Conforme pasa el tiempo y los efectos ocasionados por la crisis sanitaria y económica causada por la COVID-19 son cada vez más evidentes, queda claro que un fenómeno se vio acrecentado con la pandemia: la profundización de la desigualdad en México y el mundo.
A nivel global, el Banco Mundial estima que alrededor de 200 millones de personas cayeron en una situación de pobreza en 2020, lo que no solo aumenta los niveles de desigualdad, sino que hará casi imposible la erradicación de la pobreza, como marcaban los objetivos de desarrollo sostenible para 2030.
Pero México no es para nada ajeno a esta situación y está viviendo los efectos de una tardía y lenta respuesta por parte de las autoridades para mitigar estos efectos negativos de la pandemia, de acuerdo con expertos.
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Es por ello que el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Oxfam México publicaron La Vacuna contra la desigualdad, documento que pretende medir las consecuencias negativas que el COVID-19 generó en México y, al mismo tiempo, plantear soluciones necesarias para fomentar una pronta recuperación que tenga efectos de largo plazo y reduzca la desigualdad.
De acuerdo con sus resultados, la sociedad mexicana se vio más afectada en tres rubros, donde las mujeres destacan por ser las más afectadas: acceso a mecanismos de protección social por la pérdida de empleos formales y reducción de ingresos, acceso efectivo a servicios de salud, y afectaciones al acceso a educación de calidad.
Ante esta situación, las y los investigadores resaltan que lo que requiere el país son más recursos públicos para atender la mayor demanda de acceso a estos rubros, Además, habría que recordar la necesidad de que el gobierno gaste mejor los recursos con los que ya cuenta, en lugar de hacer gastos innecesarios como los de publicidad oficial.
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La urgencia de financiar derechos
Durante la presentación de este informe Haydeé Pérez, directora ejecutiva de Fundar, explicó que nuestro país ya presentaba la necesidad de una reforma fiscal progresiva con urgencia, pero con la gravedad de la crisis económica y sanitaria, se volvió apremiante.
Y es que México recauda solamente 16.5% de su Producto Interno Bruto (PIB) a través de impuestos tributarios, lo que lo coloca como el cuarto país con menor recaudación entre 25 países latinoamericanos. Entre los que más recaudan destacan Brasil con una proporción de recaudación de 33.1% de su PIB y Argentina con 28.6%. Otros como Chile o Colombia recaudan 20.7% y 19.7% de su PIB, respectivamente.
Esto no solo significa que el gobierno mexicano tiene pocos recursos para destinar a hospitales, carreteras, escuelas o brindar servicios públicos, sino que con la situación de deuda actual y los recursos que ya tiene comprometidos, el espacio para realizar nuevas acciones es muy reducido. Es decir, tiene muy poco espacio fiscal y este se sigue reduciendo.
Esto se vuelve evidente al revisar algunos indicadores. De acuerdo con Alejandra Macías, directora de investigación del CIEP, el financiamiento para Salud es insuficiente ya que mientras que en la última década se ha destinado casi la misma proporción del gasto federal a este tema, la población siguió creciendo.
Respecto al sector educativo Macías explica que en ese mismo periodo de tiempo el gasto ha oscilado entre entre 3.4% y 3.9% del PIB, a pesar de que la Ley General de Educación establece que no puede ser menor a 8%.
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Acciones para reducir la desigualdad en México
Durante la presentación del informe, Diego Vásquez, director de investigación de Oxfam México, explicó que para detener y atender los efectos negativos que afectan a millones de mexicanos, y tendrán impacto en las generaciones futuras, es necesario enfocarse en tres tipos de acciones de política pública.
La primera corresponde a que el gobierno mexicano debe proveer un mayor estímulo económico para proteger la estructura productiva de manera contundente, a la par que se busca integrar la participación de las mujeres en el mercado laboral.
Un segundo punto se refiere a la implementación de programas sociales adicionales que sean sostenibles en el largo plazo para mitigar el incremento de la pobreza y desigualdad social de los grupos más vulnerables. Entre las propuestas se incluyeron: un seguro de desempleo, un ingreso mínimo vital temporal, un programa de subsidios a la nómina o una transferencia monetaria directa focalizada a la población sin seguridad social.
Finalmente, el análisis resalta la necesidad de asegurar y proteger el derecho a la salud y educación de las y los mexicanos, a través de brindar el financiamiento suficiente en lugar de buscar la austeridad en estos rubros.
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El documento también plantea que el gobierno debería reducir la discrecionalidad de la toma de decisiones y garantizar el mayor acceso a la información pública en temas fiscales.
Esto se lograría a través de regular la política de beneficios fiscales -normas tributarias que le permiten a las personas y empresas pagar menos impuestos- y aplicar el etiquetado de los impuestos, lo que quiere decir que los ingresos obtenidos por dicha carga tributaria se destine específicamente para un fin.
Por último, el análisis resalta que es necesario que se transparenten las declaraciones de ISR para que sea posible realizar un análisis más detallado de la distribución del ingreso y el impacto de la política fiscal.
Cambios en el mundo podrían facilitar la aplicación de estas medidas
Durante la presentación de este informe, preguntamos sobre los costos políticos y económicos que podría tener un país por llevar a cabo este tipo de acciones.
Para Héctor Villarreal, director general del CIEP, la crisis global presentó “un momento de oportunidad para que los legisladores propongan muchos cambios que tengan efectos en las siguientes generaciones”.
Y resaltó que lo que está sucediendo alrededor del mundo, principalmente en Estados Unidos con la administración de Joe Biden y sus reformas fiscales, “va a terminar teniendo una gran influencia en las discusiones que se están dando en América Latina”.
Igualmente Diego Vásquez resaltó que es necesario pensar cambios que no solo tengan efectos en el corto plazo, sino que generen beneficios para las generaciones futuras.
¿Veremos alguno de estos cambios en la siguiente Legislatura?
