Dos veces desaparecidos: primero por los criminales y después por el Estado

Compartir:

Bianca, Daniel y Erika tenían una familia. Alguien que les buscó dedicadamente tras desaparecer. Alguien que recorrió ministerios públicos, hospitales y morgues buscando una pista que mantuviera viva la esperanza de encontrarlos con vida. Alguien que rezó para encontrarlos. Pero sus cuerpos aparecieron después de meses o incluso años en fosas comunes, en donde fueron enterrados por las autoridades. 

Resulta paradójico que en el país en donde hay registradas 85,000 personas desaparecidas, existan, por lo menos, 45,304 cadáveres “sin identificar”, como Cuestione comprobó a través de distintas respuestas de los gobiernos de los estados (y datos obtenidos por la Plataforma Nacional de Transparencia sobre Estado de México, Morelos, Hidalgo y Guerrero, que a la fecha no han dado respuesta). 

“Es ilógico. Sabemos que algunos de esos (cuerpos) son de los que buscamos. Es imposible”, nos dice Grace Fernández, integrante y vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. 

Son los NN (No Nombre), los doblemente desaparecidos: primero por sus asesinos y después por el Estado que los enterró en fosas comunes sin utilizar las herramientas a su alcance para identificarlos y devolverlos a sus familiares. Los criminales les quitaron la vida y los gobiernos la identidad. 

Te puede interesar: Más feminicidios y embarazos adolescentes, los retos de la nueva administración del SIPINNA

La mayoría de los cuerpos (39,598) se encuentran en las 6,000 fosas comunes en operación en 249 panteones del país. Algunos están en cajas de madera sin barnizar y otros envueltos en bolsas de plástico negras con números de carpetas de investigación, que terminarán por borrarse o romperse con el paso del tiempo, permitiendo que los huesos se mezclen. 

Fueron depositados en las fosas como quien entierra sus problemas. Sin tomarles muestras de ADN, con descripciones forenses incorrectas (lo que hará más difícil su identificación en caso de que alguien los esté buscando) y hasta con la ubicación del lote dentro del panteón incorrecta. 

“Es la doble desaparición”, nos confirma Silvia Ortiz, vocera de Grupo Vida, una colectiva de personas rastreadoras que buscan a sus familiares en fosas clandestinas y de gobierno. Ella busca a Fanny, su hija desaparecida desde 2004. 

La identidad es un derecho humano que no se pierde, ni siquiera cuando se pierde la vida, pero en un país con más de 28,000 homicidios dolosos por año (como en 2020), los Servicios Médicos Forenses (Semefos) muchas veces están rebasados, sin equipo y sin personal especializado. 

Negligencia criminal

Después de que la denominada “guerra contra el narco” emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) convirtió al país en un baño de sangre, las estadísticas de cuerpos sin identificar mostraron un crecimiento brutal. 

Los 11 estados que entregaron estadísticas desde 2006 reportaban en ese año 240 cuerpos sin identificar, esas mismas entidades, para 2019, contaban con 1,703; un aumento de 700% (Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas).

Esta cifra siniestra ha ido creciendo sin control año con año y sexenio con sexenio, hasta llegar a las más de 5,000 personas encontradas muertas sin identificar en 2019; 830 de ellas aún se encuentran en los Semefos y el resto en las fosas comunes del país.

Cuestione identificó al menos cuatro ingredientes que generan un caldo de cultivo para que las fosas comunes estén saturadas de personas sin identificar:

1- Nadie sabe cuántos hay

No hay certeza en el número de cadáveres que tienen las fosas comunes. Solicitamos a las 32 entidades de la República Mexicana la estadística de los cuerpos sin reclamar. Pero solo 12 dijeron contar con la información desde 2006. En el resto hay lagunas, pero aún en las que sí cuentan con los datos, éstos no son confiables

Por ejemplo, Durango entregó información desde 2010; Guanajuato, desde 2012; Michoacán y Tlaxcala, desde 2017; Nayarit a partir de 2014; Estado de México dijo que ni siquiera procesaba la información (aunque obtuvimos una respuesta anterior, de 2019, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que demuestra que mintió en la respuesta inicial que nos dio).

Al Estado de México hay que sumar Guerrero, Morelos e Hidalgo, que al cierre de esta publicación no habían dado respuesta.  

Muchas de las respuestas fueron obtenidas en segunda instancia (tras inconformidad ante el instituto de transparencia responsable en cada estado), aunque en otras el mismo instituto avaló la falta de información de las dependencias. 

Cuatro estados concentran 51% de los 5,433 cadáveres no identificados por las autoridades en 2019: Baja California (1,239), Ciudad de México (704) Estado de México (422) y Chihuahua (419). 

Y si hablamos de las entidades con más personas muertas sin identificar por cada 100,000 habitantes son:

Te puede interesar: La “epidemia” de las niñas y niños desaparecidos en México

En Coahuila, Grace Fernández ha estado trabajando de cerca con la Fiscalía de ese estado en el Plan Estatal de Exhumación para identificación de las personas en fosas comunes. “Cuando nosotros empezamos se hablaba de que había 450 cuerpos en las fosas comunes, pero cuando empezamos a escarbarle a las carpetas de los no identificados, resulta que había más de 900 carpetas”, nos cuenta. 

En diciembre de 2019, (las autoridades) hicieron una exhumación masiva de una fosa común compartida por la Fiscalía del Estado (Coahuila) y la FGR, en donde se suponía que había “creo que 20 cuerpos y se sacaron 54”, nos dice Fernández.

