El presidente López Obrador ha dicho que la violencia y las violaciones a los derechos humanos de este país se deben a décadas de descomposición social, pobreza y falta de oportunidades para la juventud.
Sin embargo, aunque el actual gobierno federal señala que se está atendiendo a los jóvenes y se combate a la pobreza, los hechos violentos continúan en varias regiones del país, así como las violaciones a los derechos humanos.
Entonces, ¿realmente se está atendiendo la descomposición social del país? ¿Y, por otro lado: qué camino están recorriendo las instituciones del Estado encargadas de reducir la violencia y las violaciones de los derechos humanos?
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Un problema estructural
Para responder a estas preguntas, platicamos con Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México.
Ella opina que es evidente que la crisis de violencia y violaciones a los derechos humanos que se vive en el país es un problema estructural, por lo tanto está sobrediagnosticado que hay que atender la descomposición social.
Sin embargo, piensa que de lo que se trata es de atender esas diferencias “de acuerdo a lo que necesita cada municipio, a lo que necesita cada entidad para resolver estas crisis, ya que no es lo mismo atender una problemática en Ciudad Nezahualcóyotl que en un municipio del norte de la República”.
Además, Villabobos considera que estos problemas sociales no se van a resolver solo con programas económicos, “no dependen de una sola política, son diversas problemáticas de distinta índole, que atraviesan a los municipios”.
La experta también considera que hay que ver cómo se desenvuelven las cifras, “como toda política pública, necesita seguir ciertos pasos para evaluar que funcione”. Sin embargo, “no necesariamente dándole oportunidades a las juventudes es como se va a resolver la crisis de derechos humanos del país, eso es absurdo, no se puede pensar que un programa puede solucionar el estado en el que se encuentra el país”.
“Probablemente haya un número de personas que se han beneficiado, pero eso no significa que va a cambiar una realidad social estructural”, ya que “un programa social que no tiene visión a largo plazo difícilmente podrá ser una solución”.
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¿Y las instituciones?
Además de la descomposición social, también hay que considerar a las instituciones encargadas de evitar que existan violaciones a los derechos humanos entre particulares y de las mismas instituciones hacia la ciudadanía.
En este sentido, Villalobos opina que es preocupante el militarismo que se está dando en el gobierno actual. No solo porque los militares se están encargando cada vez de más tareas civiles, sino porque no se sabe cuál es el rumbo de la policía.
“Es preocupante todo este poder y recurso que se les está dando a las Fuerzas Armadas, sin preparar a las policías civiles, porque sabemos que la Guardia Nacional está compuesta en su mayoría por militares (…) y se estableció en la Constitución el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas para 2024”.
La presidenta de Amnistía Internacional México agregó que “estamos a mil días de que las Fuerzas Armadas tengan que retirarse a sus cuarteles por mandato constitucional, ¿qué se está haciendo para fortalecer a las policías civiles?”
Villalobos considera que esto es muy preocupante porque parece apuntar a que, cuando los militares tengan que regresar a sus cuarteles, quizá se modifique la Constitución.
“Pareciera que la estrategia es decir que las policías no están lo suficientemente preparadas y fortalecidas para una crisis como la que estamos enfrentando, y entonces el discurso sea, ‘démosle cinco años más, o el tiempo que sea necesario a las Fuerzas Armadas en las calles’”, dijo Villalobos.
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¿Y la Fiscalía?
La siguiente preocupación de Marcela Villalobos es que, en este contexto de crisis de violaciones a los derechos humanos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha dado malas señales.
“La propuesta inicial de la Fiscalía (en la reforma a Ley de la FGR) era dejar a un lado las desapariciones”, es decir, que ya no apoyaría en las búsquedas a los familiares de las personas desaparecidas.
También está el antecedente de que la FGR intentó cerrar la investigación de Tlatlaya de 2014, “que sabemos también que fueron ejecuciones extrajudiciales”.
“Sabemos que las instituciones de procuración de justicia en nuestro país están colapsadas, pero eso no significa que haya que dejar de investigar estos hechos atroces y graves violaciones de derechos humanos del pasado”, dijo Villalobos.
Según la presidenta de Amnistía Internacional México, debería de hacerse lo contrario, “estos crímenes se tienen que investigar con una mayor profundidad para que no haya cabida a la impunidad”.
Sin embargo, “en lugar de dar más recursos y fortalecer a la institución, se ha optado más bien por alejarse, cerrarse, intentar cambiar la ley”.
Villalobos enfatiza que la FGR seguirá atendiendo las desapariciones forzadas pero gracias a una fuerte presión de colectivos de víctimas de personas desaparecidas en todo el país.
“No pudieron cambiar la ley pero al final el mensaje es el mismo. Este tipo de delitos, de violaciones de derechos humanos, no se toman como se deberían de tomar, no se le da la seriedad y esa exigencia de justicia, de reparación”, concluyó Villalobos.
