque la policía les piden dinero a cambio de dejarlos trabajar. Esto reduce considerablemente los recursos que ocupan para alimentar a su familia o buscar donde pasar la noche. Con el cierre de parques y plazas, también se quedaron sin acceso al agua.
El descuido del gobierno a la población que vive en la calle viola sus derechos humanos, ya que ninguna institución les garantiza su derecho al acceso a la salud o, incluso, a tener una vivienda, de acuerdo con la CNDH.
Las situación de las mujeres que viven en la calle es más compleja, pues además de enfrentarse a los mismos problemas que hemos mencionado, también son un blanco fácil para ser violentadas por policías, transeúntes y hasta por sus mismos compañeros de calle.
En 2019, la esperanza de vida de las mujeres en situación de calle llegaba únicamente a los 28 años de edad, según el estudio de la CNDH.
La salud mental en peligro
“En muchas personas en situación de calle comenzó a haber indicadores de ansiedad, especialmente en los niños y niñas, en varones incrementaron su consumo de sustancias. Por este motivo nosotros implementamos la escuela de las mariposas, un salón móvil que llevamos a las calles para que niños y niñas tomen alguna clase o tengan alguna actividad recreativa”, nos comenta Luis Enrique Hernández, director de la organización El Caracol.
“No hay una estadística puntual sobre las causas que llevan a una persona a vivir en la calle, pero los problemas de depresión, el consumo de sustancias, enfermedades cronico degenerativas como diabetes, hipertensión, demencia senil, etc., especialmente en personas mayores, son situaciones que ocasionan que se queden sin protección”, agrega Luis Enrique Hernández.
También menciona que estos padecimientos colocan en conflicto a la familia y a la comunidad, porque son situaciones que implican un acompañamiento más personal, recursos económicos, entre otras cosas.
Hernandez explica que todas las personas tenemos cuatro círculos de protección en los que buscamos ayuda: el primero es la familia, el segundo es la comunidad (escuelas, vecinos, centros sociales, ONG), el tercero corresponde a las instituciones de gobierno que velan por el bienestar de las personas y el último se refiere a las instituciones de los derechos humanos.
Cuando una persona llega a la calle es porque ninguno de estos círculos de protección logra contener el problema por el que está pasando.
En México alrededor del 30% de la población en situación de calle padecen de enfermedades mentales, de acuerdo con el estudio Situación de calle y presencia de síntomas psicopatológicos, de la Universidad de Palermo.
Cuando las personas pasan de cinco a 10 años viviendo en la calle pueden desarrollar depresión crónica, pérdida de la memoria y de la capacidad de análisis, esto se agrava con el tiempo, de acuerdo con el informe Derechos Humanos de personas que viven y sobreviven en la calle, 2015.
Las personas en situación de calle no han recibido la atención necesaria, y se han negado a aceptar la ayuda del gobierno, porque este los ha discriminado y tratado con hostilidad desde el inicio de la pandemia. En su lugar, han sido las organizaciones civiles quienes se han articulado para ayudarlos.
