Mario es taxista. En 2017, insultar a un policía de tránsito y evitar una infracción por detenerse en un alto sobre las líneas peatonales, le costó pasar tres meses en prisión. “Yo sé que estuvo mal, pero no era para que me hicieran esto”.
En resumen: Mario llevaba a un médico en su taxi, cuando se detuvo en la luz roja del semáforo sobre las líneas peatonales. Un oficial de tránsito le marcó el alto, Mario en lugar de detenerse, avanzó. Más adelante una patrulla lo detuvo y el oficial de tránsito lo alcanzó ahí. Lo acusaron de secuestro exprés del hombre que transportaba.
El médico, sin entender bien qué pasaba, simplemente tomó otro taxi y se fue. Así, sin un denunciante que lo acusara, Mario fue puesto a disposición del ministerio público, quien determinó que la víctima tenía miedo de declarar y había que localizarla antes de definir la situación del acusado, mientras tanto fue enviado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.
En ese lugar, entre homicidas, narcomenudistas y ladrones, Mario pasó tres meses. Hasta que finalmente fue liberado por falta de pruebas.
De las 209 mil personas privadas de su libertad en las cárceles del país, contabilizadas hasta mayo de 2020, 83 mil están ahí sin sentencia. Es el equivalente a un Estadio Azteca lleno de personas que están en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, sin que siquiera sepamos si son culpables o inocentes. Esto, de acuerdo con el último Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria de Prevención y Readaptación Social (PyRS).
En 2018, 35% de las personas en prisión estaban ahí sin sentencia. Para 2020, la tendencia sigue a la alza, y ahora llegan al 40%, de acuerdo con el mismo reporte de PyRS.
Esto implica que “personas inocentes o culpables de delitos menores, terminan siendo recluidos en condiciones inhumanas y marcados para siempre, con pocas alternativas para continuar con su vida, más allá de seguir vinculados con los delincuentes condenados que conocieron en prisión, dada la falta de separación entre ambos”, expone el ministro Arturo Saldívar en esta columna publicada en Milenio.
Además, 16 de las 32 entidades están por encima del promedio nacional de personas en espera de sentencia, encabezando la lista: Tlaxcala, con 63%; Coahuila y Chiapas, con 56%; Durango, 55%; y Jalisco 54%, de acuerdo con el mismo reporte, que incluyen a aquellas personas procesadas por delitos del fuero común (robo, homicidio, violación, entre otros), como del federal (narcotráfico, delincuencia organizada, entre otros).
Fuente: Prevención y Readaptación Social (PyRS).
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Rompe tendencia a la baja
Los efectos del sistema de justicia penal acusatorio –aprobado en 2008, con ocho años de plazo para su puesta en marcha a nivel nacional– comenzaron a hacerse notar en la reducción del número de personas encarceladas en 2015, primer año en que la población penitenciaria se redujo. Así siguió año con año hasta 2018.
A partir de 2019, tras cinco años de tendencia a la baja, el número de personas privadas de la libertad en cárceles repuntó, al pasar de 176 mil a 200 mil personas encarceladas, es decir, un incremento de 13% (24 mil personas más en la cárcel).
Fuente: Prevención y Readaptación Social (PyRS).
Sin una explicación exacta a este fenómeno, para Gustavo Fondevila, investigador jurídico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), esto se debe a un fuerte arraigo y abuso de la prisión preventiva en nuestro país, comentó a Cuestione en entrevista.
Prisión preventiva, el negocio de meter a personas a las cárceles
Cuando un caso está siendo investigado por la policía y hay sospechosos, sólo existen seis delitos por los que podrían ser puestos en prisión preventiva automática. Esto significa que a pesar de no haber sido declarados culpables aún, se les priva de la libertad “mientras se investiga”, para evitar que escapen o continúen delinquiendo, en lo que termina la investigación.
La prisión preventiva está profundamente arraigada en la cultura y práctica judicial del país, al ser la medida cautelar que más se aplica, afectando en tres de cada 10 casos. Le sigue la presentación periódica ante la autoridad, prohibición de acercarse o comunicarse con determinadas personas, garantía económica, entre otras, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 del INEGI.
“Mandar gente a la cárcel es el negocio del trabajo de los policías y ministerios públicos. Ese es el corazón de su trabajo, meter gente a la cárcel es un estímulo de su trabajo”, dice Fondevila, al explicar que no solo se trata de que al estar en la cárcel las personas pueden estar más dispuestas a pagar mordidas para recuperar su libertad, sino también que se interpreta como un incentivo de que están haciendo bien su trabajo.
“El ministerio público busca que la gente siga el proceso dentro (de la cárcel), porque así ya no entorpeces su proceso, no puedes buscar más evidencia o testigos a tu favor. Es una aversión al riesgo”, agrega el también experto en temas penitenciarios.
Los delitos por los que una persona puede ir a prisión preventiva son: homicidio doloso, delincuencia organizada, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego. A raíz de una reforma constitucional de 2019, ahora serán 18 (una vez que los códigos penales de cada estado sean armonizados), sumándose: feminicidio, abuso sexual de menores, huachicol, uso de programas sociales para fines electorales y corrupción, entre otros.
Además, hay que recordar que la Ley de Amnistía, aprobada y publicada en abril pasado, prometió la preliberación de las personas que estuvieran en la cárcel por los siguientes delitos: contra la salud, aborto, robo simple (sin agravantes ni violencia), disturbios y población indígena que no haya tenido el acompañamiento de un intérprete durante su proceso judicial. Sin embargo, por falta de presupuesto, la comisión encargada de designar a las personas preliberadas aún no se conforma, advierte Animal Político.
Ni siquiera la actual pandemia por COVID-19 y la presión de organizaciones civiles por preliberar personas de las cárceles ha conseguido reducir el número de personas en prisión, como documentó Cuestione.
Sin embargo, su uso excesivo afecta, principalmente, a las personas de menores recursos, que no pueden acceder a una defensa adecuada, apunta Fondevila. “Los que están en la cárcel son los que roban en la calle, cosas de poca monta. Los criminales que roban fortunas, esos andan sueltos”.
Al final, tener cárceles llenas no es sinónimo de erradicación de la impunidad ni de un sistema de procuración de justicia efectivo.
