Las catástrofes naturales de los últimos años han demostrado que no solo suceden de manera cada vez más recurrente, sino que estos fenómenos tienen consecuencias económicas y sociales muy importantes, incluso para los países más desarrollados.
Más allá de la pandemia por COVID-19, los incendios forestales, las sequías y la crisis por acceso al agua son situaciones críticas que cada vez se hacen más latentes en el mundo, y México no es ajeno a ellos.
Sin embargo, para especialistas en el tema persiste en nuestro país una condición que no permite atender la problemática medioambiental: el tema no es prioritario para las autoridades, además de que no cuentan con las capacidades, herramientas y el presupuesto necesario para hacerle frente.
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Prueba de ello es que en la primera edición del Índice de Impunidad Ambiental (IGI-Ambiental), presentado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), ninguna de las 32 entidades ha sido capaz de detener la degradación del medio ambiente o de terminar con los crímenes contra activistas, en parte por la incapacidad institucional, la falta de recursos, voluntad política, y también por la impunidad que se mantiene en el país.
De acuerdo con el estudio, elaborado por diversos investigadores y expertos en el tema, esto es solo una muestra de que México “no está tomando con seriedad esta situación”, a pesar de contar con un marco jurídico que tendría que atender este serio problema.
Todas las entidades del país cuentan con una política ambiental frágil
Utilizando fuentes oficiales de información ambiental, el estudio calificó la impunidad ambiental comparando el funcionamiento de las políticas ambientales estatales y federales a través de cuatro dimensiones: capacidad institucional, degradación ambiental, crimen ambiental y la estrategia intergeneracional.
Con esta evaluación la calificación máxima es de cuatro puntos (la mínima es de cero). Sin embargo, ningún estado se acercó al puntaje más alto y la calificación promedio de las entidades fue de 1.93 puntos.
Es decir, el desempeño promedio de los gobiernos estatales se encuentra por debajo de la mitad del puntaje máximo.
Colima destaca como la entidad peor evaluada con un nivel de impunidad muy alto gracias a una calificación de 1.59 puntos. Luego le siguen Sinaloa, Yucatán, Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán y Tabasco, lo que las coloca como entidades con un alto nivel de impunidad ambiental.
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Por el contrario, la entidad con mejor calificación fue Durango con 2.31 puntos. Le siguen Morelos, Ciudad de México, Baja California y Querétaro, lo que aún así coloca a estos cinco estados con un nivel medio bajo de impunidad ambiental.
Sin embargo, no hay que pasar por alto que ninguna entidad se acerca a la calificación más alta.
Leyes y programas para atender la crisis ambiental, solamente en papel
Platicamos con Azucena Cháidez, co-autora del Índice y socia del Sistema de Inteligencia en Mercado y Opinión (SIMO), quien nos explicó que “un ejercicio como el IGI permite dar una idea clara de dónde estamos en términos de lo que decimos que se va a hacer por el medio ambiente”, ya que lo único que toman como parámetro sobre dónde deberíamos estar “es lo que la misma reglamentación establece”.
La investigadora resalta que este Índice muestra que “en México somos muy hábiles para generar legislación, reglas, y programas que nos dicen lo maravilloso que vamos a ser a partir de ellas. Sin embargo, al observar el cumplimiento de esos mismos estándares, estamos muy lejos de alcanzarlos”.
Está muy bonito en el papel, pero en realidad casi ningún estado lo cumple. Qué bien que se está atendiendo el tema, y que tenemos la mejor regulación para atenderlo, pero cuando se trata de aterrizar las iniciativas, ver que se cumpla, y darles presupuesto, la realidad termina siendo muy distinta.
Azucena Cháidez, co-autora del IGI-Ambiental
Ante esta situación, Cháidez resalta que “es obligación del Estado hacer cumplir la ley que existe sobre el respeto al medio ambiente”. Sin embargo, este índice muestra que esto “no sucede, y pareciera que es algo opcional”.
Además resalta que esta falta de voluntad y capacidades se da en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y local). Esto genera que las fallas de la política medioambiental se den en cadena. “La Federación no va a poder hacer cumplir la política ambiental si a niveles estatales y municipales no se cumplen con las legislaciones”, explica.
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La factura de no atender el problema la pagarán las siguiente generaciones
Azucena Cháidez nos explicó que el problema con temas como el medio ambiente “es que los efectos no cobran factura hoy, sino que tendrá costos muy altos en el futuro. Ahorita no observamos el costo real de no atender el tema, pero es algo que día a día se sigue deteriorando”.
Ante esta situación, la especialista resalta que un factor importante que prevalece es que “las autoridades involucradas en atender este tema “no tienen recursos y herramientas para hacer frente al tema. Además, existe toda una serie de intereses que atacan a quienes tratan de defender la permanencia de los bosques, especies o demás, que se ven favorecidos por un nivel de impunidad muy alto”.
La especialista también resalta que “las prioridades no son solo verbalizadas, vienen acompañadas de un presupuesto que te dice qué tan importante es un tema” para un gobierno.
Muestra de la (poca) importancia que tiene para el gobierno federal es que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, en 2020 se destinaron a la función presupuestal de Protección Ambiental solamente 33 centavos por cada 100 pesos de gasto público.
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Finalmente, Cháidez detalla que “en términos de capacidades, de creación de una estrategia intergeneracional, de atención a la degradación del medio ambiente, e incluso de las sanciones a los crímenes ambientales, no se observa una presencia fuerte del Estado que nos permita confiar que se va a atender de manera constante el tema medioambiental”.
¿Hasta cuándo atenderá el gobierno esta problemática cada vez más latente?
