Un retroceso y transgresión de los derechos humanos que Sedena tome el control de la Guardia Nacional

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Que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tome el control de la Guardia Nacional representa un “retroceso para la seguridad pública basada en los derechos humanos”, advirtió la alta comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, en un comunicado el pasado 9 de septiembre de 2022.

Al-Nashif mencionó que “las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles”, por lo que advirtió que “es preocupante” que en este proceso no cuente con ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Sedena.

En el control de la Guardia Nacional por la Sedena, existe una “transgresión de los derechos humanos”, reiteró Erubiel Tirado Cervantes, coordinador del diplomado sobre Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. 

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Se afecta la democracia

Esta “militarización” evidentemente golpea al “régimen demócratico”, nos dijo Tirado Cervantes, y tiende a afectar la “gobernabilidad”. Esta “hipermilitarización desnaturaliza la función de defensa de las Fuerzas Armadas. Eso ya es crítico, cuestionable y grave”.

El analista precisó que “la dimensión político militar y la relación de los militares con la política y los políticos, en cualquier democracia no debería ni siquiera plantearse”. Detrás de esta encomienda que se da a la Sedena está “la utilización política”, explicó el experto.

¿Cómo se da esa compra de lealtad? “Extendiendo un régimen de privilegios, de impunidad y falta de transparencia”, subrayó Tirado Cervantes. “Digamos que sustrae (a las Fuerzas Armadas) de las obligaciones del resto de las instituciones del poder público”.

La militarización no disminuye la inseguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó durante su Cuarto Informe de Gobierno que gracias a su estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos”, los delitos federales se redujeron 29.3% desde que asumió el poder en 2018. Según el informe, los asesinatos cayeron 9% entre septiembre de 2018 y  junio de 2019 frente a igual período de septiembre de 2021 y  junio de 2022 que registró 18,093 víctimas.

Como parte de su estrategia, AMLO ha insistido en su objetivo de evitar que a la Guardia Nacional, creada en 2019 y actualmente con 118,188 integrantes con presencia en 266 regiones, le pase lo que a la Policía Federal Preventiva, que “se pudrió y fue una escuela para formar a funcionarios corruptos”, dijo el presidente.

Los datos oficiales fueron contradecidos por la alta comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Al-Nashif, quien indicó que aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad.

Laura Atuesta, coordinadora del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, afirmó a la agencia AFP que la presencia de la Guardia Nacional no  ha evitado los homicidios. “Siguen encontrando gente muerta, matando, entrando a casas y desapareciendo a personas”.

La especialista indicó que se viven “dos guerras”, en una de se está deteniendo a algunos líderes criminales, lo que está generando reacciones violentas; y otra, en la que se golpea al  “ciudadano común” y que no es atendida por el gobierno.

Laura Atuesta mencionó que en Guerrero “están matando a distribuidores de pollos”, en tanto en Guanajuato “asesinan a mecánicos en talleres, a taqueros”. Con todo esto, aun si la Guardia Nacional queda subordinada al Ejército, le tomará tiempo desarrollar capacidades operativas.

Michael Lettieri, de Mexico Violence Resource Project de la Universidad de California, en San Diego, afirmó a la AFP que el plan de López Obrador “es insuficiente ante la profunda marginalidad y violencia” que prevalecen en México.

Aumentan las violaciones a los derechos humanos

Para Al-Nashif, alta comisionada interina de la ONU, en esta militarización se ha presentado un aumento de las denuncias de “graves violaciones de los derechos humanos” por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.

La Guardia Nacional superó a la Sedena en el número de quejas por violaciones a derechos humanos. De acuerdo con una nota de Cuestione, hasta julio de 2022 “registró 1,130 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, mientras que la Sedena cuenta con 964.

De enero a mayo de este año, la Guardia Nacional cuenta con 276 quejas. De acuerdo con Al-Nashif, los militares “solo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso”.

¿Qué tendría que hacer la GN para bajar el número de quejas por violaciones a los derechos humanos?

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