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Crece la represión y criminalización de las protestas feministas en México

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La noche del 9 de noviembre de 2020, Wendy Galarza Herrera recibió dos balazos por parte de policías municipales de Cancún, Quintana Roo, cuando asistía a una movilización feminista pacífica para denunciar el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado.

Los policías la golpearon con un casco y con un escudo a ella y a su novio mientras les gritaban “ya valieron madres, pendejos, ahora sí”, según consigna el informe “México la era de las mujeres: estigma y violencia contra mujeres que protestan de la organización defensora de derechos humanos Amnistía Internacional.

Al igual que Wendy Galarza, la periodista Cecilia Solís y su colega Roberto Becerril fueron heridos con armas de fuego. Además, 8 personas fueron detenidas arbitrariamente (siete mujeres y un hombre), dos mujeres sufrieron tortura sexual y 13 personas más resultaron heridas a manos de agentes policiacos esa noche. 

Más información: Los riesgos de estigmatizar y criminalizar las protestas

Wendy interpuso una denuncia contra la policía, pero la fiscalía del estado tardó meses en admitir las pruebas que presentó.

A 12 meses de estos hechos, los procesos penales contra los culpables no han avanzado y las víctimas han sido intimidadas por exigir justicia, afirmó Graciela Rodríguez Manzo, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).

Las autoridades han sido incapaces de determinar qué policías accionaron las armas de fuego, qué alto mando de la policía municipal o estatal dio la orden de disparar contra una manifestación pacífica”, sostuvo Rodríguez Manzo, quien representa legalmente a las víctimas, durante el foro virtual “A un año de la represión del #9N en Cancún: voces y reflexiones para no olvidar”.

Aunque la represión a esta manifestación de mujeres no fue la única que ocurrió el año pasado en México. 

Estigma y represión contra protestas feministas 

Amnistía Internacional registró en su informe por lo menos 9 movilizaciones más (en San Luis Potosí, Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Baja California, Sonora, Veracruz y Ciudad de México) en las que las instituciones de seguridad pública locales respondieron con excesivo e indebido uso de la fuerza y violaron los derechos humanos de manifestantes. 

También puedes leer: Cuando la justicia se usa para reprimir a las mujeres

La organización internacional advierte que las autoridades y medios de comunicación han comenzado a estigmatizar como violenta toda concentración feminista en México.

Esto representa un riesgo para las manifestantes porque ha generado un ambiente hostil para el derecho de reunión de las mujeres, deslegitima su activismo y facilita que se violen sus derechos.

De acuerdo con Amnistía, durante estas protestas las y los policias mostraron “sesgos discriminatorios” contra las mujeres que se cubren el rostro o que se visten de negro, porque las consideran como “sospechosas de querer cometer o haber cometido un delito”. 

Algunas de estas mujeres jóvenes fueron detenidas incluso antes de que iniciaran las manifestaciones y sin haber cometido ningún delito, como pasó en León, Guanajuato, el 22 de agosto de 2020 y en Culiacán, Sinaloa, el 10 de septiembre de 2020.

Amnistía indica que en “el contexto del derecho de reunión pacífica, solo se pueden considerar violentos los usos de fuerza que puedan provocar lesiones o la muerte, o daños graves a bienes”.

“Las autoridades no pueden estigmatizar como violentas las acciones de las manifestantes como pintar consignas, intervenir monumentos o romper cristales, pues estas expresiones están protegidas por el derecho de libertad a la reunión pacífica y por la libertad de expresión”, se explica en el documento.

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“Me cuidan mis amigas, no la policía”

En la Ciudad de México, por ejemplo, el 12 de agosto del 2019 se llevó a cabo una marcha -convocada para denunciar violencia policial-, durante la cual algunas mujeres lanzaron diamantina rosa al secretario de Seguridad Ciudadana y otras rompieron las puertas de vidrio de las oficinas de la actual Fiscalía General de Justicia. 

Pero Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que esos hechos habían sido una “una provocación (…) lo que esperaban es que respondiéramos con más violencia”. La declaración provocó una oleada de reclamos de feministas en redes sociales y otra concentración cuatro días después. 

A pesar de que la marcha fue mayormente pacífica, los comentarios de la jefa de Gobierno dieron la falsa impresión de que la movilización había sido violenta de forma generalizada, se destaca en el texto de Amnistía.

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Criminalización de protestas llega a la CIDH

Por todo esto, el pasado 27 de octubre, Amnistía Internacional y otras organizaciones civiles denunciaron la criminalización y represión de la protesta feminista por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno en México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Además de exigir que se investigue y se sancione a los responsables, las defensoras de derechos humanos participantes en la audiencia de la CIDH también señalaron los discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador que “descalifican” a las feministas

Como el del pasado 29 de septiembre, cuando el mandatario federal aseveró que en el movimiento feminista participan “conservadoras” que solo pretende afectar a su gobierno. Y el 29 de octubre de este año, el presidente declaró que los neoliberales promovieron al feminismo y otros movimientos sociales “para poder saquear a sus anchas”.

Por su parte, Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puntualizó que las autoridades podrían “reconocer públicamente la legitimidad de las protestas de mujeres y niñas y abstenerse de realizar declaraciones que las estigmatizan”. 

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Por el derecho a la manifestación

En 2020 y 2021 más movilizaciones fueron protagonizadas por mujeres en diferentes entidades federativas para exigir un alto a la violencia. Las instituciones de seguridad pública “no están preparadas” para estas protestas y respetar este derecho, nos comentó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.

“Hemos encontrado resistencia de las autoridades estatales y municipales para garantizar el derecho a la protesta de las mujeres en México y por eso tuvimos que recurrir a estas instancias -internacionales-”, nos dijo en entrevista.

Desafortunadamente este patrón de represión continúa. Este año, Amnistía ha tenido contacto con organizaciones y colectivas que han sido reprimidas en Querétaro, Aguascalientes y Jalisco, nos expuso. 

En opinión de Olivares Ferreto, las autoridades deberían invertir los recursos en prevenir y atender las violencias contras las mujeres, en lugar de reprimirlas. 

En las próximas manifestaciones feministas veremos si el gobierno mexicano hace caso a este llamado de atención internacional. ¿Continuará la represión?

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