“La 4T tiene una responsabilidad histórica. En los próximos años, el Ejecutivo Federal tiene que hacer una gran campaña de salud para que todas las mujeres de México sepan que el aborto es un derecho, que debe haber servicios de salud”, afirmó Verónica Cruz Sánchez, integrante y fundadora del Centro Las Libres, en relación con los recientes fallos históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La activista nos dijo que “se tiene que hacer una gran campaña interna con prestadores de servicios para que quede claro que tienen la obligación de garantizar la salud y la vida de las mujeres”.
Para la defensora de derechos humanos, en cada estado las legisladoras y legisladores deberían estar impulsando la libertad de las mujeres presas por abortar y las reformas a las leyes que aún tipifican el aborto.
“En los próximos cinco años vamos a ver todos los códigos penales limpios del delito de aborto”, aseguró.
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Así como ocurrió en Guanajuato, “el 8 de septiembre, al día siguiente de la resolución de la Suprema Corte, el fiscal general del estado de Guanajuato (Carlos Zamarripa), dijo que va a cerrar las 24 carpetas abiertas por el delito de aborto que tiene la Fiscalía. Esas carpetas ya no tienen ningún sentido, porque el delito se declaró inconstitucional”, explica.
En este sentido, el 7 de septiembre pasado, la ahora diputada federal con licencia Wendy Briceño de la bancada de Morena, hizo un llamado a los congresos locales a ser consecuentes y también a los gobiernos estatales a reformar sus códigos penales, “más allá de ideologías”.
Pero la decisión de la Corte no quedó sólo en el papel, ya que al día siguiente en que se dictó este fallo, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, propuso al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal la aprobación de un acuerdo sin precedentes para que el Instituto de la Defensoría Pública asesore, represente y defienda a todas las personas que estén siendo procesadas, hayan sido sentenciadas o pretendan ser imputadas por el delito de aborto.
La semana pasada, el Pleno de la Suprema Corte discutió y aprobó dos sentencias en materia de aborto que impactarán directamente en el ejercicio del derecho a decidir de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar en todo el territorio nacional.
Septiembre se pintó de verde
Con los dos fallos históricos de la semana pasada, la Corte reconoció el derecho constitucional de las mujeres y personas gestantes en México a decidir sobre su propio cuerpo, su vida, su maternidad y a su autonomía reproductiva. Y con esto, afirmó Human Rights Watch, la SCJN se ha convertido en un referente en Latinoamérica.
El pasado 7 de septiembre el Pleno declaró, por unanimidad, que es inconstitucional la criminalización absoluta del aborto en el estado de Coahuila. Al haber superado los ocho votos sienta jurisprudencia, por tanto este fallo tiene un efecto a nivel nacional porque obliga a todos los tribunales del país a no criminalizar a quienes deciden abortar; también representa un llamado a todos los congresos locales a reformar las leyes que penalizan el aborto porque están en contra de la Constitución federal.
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Dos días después, por unanimidad, la Corte invalidó la protección de la vida desde “el momento en que un individuo es concebido” establecida en la Constitución de Sinaloa.
Los ministros y ministras consideraron que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la titularidad de los derechos humanos, ya que esto corresponde a la Constitución federal.
Ese mismo día el pleno determinó como inconstitucional la pretensión de otorgar el estatus de persona al feto y con ello obstaculizar, prohibir, desconocer, negar o limitar el derecho al aborto y a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes.
Finalmente, ministras y ministros puntualizaron que para proteger la vida en gestación, como bien constitucionalmente valioso, el Estado deberá proteger los derechos de las mujeres.
“Por ejemplo, ocupándose en la continuidad de los embarazos deseados, asegurando atención prenatal a todas las personas bajo su jurisdicción, proveyendo partos saludables y abatiendo la mortalidad materna”, se lee en un comunicado de la Corte.
Así lo decidió la Corte al analizar las acciones de inconstitucionalidad 106/2018 y 107/2018, promovidas por diputados integrantes del Congreso de Sinaloa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El proyecto de resolución estuvo a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Sinaloa es uno de los 19 estados de la República en los que grupos conservadores presionaron para que se reformaran las constituciones locales con el fin de proteger la vida desde el momento de la concepción, en respuesta a la despenalización del aborto que ocurrió en la Ciudad de México en 2007 y para impedir el avance de la legalización del aborto en otras entidades.
La última parte de este debate es otra acción de inconstitucionalidad que este 13 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a discutir y que se concentró en la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería.
La acción fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que demanda la invalidez de los artículos 10 Bis, Segundo y Tercero Transitorios de la Ley General de Salud.
¿Qué es la objeción de conciencia?
Es una norma que fue adicionada a la Ley General de Salud, en mayo de 2018, a iniciativa de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán del Partido Encuentro Social (PES) y que plantea que es una decisión individual del personal de salud y enfermería negarse a realizar servicios de salud, como el aborto, por contradecir “principios éticos o morales”.
Con las reformas de 2018, el artículo 10 Bis de dicha ley establece que “el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta Ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional”.
