Una mujer presenta un embarazo no planeado. Ella no quiere tenerlo; pero él, sí. ¿Su pareja la puede obligar? No. Cuando un hombre obliga a una mujer a tener un hijo que ella no desea, él está violando los derechos sexuales y reproductivos de ella.
¿Cuáles son estos derechos?
Los derechos sexuales y reproductivos se refieren a la libertad de todas las mujeres a decidir el número de hijas e hijos que desea tener y el esparcimiento de los nacimientos, así como a disponer de toda la información y de los medios para esa toma de decisiones.
También son derechos sexuales y reproductivos los que tienen las mujeres y hombres de gozar el nivel más elevado posible de salud y de educación sexual y reproductiva.
Además, ejercer la sexualidad de manera independiente de la reproducción; estar libres de discriminación, presión o violencia en nuestras vidas sexuales y en las decisiones sexuales: y a tener acceso a servicios médicos de calidad, adecuada y digna para la salud de las mujeres.
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Así lo reconoció Naciones Unidas en 1994 luego de que la literatura científica advirtiera sobre un crecimiento exponencial de la población en el mundo. Pero desde los movimientos feministas, en los años 70 del siglo pasado, ya habían exigido el reconocimiento del derecho de las mujeres a regular su sexualidad y capacidad reproductiva, sin imposiciones o violencia por parte de los hombres, y que éstos asumieran su responsabilidad por el ejercicio de su sexualidad.
¿México protege estos derechos?
México es un país que en su Constitución y en diversas leyes protege estos derechos; sin embargo, hasta ahora su marco normativo no ha sido suficiente para garantizarlos.
En nuestros país existe de manera sistemática violencia durante la atención de los partos, la esterilización forzada, el aumento en las cesáreas y embarazos forzados como forma de agresión contra las mujeres, según cientos de casos que documentaron organizaciones de la sociedad civil en el Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité contra la Tortura de la ONU 2012-2019.
Por ejemplo, -según se cita en el informe- entre 2015 y 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 50 recomendaciones a distintas entidades federativas e instituciones de salud, entre ellas, 27 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por violencia obstétrica (falta de atención o maltrato durante embarazo, parto o puerperio).
El IMSS ha sido objeto de más de 10 mil quejas ante la CNDH entre 2013 y 2017, con una tendencia que va al alza cada año.
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Además, en lo que va de 2019 se abrieron más de 43 mil carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la integridad sexual, según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.
Las libertades pendientes:
Con el paso de los años, las nuevas configuraciones de las familias y la incorporación de las mujeres a sectores de los que antes eran excluidas (como el empleo o la educación formal) llamó la atención sobre la necesidad de que las legislaciones nacionales reconozcan nuevos y más derechos y libertades.
Por ejemplo, el derecho sexual a elegir sobre el número de hijas e hijos que se desean podría traducirse en el derecho de las mujeres a interrumpir libremente su embarazo. Pero en México aún se discute la no penalización del aborto.
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En el mundo, al menos 61 países no tienen restricciones de ningún tipo para que una mujer interrumpa su embarazo, de acuerdo con el Panorama mundial del derecho al aborto.
En la mayor parte de África, América Latina, el Medio Oriente y Asia los marcos normativos restringen severamente el aborto. Chile, El Salvador y Nicaragua lo prohíben completamente. En México, el aborto sólo es permitido en la Ciudad de México (2007) y Oaxaca (desde septiembre de 2019).
El reconocimiento de la diversidad sexual es otro de los derechos pendientes, pero que incluye un catálogo de libertades no reconocidas en nuestro país, por ejemplo: matrimonios entre personas del mismo sexo, permisos de cambio de sexo, registro de hijas e hijos, no discriminación, entre otros.
De acuerdo con el informe Homofobia del Estado, 26 países en el mundo reconocen ya el matrimonio igualitario (en México es legal sólo en 11 entidades); y según un registro del diario Milenio en 2017, 12 países reconocían derechos para las personas transexuales.
¿Hacia dónde se dirigirá la política del nuevo gobierno? ¿Más consultas populares podría traducirse en el reconocimiento de nuevos derechos?
