El pasado 15 de julio, la Comisión Nacional de Búsqueda publicó en el Diario Oficial de la Federación el primer Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes para fijar lineamientos que permitan atender este problema en México.
De acuerdo con el organismo de la Secretaría de Gobernación, este protocolo permite establecer con mayor claridad cuáles son las medidas y pasos que se deben seguir para investigar la desaparición de las 60,111 personas, de entre 0 y 17 años, que fueron reportadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre 2007 y el 28 de febrero de 2021.
Según ese Registro, en ese mismo periodo han sido localizados 48,819 niñas, niños y adolescentes, 48,258 con vida y 561 sin vida.
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“El año pasado estuvimos trabajando con familias de personas desaparecidas, con organizaciones internacionales, sociedad civil y el público en general en la creación del Protocolo Homologado de Búsqueda, que básicamente tiene la finalidad de establecer claramente qué tenemos que hacer cada una de las autoridades para buscar a las personas desaparecidas”, explicó a Carmen Aristegui la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana.
“Sin embargo la ley atinadamente nos ordena tener un protocolo específico para niños, niñas y adolescentes por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran”.
El 16.4% de desapariciones en el país son de menores de 0 a 17 años
Quintana informó que de las 89,500 personas registradas como desaparecidas en México niñas, niños y adolescentes representan el 16.4% del total de personas desaparecidas, por lo que es necesario contar con un mecanismo diferenciado de búsqueda.
Recordó que en el caso de las adolescentes esta situación se agrava, pues más del 55% de las mujeres desaparecidas tienen entre 10 y 17 años de edad, lo que obliga a la autoridad a indagar hipótesis distintas como la trata de personas.
“Lo que tiene que quedar claro es que en la búsqueda de un niño, niña o adolescente, ninguna autoridad les puede decir que no van empezar una investigación porque hay que esperar a ver qué pasó. Los fiscales y ministerios públicos tienen que abrir una investigación inmediata independientemente de si el niño tiene 3 años o 17”, dijo.
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Ven oportunidades, obstáculos y retos para nuevo protocolo
Sin embargo, aunque reconoció el gran paso que representa el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes, la profesora e investigadora del Observatorio de Personas Desaparecidas e Impunidad en México, Diana Mora, alertó sobre puntos que se pueden modificar para hacer una búsqueda más eficiente.
De acuerdo con la también integrante de la Clínica de Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Universidad Iberoamericana, la autoridad está dejando de lado una parte importante de la coordinación interinstitucional, lo que podría entorpecer la búsqueda de menores.
“La iniciativa es bastante positiva. Me parece que el hecho de que el protocolo mire afectaciones diferenciadas a niñas y adolescentes es de inicio positivo. Creo que el proceso también es algo que debe aplaudirse, el proceso del protocolo. Pero hay un problema de fondo que puede impactar hacia el futuro”, nos dijo Diana Mora en entrevista.
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“El protocolo no mira en lo absoluto al SIPINNA, que es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. No pone a dialogar al Sistema de Búsqueda con el Sistema de Protección. Me parece que este es un gran error porque tienen especializaciones distintas, pero la finalidad de ambas es proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Mora consideró que el diálogo e intercambio de información entre ambos sistemas es necesario, pues el SIPINNA contiene toda la información sobre afectaciones a menores y adolescentes y diseña política pública específica.
El Protocolo, comentó, tampoco considera tiempos o plazos máximos para establecer parámetros en las investigaciones y acciones de las autoridades que son importantes.
“Yo sé que en fenómenos tan complejos como la desaparición es complicado decidir 5 días, 7 días, 13 horas ó como tiempo máximo, sobre todo para pasar de una etapa a otra. Sin embargo, me parece que los tiempos máximos para explicar ciertas cosas sí son muy importantes, sobre todo hablando de niñas y adolescentes, en donde pues cuentan con características diferenciadas”, observó.
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“Digamos que esos buenos deseos o esos enfoques no se hacen operables a través de directrices claras de actuación, plazos y responsabilidades”.
Otro de los señalamientos de la experta indica que en el Protocolo no quedan del todo claras las responsabilidades y obligaciones de las distintas instituciones y autoridades involucradas en la protección de los menores y los organismos de búsqueda, por lo que puede haber falta de coordinación.
Además, si bien considera la desaparición de menores de manera diferenciada, no considera medidas urgentes para la protección de niños, niñas y adolescentes que podrían estar en riesgo.
Diana Mora dijo que un factor en contra también es el de la falta de capacitación y costumbres de los ministerios públicos, que tienen el primer contacto en la investigación de un caso de niños, niñas y adolescentes.
En este caso comentó que la Procuraduría debe tener un mayor protagonismo en la recabación de información y acompañamiento, aunque siempre considerando a las víctimas.
“En general tenemos un problema muy grande. La operación de los ministerios públicos, en la cultura que se tiene los mismos ministerios públicos y a pesar de que esté en la ley, pues no pasa absolutamente nada y no levantan la denuncia cuando tú vas y lo pides.
“Yo creo que tiene que haber muchas más sanciones al personal, que no está haciendo eso porque es una obligación. En realidad me parece que el reto es muy grande. Sin embargo, no diría que no se tiene que hacer, al contrario, pero que tienen que operar otros sistemas de supervisión y control de la actuación, de la actuación, de la labor de las autoridades ministeriales para obligarlas a que hagan el trabajo que deben hacer”, concluyó.
