“Vamos a seguir manifestándonos hasta que nos hagan caso… Porque para las víctimas de este país ya no hay justicia. ¿Qué justicia tenemos las personas que tenemos un familiar desaparecido, si tenemos que ir nosotras con el riesgo de ser asesinadas a escarbar con picos y palas?”, señaló Bibiana Mendoza, vocera del colectivo Hasta Encontrarte de Guanajuato, durante la “Velada por la paz”.
El 2 de marzo pasado, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Palacio Nacional, familiares, madres e integrantes de los colectivos Hasta Encontrarte y Seguridad sin Guerra colocaron una mega manta, de 100 metros de largo, junto a las fotografías de personas desaparecidas, en un acto contra la militarización del país para exigir el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles.
Durante los últimos cinco años, Bibiana Mendoza, quien busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete desaparecido en Irapuato el 8 de enero de 2018, ha declarado en múltiples foros que la estrategia de militarización de la seguridad pública ha recrudecido la violencia, las desapariciones y los asesinatos de civiles por parte de militares en el país.
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El 17 de mayo de 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNL) rebasó la cifra oficial de más de 100,000 personas de las que no se conoce su suerte o ubicación. A la fecha suma a 112,001 personas en esa situación. Una crisis sumamente grave para la situación de derechos humanos en el país, señalan organizaciones civiles.
Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) registró únicamente 52 sentencias a nivel federal por desaparición de personas, de las cuales solo 38 han sido condenatorias entre enero de 2006 y noviembre de 2021 en todo el país, nos explicó Jorge Lule, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).
Impunidad imperante
La organización de defensa de derechos humanos pidió solicitudes de información a la CJF, las fiscalías federal y estatales sobre carpetas abiertas por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
En las respuestas recibidas, las fiscalías indican que existen al menos 26,397 denuncias que involucran a 27,844 víctimas de desaparición, de las cuales 3,422 serían víctimas de desaparición forzada -cometida por autoridades o agentes del Estado.
El informe de la CMDPDH titulado “La Guerra Interiorizada. De los crímenes internacionales a la vida pública de México 2006-2021”, se puntualiza que de las denuncias recibidas solamente en la Fiscalía General de la República (FGR) por desaparición forzada 40 fueron consignadas o judicializadas.
De los expedientes abiertos en las fiscalías estatales, solo se habrían consignado 94 carpetas por desaparición forzada y 206 por desaparición cometida por particulares.
Dichas cifras oficiales son “indignantes” y dan cuenta de la impunidad imperante para las personas que en los últimos 15 años han sido desaparecidas en todo el país y para sus familias, nos dijo Jorge Lule.
En cuanto se inició la estrategia militarizada de la seguridad pública con el ex presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006, y continuada en los sexenios de Enrique Peña Nieto y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, las violaciones graves a derechos humanos, la desaparición, la tortura y el asesinato empezaron a ser cada vez más frecuentes, como lo denuncian las y los familiares de las víctimas, explica Jorge Lule.
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Tercera parte de las y los desaparecidos, en sexenio de AMLO
De las 27,844 víctimas de desaparición en las denuncias penales que reportaron las fiscalías federal y estatales, más de la tercera parte, 9,709 víctimas, se encuentran en expedientes abiertos en los últimos tres años (2019-2021) del sexenio de López Obrador.
Y sobre víctimas de desaparición forzada (3,422), esta cifra sube al 57.7%, con un total de 1,974 carpetas abiertas durante la presente administración, precisa la CMDPDH.
De igual forma, más de la tercera parte de las personas cuyo paradero se desconoce en los últimos 15 años fue desaparecida entre 2019 y 2021, un total de 27,788 personas, refiere la organización.
Pero durante el año 2021 solo 36% de las desapariciones inscritas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas tendría una denuncia en alguna de las fiscalías del país, según la organización.
Este subregistro se debe a la desconfianza hacia las instituciones, la posible colusión de las autoridades en los hechos y los altos grados de impunidad, lo que llevaría a algunas familias a no denunciar ni reportar la desaparición de una persona por los medios oficiales, se explica en el informe.
Necesario saber quién cometió los crímenes
En México, apuntó Jorge Lule, tenemos que comenzar a hablar no solo del número de personas que han sido afectadas por la desaparición, sino de quiénes son los responsables detrás de esos crímenes cometidos en el marco de la guerra contra las drogas.
Se debe hacer el señalamiento de los responsables de estos hechos para que las familias y las víctimas afectadas alcancen la justicia, sostuvo.
El principal obstáculo de las familias es el poder acceder a la información, porque es una violación que conviene a quienes la perpetran, “conviene callar las voces, ocultar la responsabilidad, ¿a quién conviene que esas personas no estén?”, cuestionó.
A este contexto se suma el problema de la desatención, pues “hay mucha colusión entre las fuerzas de investigación, en nuestro sistema de procuración de justicia, respecto de quienes perpetraron los hechos”, dijo.
“La desaparición de personas resulta funcional a un sistema de justicia estructuralmente deficiente y a una estrategia de seguridad que no entrega resultados”, apunta en su investigación la CMDPDH.
Demandan a México ante ONU por desaparición forzada
Familiares del policía Luis Ángel León Rodríguez demandaron al Estado mexicano ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas por su responsabilidad en la desaparición forzada ocurrida el 16 de noviembre de 2009, señaló la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el pasado 16 de febrero.
“La impunidad, la corrupción y la nula voluntad de querer investigar a fondo el caso nos ha llevado a hoy, 13 años y tres meses, de no saber realmente qué pasó”, dijo Araceli Rodríguez Nava, madre del policía federal quien fue desaparecido cuando fue enviado de Iztapalapa a Michoacán junto con otros seis policías a una comisión de seguridad.
Durante una conferencia de prensa, Araceli Rodríguez denunció omisiones en la investigación de la desaparición de su hijo: “siempre he pedido que la cadena de mando sea investigada, ¿quién dio la instrucción de que policías federales fueran a Ciudad Hidalgo, Michoacán, a ocupar la comandancia?”
También denunció los peligros y riesgos a los que se ha enfrentado durante la búsqueda de su hijo. Acusó que el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la amenazó de muerte a un año y seis meses de la desaparición de su hijo.
“Es importante que termine la impunidad, la corrupción y que las autoridades tengan la voluntad de investigar a los probables responsables por la omisión al enviarlos sin protección”, dijo Araceli Rodríguez.
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Desapariciones cometidas por militares
Sobre desaparición forzada de personas, la CMDPDH analizó 102 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y encontró al menos 375 víctimas de este delito.
De estas víctimas de desaparición forzada, 282 (75% del total) se reporta una detención arbitraria. “Esta privación grave de la libertad abre la puerta para que existan crímenes como la desaparición, la tortura o el asesinato. Pues abstraen a las personas del amparo de la ley”, puntualizó Lule.
Los principales perpetradores de estas desapariciones forzadas fueron integrantes de las Fuerzas Armadas, con 173 casos. En 24 estados del país, principalmente del norte, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz.
Lule explicó que cuando suceden desapariciones de personas en cuarteles militares hay una responsabilidad de las unidades bajo el mando militar, aunque este no esté presente. Por lo tanto, la responsabilidad tiene que subir hasta los mandos superiores, que es la única manera de detener que sigan sucediendo estos crímenes.
“Pareciera que no se da atención a los casos, pero en realidad es una falta de voluntad, no de capacidad, sino de que realmente no hay interés en que esto se resuelva. Por el contrario, hay más interés por seguir ocultando o por seguir dando largas a las familias”, sostuvo finalmente el defensor de derechos humanos.