2- Bajo número de necropsias realizadas

Las autoridades están rebasadas por la barbarie y los 79 homicidios diarios durante 2020. Esta situación abarrota por temporadas las morgues y los servicios médicos forenses del país, como reconoce la propia FGR en el informe Análisis de las capacidades de los Servicios Forenses y Periciales del país, al que Cuestione tuvo acceso gracias a una fuente al interior de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

A la par que van en aumento “el número de homicidios, hay un incremento importante en el número de necropsias no practicadas, así como en aquellas en las que no se especifica si se llevó a cabo o no”, revela el análisis. Es decir, que al estar saturados los servicios forenses y periciales, sencillamente las autopsias no se realizan. 

En el diagnóstico, la FGR testifica el horror: “es posible que los Semefos y Servicios Periciales, con autorización del Ministerio Público, hayan expedido certificados de defunción a los que no se les practicó necropsia debido a una dispensa… (ya sea por el grado de la degradación del tejido), así como la saturación de los medios de almacenamiento de cadáver, llevaron a la necesidad de inhumar esos cadáveres en fosa común”.

Entre 2006 y 2017, la FGR estima que a 37,443 cadáveres NN (No Nombre) no se les practicó necropsia. “La autopsia determina si es o no un homicidio violento, si se tiene o no que perseguir un delito”, nos explica Rafael Heredia, abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMEDH). 

Al no haber una causa de muerte específica, esto implica que en los casos que se haya tratado de homicidio, no se abrió la investigación correspondiente.

“A final de cuentas, qué es lo que pasa con la violencia: genera corrupción, genera impunidad y al final genera más violencia. Lo mismo para con los cuerpos: tú no identificas, entonces no persigues el delito, generas impunidad y entonces generas más violencia. Es un círculo vicioso que nada más no termina. Entonces, parte de lo que decimos es no es únicamente preguntar qué le pasó a esta persona y qué has hecho. Es porque no hiciste nada”, opina Fernández.

3- Semefos saturados y pocos especialistas en materia forense

Los cuerpos pueden pasar años en los semefos. Chihuahua, por ejemplo, tiene cadáveres resguardados en sus instalaciones desde 2007; Oaxaca, desde 2014; o la Ciudad de México desde 2015. 

Actualmente hay más de 3,300 cuerpos aguardando en las planchas de los Semefos, de acuerdo con el acumulado de respuestas de información obtenidas por Cuestione

La sobrecarga de trabajo tiene un mal compañero: la falta de especialistas. En todo el país hay 1,562 médicos forenses. 

El número de personas expertas disminuye dramáticamente en especialidades menos comunes, como la arqueología forense, de la que solo hay 13; u odontología con 125 personas expertas en la materia. 

Hay estados en los que sencillamente no hay especialistas. Por ejemplo, en Guerrero, donde se cometieron 1,223 asesinatos dolosos en 2020, solo hay seis médicos forenses para todo el estado y ninguna persona experta en alguna de las otras nueve especialidades forenses.

Una de las pruebas más graves de lo que sucede en las fosas comunes en donde los gobiernos entierran los casos que no investigan detonó un escándalo en 2016, cuando se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado de Morelos había enterrado ilegalmente en fosas comunes a 119 personas sin identificar, en un cementerio del municipio de Tetelcingo, en 2014. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 48/2016 por ese hallazgo. En ella señala que “entre las razones de la insuficiencia en la respuesta institucional” destaca las “carencias y problemáticas que enfrentan los operadores del sistema de procuración de justicia” y la falta de “homologación de un protocolo único para la actuación del personal de las instituciones encargadas de procurar justicia (policías, peritos y ministerios públicos)”.

Te puede interesar: México y Colombia, la tragedia: impunidad es casi total en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales

4- Descripciones defectuosas en el registro de las personas sin nombre

A Bianca la estuvieron buscando por cerca de un año. Tenía 14 años cuando desapareció en 2012. Sus padres recorrieron hospitales, morgues o estaciones de policías. Buscaban a su niña, a una niña de secundaria. 

Bianca había sido torturada y violada por una banda de feminicidas adolescentes, liderados por un militar conocido como El Mili. Además de Bianca, asesinaron a otras siete adolescentes, según sus declaraciones ministeriales (aquí encontrarás su historia).

El cuerpo de Bianca fue encontrado al día siguiente de su desaparición, en la carretera que conecta a Ecatepec (en donde vivían) con Puebla. Sin embargo, el médico legista la describió como una mujer de 25 años. Por eso es que cuando sus padres preguntaron por ella, le dijeron que no habían encontrado a nadie con sus señas. 

Katherine Olier Pimienta, subdirectora de docencia de la Academia Internacional de Ciencias Forenses, cita por lo menos cinco técnicas de seguridad para identificar la edad de un cuerpo: presencia de segundos molares en la dentadura, medición del fémur, características del útero, cantidad de vello púbico, con rayos X revisar el cierre de cartílago del dedo medio de la mano. 

Casos como el de Bianca abundan. A pesar de que existen las técnicas para prevenirlo. Pero sin especialistas, nada de esto es posible. 

“México es una gran fosa”, nos dice Silvia Ortiz. Entre las fosas comunes oficiales y las clandestinas superan los 50,000 cuerpos a los que además de arrebatarles la vida, les quitaron el nombre y la paz a sus familias. 

La situación en el país no tiene precedentes. Por eso, en noviembre de 2017, se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, con la cual se buscaba dar pie a un plan de acción ante esta problemática. 

Pero a más de tres años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación hay varias medidas que continúan sin concretarse, como el protocolo homologado de desaparición, el Banco Nacional de Datos Forenses y muchos pendientes más para que los No Nombre comiencen a tener un rostro y sus familias puedan recuperar la paz.

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

Recibe las noticias más relevantes de México cada mañana, inicia tu día informado.