¿La objeción de conciencia limita los derechos de las mujeres?
La acción de inconstitucionalidad, interpuesta en 2018 por el entonces presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, consigna que la objeción de conciencia viola el derecho a la protección de la salud, el libre desarrollo de la personalidad, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos, entre otros.
Sin embargo, la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales plantea que la objeción de conciencia se declare constitucional con límites que permitan garantizar el ejercicio del derecho a la salud de las mujeres y personas gestantes.
La sesión comenzó sólo con ocho ministras y ministros presentes. En las primeras partes del debate, el pleno estuvo de acuerdo con la forma.
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Pero al iniciar la discusión del tema de fondo, el ministro Javier Laynez Potizek advirtió que la objeción de conciencia no establece estándares mínimos para garantizar el derecho a la disponibilidad de los servicios de salud de todas las personas, escenarios que pueden derivar en la violación de derechos humanos.
Por su parte, Arturo Zaldívar se manifestó en contra del proyecto, porque dijo que la objeción de conciencia afecta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, lo que incluye el acceso a la interrupción del embarazo.
La ministra Norma Lucia Piña Hérnandez coincidió con la inconstitucionalidad del artículo 10 Bis porque “no exige, por ejemplo, que el Estado garantice en todo momento la presencia de personal de salud no objetor —como debería—, aunque se trate de lugares remotos y aislados, donde suelen vivir las personas más vulnerables”.
Finalmente, después de casi dos horas de sesión, el ministro presidente levantó la sesión. Por tanto, el próximo lunes 20 de septiembre continuará el debate en la Corte para decidir si la objeción de conciencia respeta o no el derecho de protección a la salud de las mujeres y personas gestantes.
¿La objeción de conciencia limita el acceso a la ILE?
La defensora Verónica Cruz nos explicó que “la objeción de conciencia es el recurso más fácil que tienen los médicos para negar el servicio seguro de aborto. Es una práctica cotidiana que observamos para impedir, sobre todo, el acceso a aborto legal por violación a niñas”, de acuerdo con su trabajo de acompañamiento a diversas mujeres, niñas y a la documentación de la criminalización del aborto a lo largo de 20 años.
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Verónica recordó un caso emblemático que Las Libres, una organización civil con sede en Guanajuato, acompañaron a finales de 2018 de una adolescente que fue víctima de violación.
Al ser llevada a diversas instituciones de salud en el estado de Sinaloa le fue negado su derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), como lo establece la NOM-046.
Finalmente, el jefe de medicina del Hospital de la Mujer de esa entidad le negó el servició y argumentó que en ese hospital se aplicaba la reciente reforma constitucional que protege la vida desde la concepción.
En México el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública grave, por lo que “todas debemos defender a las menores”, enfatizó la especialista.
Como lo documentaron Las Libres, tan sólo de 2010 a 2017 se registraron más de 4,000 denuncias por aborto contra mujeres, de acuerdo con un análisis de las cifras proporcionadas por los estados vía solicitudes de información, nos compartió Verónica Cruz.
Para ella el debate que está dando la Corte es muy importante porque “los prestadores de servicios de salud van a seguir teniendo el derecho a la objeción de conciencia, pero con límites. Pero recordarán que la objeción es individual, que no es institucional y que las instituciones tienen que garantizar servicios. El objetor de conciencia tiene que garantizar a la mujer que la va a poner en manos de alguien que sí le va a garantizar el servicio”.
Además que “las instituciones deberían tener las 24 horas de los siete días de la semana a personal no objetor. Pero si llega una emergencia y hay puro personal objetor tienen que realizar el servicio de salud, porque no pueden obstaculizar el ejercicio del derecho”, dijo.
Una demanda histórica
Para la feminista Verónica Cruz es claro que las dos sentencias que la Corte aprobó la semana pasada son de carácter obligatorio para todo el país y significa que todas las constituciones locales que aún consideran al aborto como un delito y aquellas que protegen la vida desde la concepción deben eliminarse.
“Nosotras, el 25 de septiembre, el día que inicia la nueva Legislatura en Guanajuato, les vamos a exigir que eliminen del Código Penal el delito de aborto, porque ya no tiene ningún sentido. Pero si sigue ahí simbólicamente seguirá siendo un obstáculo o a alguien se le va a ocurrir utilizarlo. De igual forma, les exigiremos que quiten la porción de la norma constitucional que protege la vida desde el momento de la concepción, porque también la Corte ya declaró inconstitucional esas reformas”.
Las mujeres necesitan que se elimine en cada estado “el delito de aborto del Código Penal, eliminar de la Constitución la reforma que protege la vida desde la concepción. Legalizar hasta las 12, 14 y 20 semanas para prestar los servicios. Y hacer una adecuación a la Ley de Salud para que las instituciones estén obligados a prestarlos. Necesitamos que todas las mujeres tengan acceso, es una demanda histórica, por eso necesitamos regularizarlo”.
El 28 de septiembre, el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, se conocerá la respuesta de la marea verde a estas decisiones que está tomando la Corte.
