Desaparición de Fonden y más de 100 fideicomisos pone en riesgo a 90 millones de personas

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Cuando ocurre un huracán o un sismo en el país, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) se activa para atender las necesidades inmediatas de las víctimas y algunos daños materiales. Sin embargo, tras 24 años de existencia, 2020 podría ser el último año de éste y otros 108 fideicomisos.

En lo que va del año, se han registrado 76 emergencias en el país, de acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos.

Además, alrededor de 90 millones de personas viven en zonas de riesgo en todo el territorio nacional. Para ellas, cada minuto cuenta cuando enfrentan una emergencia y justamente por eso se creó el Fonden, que al tratarse de un fideicomiso permite tener un fondo asegurado de respuesta inmediata, independientemente de quién gobierne el país. 

A diferencia de las dependencias públicas gubernamentales, que deben devolver el dinero no gastado cada año a la Tesorería, los recursos de los fideicomisos son intocables… O eran. 

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De eliminarse el Fonden, como plantea la iniciativa de Morena que ya fue aprobada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, 109 fideicomisos desaparecerían, para así obtener los 68,000 millones de pesos que actualmente administran –el equivalente a lo que costará construir el aeropuerto de Santa Lucía–, y destinarlos a atender la crisis por la COVID-19 y programas sociales.

Cuando “extingan” estos fideicomisos, las respectivas dependencias responsables del ramo tendrían que asumir los compromisos.

“El problema es que esto implicaría que las dependencias tengan más presupuesto para lograrlo, y la pregunta es, ¿de dónde se va a sacar el dinero para cumplir con las tareas que se tenían a través de los fideicomisos?

Sarahí Salvatierra, investigadora de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar.

En el caso del Fonden, le tocaría a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sin embargo, “estos recursos tendrán que salir del presupuesto que tiene asignado cada año”, nos explica Salvatierra. 

Para el 2021, la SSPC tendrá un aumento de 5%, aunque este gasto estará destinado en su mayoría a la Guardia Nacional, como documentamos en esta nota.

Si el próximo año ocurre algún desastre natural, el gobierno estará en aprietos para conseguir los recursos necesarios para responder ante una emergencia.

Sin embargo, desaparecer este Fondo (con un saldo de casi 7,000 millones de pesos), sería catastrófico, pues a largo plazo saldrá más caro cubrir los daños causados por algún desastre, según alertó Eduardo Reinoso, director general de Evaluación de Riesgos Naturales (ERN).

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Otro golpe a la ciencia, la cultura y el deporte

Nueve de cada 10 fideicomisos que se eliminarían están enfocados al desarrollo e investigación científica, es decir, son fondos que sirven para financiar proyectos de ciencia en el país y aportarían una cantidad de 29,075 millones de pesos.

Por esta razón, varias organizaciones civiles y científicas, como la Red Pro Ciencia MX y la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, así como la astrónoma Julieta Fierro o el físico Gerardo Herrera Corral se han pronunciado en contra de la reforma. 

Estos fideicomisos apoyan, por ejemplo, 120 proyectos científicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), además desaparecerán otros fideicomisos como el Fondo para el Cambio Climático, con 108 millones de pesos

La cultura y el deporte también sufrirán con esta maniobra, de aprobarse, pues desaparecerían el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), con 224 millones de pesos; el Fondo al Deporte de Alto Rendimiento, con 213 millones de pesos. 

Incluso los derechos humanos saldrán afectados, pues dejaría de existir el Fondo para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con 250 millones de pesos.

Si bien hasta ahora no sabemos bien cuál será el proceso de extinción de estos fondos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria advierte que los recursos de los fideicomisos que se pueden reintegrar a la Tesorería son solo aquellos que no están comprometidos. 

Desde abril la suerte estaba echada

El destino de los fideicomisos ya estaba amenazado desde abril de este año, cuando se publicó el decreto presidencial, que anunciaba la extinción de aquellos fondos “sin estructura orgánica”, es decir, que existían solo en el papel, al interior de las dependencias. Esto, en parte, porque López Obrador había dicho que su existencia estaba llena de opacidad y corrupción.

En realidad los fideicomisos tienen más impacto en nuestra vida de la que pensamos, “no solo porque algunos se forman con recursos públicos, también porque se destinan para el cumplimiento de fines públicos como gestionar servicios públicos, desarrollar proyectos de infraestructura y garantizar mejoras en determinados grupos sociales o la protección de sus vidas”, nos explica Salvatierra.

Además, una de las ventajas de los recursos públicos integrados en un fideicomiso, es que no tienen que ejercerse en el mismo año que ingresaron, lo que permite que la proyección del gasto sea mejor planeada, explica Salvatierra. 

En la otra cara de la moneda, entre sus desventajas se encuentra el abuso de algunas dependencias para evitar regresar a la Tesorería de la Federación lo que no gastaron de su presupuesto y la falta de transparencia, nos dice Salvatierra. 

En esta falta de transparencia se encuentra “el 92% del total de recursos en fideicomisos públicos no cuentan con controles de vigilancia del gasto, ya que se crean como un simple contrato entre distintas entidades en donde se diluyen las responsabilidades y se dificulta el seguimiento del gasto y de la información”, dice Salvatierra.

Sin embargo, resulta preocupante los fideicomisos que se están tocando, los cuales sí tienen relevancia para el cumplimiento de derechos humanos y tienen compromisos que cumplir, y que por obtener dinero para la pandemia, están haciendo una afectación mayor, nos dice Sarahí Salvatierra.

Por otro lado, “es una mala decisión que se tome esta medida arbitrariamente, sin justificar por qué unos fideicomisos sí desaparecen y otros no, sin una evaluación previa de los impactos que puedan generar”, explica Salvatierra.

Ahora toca a las y los legisladores transparentar el uso de estos recursos y que no se afecten los compromisos en derechos humanos e investigación científica que hay en el país, para que no queden en el abandono.

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