México está sumergido en un problema de inseguridad grave. Los homicidios aumentan cada año y el número de delitos se mantiene. Pareciera que las estrategias de los gobiernos no mejoran la situación. Tal violencia, además, afecta a miles de personas y genera víctimas todos los días. ¿Cuánta justicia hay para ellas?
De acuerdo con este informe del Colectivo contra la Impunidemia, una organización dedicada a luchar contra la impunidad en el país, de los 46,000 casos denunciados e investigados en las fiscalías entre 2006 y 2019 tan solo 73 han tenido una sentencia condenatoria.
En 13 años, ni siquiera un 1% de los crímenes reportados ante los organismos de justicia han sido resueltos.
La voz de las víctimas
Elena Ramírez, profesora de matemáticas de preparatoria en la Ciudad de México, nos cuenta que se encontraba en un cajero automático para sacar dinero, hace un año. Ahí mismo le robaron el efectivo que retiró. Por su parte, José Luis Colín estaba de vacaciones en Puerto Escondido. En la playa y a plena luz del día, llegaron unos sujetos a golpearlo y robarle sus pertenencias.
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Elena y José Luis son dos de las millones de víctimas de la delincuencia en México. El panorama no es positivo, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Los últimos datos de la ENVIPE muestran que en 2019 hubo 22 millones de víctimas de crímenes.
Ahora bien, aunque el número de víctimas parece ser elevado, en realidad es menor que en años previos. La tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes de 2018 es mayor a la de 2019, por ejemplo.
Sin embargo, la gravedad de los delitos parece ser peor. Por ejemplo, de acuerdo a la encuesta mencionada las extorsiones constituían el 17% del total de los crímenes en 2018; en 2019 son el 15%. Aunque eso puede interpretarse como un avance, los últimos datos muestran que el 9% de las extorsiones logran que se entregue lo solicitado; en el 2018 solo era el 7% de los casos.
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El 78% de la ciudadanía se siente insegura en el país. Este efecto, además, se agudiza más en las víctimas. Elena nos contó que de por sí ya le daba miedo ir sola al cajero, pero luego de lo sucedido ahora se siente más insegura y asegura que no volverá a ir sola.
¿Dónde están las instituciones de seguridad responsables del problema? La Marina y el Ejército son los organismos mejor evaluados, la policía municipal y la de tránsito son en las que confían menos.
Solo pocas víctimas encuentran justicia
¿Hay justicia para las víctimas? El 94% de las víctimas o no denunció o las autoridades ni siquiera iniciaron una carpeta de investigación.
Las principales razones por las cuales la gente no se atreve a denunciar son atribuibles a las instituciones de seguridad y justicia: consideran que es una pérdida de tiempo o simplemente no hay confianza en las instituciones.
Las personas que sí denunciaron acaban por tener menos confianza en estos organismos. Tras el robo, Elena menciona que fue a uno de los juzgados de la Fiscalía General de Justicia y que el proceso fue poco eficiente. De acuerdo con ella, se tardan más o menos como tres horas en tomar la declaración para que al final no tomen ninguna acción. Le dijeron que este caso es complicado de resolver y que mejor hubiera tenido más cuidado.
José Luis nos contó que al llegar al juzgado en Puerto Escondido tuvo que esperar dos horas para que lo atendieran y que la actitud de las autoridades es lamentable. Le dijeron que no tenía sentido levantar la denuncia porque no es posible resolver nada ya que las prioridades de las y los investigadores estaban ocupados en casos más graves.
¿Cómo tener más justicia?
La inseguridad y el reparo hacia las víctimas es necesario. Jorge Carpizo, quien fue primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mencionó en alguna de sus investigaciones que para una buena procuración de justicia es necesario asegurar una buena dirigencia en las instituciones.
Es decir, es esencial que haya personas comprometidas, aptas y, sobre todo, honestas en los cargos directivos de las fiscalías. Carpizo resaltó que no son necesarias personas sobresalientes, basta con que sean responsables.
Además, según el reporte Manual de instrucciones para la evaluación de la justicia penal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las fiscalías también deberían organizarse de tal forma que cooperen con otros organismos de justicia.
