Don Salvador tiene 76 años, con todo y bastón, cada semana apuraba el paso para ver a su hijo Luis Camargo, recluido en una cárcel de Guadalajara, desde 2014, por homicidio. La única prueba en contra de Luis, jardinero de oficio, era su propia confesión obtenida bajo tortura.
Tuvieron que pasar cinco años para que Don Salvador y Luis probaran que ésta fue arrancada por policías de la Fiscalía de Jalisco y recuperara la libertad, apenas en mayo pasado. Toques eléctricos en genitales y pies, golpes, ahogamiento y humillaciones por horas fue lo que vivió Luis para autoincriminarse.
Lo malo es que el de Luis es solo uno de los muchos casos de tortura en el país, lo que se ha convertido en un método policial común en los procesos judiciales. Sirve para fabricar culpables y dar carpetazo a asuntos o para sustituir el proceso de investigación científica.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha limitado a asegurar que, desde que llegó a la presidencia, no hay tortura, “no tenemos denuncias por violación a los derechos humanos en el tiempo que llevamos”, dijo en octubre.
Sin embargo, el número de solicitudes para probar que una persona ha sufrido tortura dice otra cosa: con corte al 26 de abril de este año (cinco meses del gobierno actual), la Fiscalía General de la República (FGR) registraba 166 casos:
Tortura como parte de la investigación
La tortura no va a dejar de ocurrir en tanto las autoridades no mejoren sus maneras de investigar y la realidad es que todavía “no saben investigar ningún delito”, explicó a Cuestione, Edgar Cortés, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Lo peor es que la creación de la Guardia Nacional militarizada y el aumento de la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa podría incrementar el riesgo de ser víctima de tortura y otras violaciones a derechos humanos, según el Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité Contra la Tortura de la ONU.
Desde que se promulgó en 2017, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes quedó establecido un plazo de 180 días, para que las entidades de la República igualaran sus leyes locales con la federal. Han pasado tres años y el avance en este sentido es raquítico: solo 44% de avance, o sea, ni la mitad.
Otra de las modificaciones que todavía se esperan, es la creación de una fiscalía especializada para la investigación de estos crímenes y de un registro nacional de personas afectadas, cosa que tampoco ha pasado. Esta fue una de las (muchas) tareas pendientes que Enrique Peña Nieto dejó a López Obrador.
Sin este registro, dijo Cortés, las autoridades en procuración de justicia, y organizaciones de la sociedad civil tienen “sus propios otros datos”, lo que no ayuda a mejorar la impunidad.
Muchas denuncias, pocos procesados
Pero además de ser torturadas, las víctimas tienen que padecer la impunidad a favor de sus torturadores. De 2015 a 2018 se registraron cinco mil 34 carpetas de investigación por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, de acuerdo con la FGR.
Pero en ese mismo periodo sólo hubo 48 expedientes abiertos por delito de tortura
¿Y quiénes son los responsables?
La Policía Federal de la Secretaría de Gobernación y la entonces Procuraduría General de la República, fueron las instituciones más señaladas en 2018, de acuerdo al informe de Indicadores sobre la tortura en México y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Todo se complica porque cuando una persona que ha sufrido tortura realiza una denuncia, las mismas autoridades son las que obstaculizan las investigaciones y hay un subregistro de las mismas.
Por muchas leyes que haya, la tortura sigue ocurriendo en procesos de detención, pero también en los centros penitenciarios, en donde la situación se agrava, ya que es común que se estigmatice a las personas recluidas como delincuentes sin ningún derecho, abundó Cortés.
La reparación de daños
Para conseguir que haya algún tipo de reparación del daño, una persona que fue torturada tiene que seguir un largo camino de procesos judiciales antes de, siquiera, poder determinar que fue víctima de tortura.
Uno de esos procedimientos lo señala una norma internacional conocida como Protocolo de Estambul, que consiste en pruebas médicas para determinar el daño físico y psicológico y que deberían seguir las autoridades mexicanas, pero en el país no hay suficientes médicos ni psicólogos para realizarlos. Una persona que vivió tortura puede tardar hasta año y medio en contar con un dictamen, expuso Cortés.
En el país hay 115 psicólogos y 117 médicos que pueden realizar dichos peritajes, pero estos tienen que ser muy detallados y evaluar el contexto social, psicológico antes y después de la tortura, así como revisiones exhaustivas de daño físico. De 2014 a abril de 2019 había siete mil 269 solicitudes para realizar dictámenes médico-psicológicos para determinar casos de tortura pero solo se emitieron dos mil 116 según la FGR.
Hay muchas denuncias pero pocos son los que logran una reparación del daño. Solo 200 personas víctimas directas e indirectas de la tortura han podido acceder a los Recursos del Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral por compensación por violaciones a derechos humanos, entre 2015 y 2018, según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
“Son contados los casos en los que se puede decir que la tortura ha sido sancionada y ha habido una reparación de daño”, agregó el especialista del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
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