Crecen víctimas de violación y embarazos no deseados en el confinamiento

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El Estado revictimiza a las mujeres

Por: Shelma Cerrillo y Mariangel Calderon

Después de muchos silencios ante las constantes violaciones sexuales por parte de su primo político de 22 años, Laura, una adolescente regiomontana de 15 años, ya no se pudo quedar callada. Tenía miedo y un embarazo que no deseaba. En mayo pasado, en plena pandemia, se lo confesó a su mamá.

Acudieron a un hospital público de Monterrey para interrumpir el embarazo. Sin embargo, para ese momento, Laura ya tenía 17 semanas de gestación y se rehusaron a atenderla, pues aseguraron que el tiempo máximo para practicar un aborto eran las 12 semanas (aunque el Código Penal de Nuevo León no establece un plazo máximo). También la rechazaron por no haber denunciado la violación ante un ministerio público.

Laura estaba decidida a no tener un bebé producto de una violación a sus 15 años de edad. Recurrió a la Red Necesito Abortar, un espacio adaptado en casa de una de las integrantes de este colectivo, en donde asesoran a mujeres que desean interrumpir sus embarazos y, de ser necesario, les proveen Misoprostol, un medicamento utilizado para interrumpir el embarazo y que la Organización Mundial de la Salud incluye en el Manual de práctica clínica para un aborto seguro. La acompañaron su madre y su hermana.

La adolescente tuvo un aborto en la clandestinidad a pesar de que, como víctima de violación, la ley le otorga el derecho de interrumpir su embarazo. Incluso se arriesgo a ser denunciada, como le ha ocurrido a 316 mujeres que tienen carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto, a nivel nacional, tan solo en el primer semestre de este año.

La Ley General de Víctimas y la norma NOM-046, de Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, garantizan el aborto libre y seguro a todas las mujeres que han sufrido una violación, sin necesidad de ningun requisito adicional. Sin embargo, en la práctica esto no siempre sucede así, de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

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El aborto, un derecho a medias

Laura no es la única a la que le han negado sus derechos. A otras mujeres víctimas de violación también les han negado el servicio de aborto en los hospitales públicos de Nuevo León. “Aunque no está prohibido de manera escrita, en la práctica, no sucede”, declaró Sandra Cardona, fundadora de la Red Necesito Abortar, en entrevista con Cuestione. 

La única causa legal por la que está permitido abortar en las 32 entidades del país es cuando el embarazo es producto de una violación, aunque como cada estado tiene su propio código penal, en algunos hay restricciones.

En 11 estados del país –Aguascalientes, Guerrero, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Quintana Roo–  se requiere que quien desee interrumpir su embarazo, realice primero una denuncia ante el ministerio público, de acuerdo con datos de GIRE.

Esto ocurre porque hace falta homologar protocolos, lineamientos administrativos y códigos penales estatales, con la legislación vigente relacionada con víctimas de violencia sexual, señala la misma organización.

Fuente: GIRE

Entre 2012 y 2017, se realizaron 137 interrupciones de embarazos por causal de violación en todo el país. Esto significa unas 27 interrupciones, en promedio, por año, de acuerdo con GIRE. Muy lejos de las 34 niñas, de 10 a 14 años, que resultan embarazadas, diariamente, por un acto de violencia sexual, declaró Nadine Gasman, directora del Instituto Nacional de las Mujeres.

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Confinamiento traerá más embarazos no deseados

En la Red Necesito Abortar, cuyo trabajo es a nivel nacional, estiman que durante el confinamiento se han triplicado las solicitudes de aborto por distintas causas, nos dijo Sandra Cardona. 

Muchas de esas solicitudes para interrumpir el embarazo están ligadas a abusos sexuales que han sucedido durante la medida #QuédateEnCasa, etapa en que las mujeres han pasado más tiempo con sus agresores actuales o potenciales. 

Los delitos sexuales contra las mujeres aumentaron en esta pandemia. Tan solo en junio, la Red Nacional de Refugios (RNR) –asociación experta en atención a mujeres víctimas de violencia– reportó un incremento de 9% de casos de mujeres que refirieron ser víctimas de todas las formas de violencias, entre ellas, la sexual.

“Habrá un incremento de nacimientos de niñas y niños no deseados en 2021. Algunas mujeres tendrán que ser madres a la fuerza”. Muchos de estos embarazos serán consecuencia de abusos sexuales, explica Alejandra Castillo, especialista en género de la organización civil Gender Issues, en entrevista con Cuestione.

Esta situación se ha agravado aún más durante la actual crisis sanitaria, en que las mujeres tienen menor acceso a servicios médicos públicos, ya sea porque están saturados, o porque llegar a ellos ahora es más complicado, como reportó Cuestione en mayo pasado. 

Denuncias durante el confinamiento

Desde antes de que llegara el SARS-CoV-2 a México, el número de mujeres que no denuncia una agresión sexual ya era alto (nueve de cada 10), lo que se agravó durante el confinamiento, pues las mujeres no pueden salir a la calle o encuentran un horario limitado para denunciar, según un estudio de Equis Justicia para las mujeres.

Lo anterior podría explicar por qué en abril bajó el número de carpetas de investigación abiertas por violencia sexual y por qué, conforme se han relajado las medidas de confinamiento, las denuncias han vuelto a aumentar. 

Aunque por la gran cantidad de violaciones que no son denunciadas no conocemos las cifras reales de este delito, lo que sí sabemos es que casi ocho mil personas denunciaron una violación en los primeros seis meses de 2020 y que, como se señaló anteriormente, hay 316 nuevas carpetas de investigación por aborto en ese mismo periodo.

Aborto, un “crimen” discrecional

Uno de los argumentos para no despenalizar el aborto es que, en algunas legislaciones estatales, se establece la protección de la vida desde su concepción, explica Aïssata Aguilar, médica y activista de Medicina por el derecho a Decidir.

Si de verdad se respetara la vida desde la concepción, entonces también tendría que haber una regulación o norma para la reproducción asistida, que desecha óvulos fecundados sin ninguna penalización porque, técnicamente, tienen vida, expone Aguilar.

Esto prueba que, para los gobiernos, el aborto es un crimen discrecional, “si a los óvulos fecundados se les tratara como personas, la fecundidad asistida también tendría que estar penalizada”, añade Aguilar.

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¿Y la Ley de Amnistía?

En México, entre 2009 y 2019 210 mujeres fueron sentenciadas por terminar con sus embarazos, de acuerdo con investigaciones previas de Cuestione. La Ley de Amnistía, que entró en vigor en abril pasado, podría liberarlas de los centros penitenciarios, pero esto va a tardar porque falta todavía la instalación de la Comisión de Amnistía, que tendrá que analizar cada uno de los casos de preliberación.

La penalización del aborto “tiene un sentido punitivo, no repercute en la disminución de los problemas, legalizar el aborto no es obligar a la gente a abortar, sino que tengan condiciones seguras de salud para hacerlo”, añade Alejandra Castillo, especialista en temas de género de Gender Issues. 

Hasta ahora, solo en Ciudad de México y Oaxaca es legal interrumpir el embarazo. Sin embargo, el periodo de aislamiento social, la reducción de los ingresos por la falta de empleos y la disminución de horarios de atención en algunas clínicas, continúan limitando el derecho de las mujeres de terminar con sus embarazos.

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