La inseguridad en México afecta a los grupos minoritarios de manera feroz por diversas razones, pero una de importancia es el crecimiento del crimen organizado en zonas rurales que, por un lado, desplazan a los pueblos originarios y, por otro, secuestran y desaparecen a migrantes.
Además, en zonas urbanas las minorías también se ven afectadas por la inseguridad, como es el caso de las y los trabajadores sexuales de la comunidad LGBT+, especialmente las personas trans, que sufren crímenes de odio y extorsión por parte de grupos del crimen organizado, explicó en entrevista la socióloga Elvira Cedillo, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.
Primero, ¿a qué se refiere el término minoría?
El artículo 2.1 de la Propuesta de Convención sobre la Protección de las Minorías, elaborada en 1991 por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, define el término minoría como un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un Estado, que poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes de las del resto de la población y buscan preservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su lengua.
A partir de esta definición, comenzó a tomar fuerza el concepto de los derechos de las minorías, que antes no se consideraba internacionalmente. Posteriormente, se incorporan las poblaciones de personas con alguna discapacidad motriz o mental, con orientaciones sexuales diferentes, migrantes, además de los indígenas y afrodescendientes, explicó la socióloga.
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¿De qué delitos son víctimas especialmente estas poblaciones?
El principal problema de inseguridad para las minorías mexicanas es el crimen organizado que se ha distribuido a lo largo y ancho del país, encontrando maneras cada vez más invasivas de aprovecharse de la desprotección de los habitantes en ciertas zonas, principalmente rurales.
“Desde los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, discursivamente han hecho un intento por reconocer los derechos de las minorías. Principalmente, por los pueblos indígenas y afrodescendientes. Pero tenemos grandes problemas, ante el crimen organizado y la violación a los derechos humanos”, explicó la socióloga.
En los Altos de Chiapas, el crimen organizado ha obligado a la población a desplazarse hacia otras regiones tras quitarle los predios a los habitantes y darles solamente una alternativa para permanecer en su tierra: trabajar para ellos, detalló Cedillo.
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“En el caso de los pueblos desplazados por el crimen organizado y la violencia imperante en el país, claramente es una vejación a los derechos humanos y estos (Los Altos de Chiapas) no son el único caso”, afirmó Elvira Cedillo.
Además, la socióloga recordó que el Estado debe proteger el derecho primordial a la vida y esto no está sucediendo, como fue en el caso de la masacre de San Fernando en Tamaulipas, donde se encontraron fosas clandestinas con los cadáveres de 72 migrantes en agosto de 2010, cuando fueron acribillados por la espalda 54 hombres y 14 mujeres a manos del crimen organizado.
Otro ejemplo de cómo la violencia en el país vulnera los derechos de las minorías lo encontramos entre los y las sexoservidoras pertenecientes a la comunidad LGBT+, donde el crimen organizado les pide pago de “derecho a piso” para trabajar en las calles, nos explicó la experta.
Entre esta población, también se presentan casos donde gana la impunidad sobre los derechos humanos, como en el homicidio de Paola, una sexoservidora trans quien murió en el 2016 a causa de un disparo en el pecho que le dio Arturo Delgadillo, un cliente que trabajaba como seguridad, y quien quedó en libertad a pesar de haber sido encontrado por policías en la escena del crimen con el cuerpo de Paola aún luchando por su vida y la pistola en las manos.
¿Por dónde empezamos para cambiar esto?
“Si bien en términos discursivos se ha ocupado (la defensa de los derechos de las minorías) en posiciones de poder, tampoco se les ha solucionado en términos del derecho a una vida digna, la salvaguarda de su integridad personal y patrimonial. Tienen los mismos derechos las minorías que todas las y los ciudadanos mexicanos”, acotó Elvira Cedillo.
Para la protección de los migrantes, existen instancias como la Comisión Nacional de Búsqueda, a cargo de la doctora Karla Quintana, que tiene el objetivo de encontrar a las personas que transitan por México hacia Estados Unidos, es decir que son migrantes provenientes de países como Nicaragua, El Salvador, Honduras y otros países.
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“En México, por ejemplo, en el 2011 se publicó la Ley de Migración y es la primera que reconoce que México es un país de origen, destino y tránsito de migración. Cuando antes solo se consideraba que fuera de origen, que los y las mexicanas eran solamente minorías en otros países cuando migran, ahora se reconoce que también México es destino y tránsito”, ejemplifica Cedillo.
En este mismo sentido, Las Patronas de Amatlán que alimentan a los migrantes que viajan en “La bestia”, el tren para llegar a Estados Unidos, llevan -en la medida de lo posible- un registro en un cuaderno de quienes se detienen por la comunidad a descansar en el refugio, a orar en la capilla o solo a comer; así Las Patronas pueden darle alguna pista a los grupos de búsqueda de personas desaparecidas que se acercan a ellas.
También en la Cámara de Diputados se incluyeron en las pasadas elecciones de 2021 representantes de las minorías, que en total suman el 13% de los escaños del Congreso de la Unión, con 65 diputadas y diputados.
Por mayoría relativa en sus distritos se encuentran 20 diputados y diputadas en la acción afirmativa indígena, cuatro en la de personas afromexicanas, dos en el de la diversidad sexual y en la de personas con discapacidad, tres abanderados.
Por representación proporcional son 13 representantes por la acción afirmativa indígena; dos en la de personas afromexicanas; tres en la diversidad sexual; cuatro en la de discapacidad, y nueve de personas migrantes.
Estas acciones suman a la atención de los grupos minoritarios, pero se tienen que generar mayores esfuerzos de visibilización y de herramientas para tener mayor información sobre las víctimas de los crímenes y poder establecer medidas para protegerlas, explicó Elvira Cedillo, sobre todo referente a las personas con orientaciones sexuales diferentes, de quienes no se conocen cifras confiables en México.
“Una pregunta en el Censo (de Población y Vivienda), como lo hizo el INEGI con las personas afrodescendientes, nos podría indicar cuántas personas con orientación sexual diferente hay en el país”, indicó la entrevistada.
Pero sobre todo, lo primero que habría que hacer, explicó la académica, es impulsar que se haga una reforma desde la Cámara de Diputados para que la ciudadanía pueda demandar al Estado por fallar en la protección de los derechos humanos fundamentales que tenemos como mexicanos y mexicanas, porque ese es su trabajo primordial.
