En el Senado ya piensan en despenalizar el aborto a nivel federal

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Una propuesta en el Senado puede cambiar la vida de las mujeres, las niñas y las personas gestantes en México. Legisladoras anunciaron que la siguiente semana presentarán reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para despenalizar el aborto en el país.

Esto después de que el pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que es inconstitucional criminalizar a mujeres y personas gestantes que aborten de forma voluntaria. 

En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la senadora Martha Lucía Micher Camarena junto con senadoras de diversos grupos parlamentarios anunciaron que elaboran una propuesta de reforma a la Ley General de Salud para agregar un capítulo en materia de salud reproductiva y reconocer el derecho de las mujeres a continuar o no su proceso de gestación.

De acuerdo con la legisladora, la propuesta también incluye la eliminación del delito de aborto del Código Penal Federal, explicó en conferencia de prensa.

Además, piensan adicionar un nuevo capítulo denominado objeción de conciencia en Ley General de Salud, que contemple este derecho únicamente para el personal médico y de enfermería a título individual, así como la obligación para el sistema de salud de contar con personal no objetor en todo momento. 

Este cambio retoma otra de las recientes sentencias de la Corte, con la que se invalidó el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud que establecía “de forma amplia la objeción de conciencia y con ello se ponía en riesgo los derechos humanos, en especial el derecho a la salud de las mujeres.

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Aún hay un largo camino por delante

Pero además de quitar del Código Penal Federal el delito de aborto también se necesita que los congresos locales modifiquen sus leyes y códigos penales, porque en México el delito de aborto se regula a nivel local.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) afirmó, en entrevista para Cuestione, que si el Congreso de la Unión “saca del Código Penal el delito del aborto y lo coloca como un tema de salud eso sería lo idóneo, porque generaría un marco de referencia para que los estados lo tomen en cuenta”.

Actualmente, solo la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo permiten el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. 

Los criterios que aprobó la Corte obligan a todas y todos los jueces de México, tanto federales como locales, a considerar que “son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo”, según lo explica la propia Corte.

Cada estado de la República debe cambiar sus leyes para eliminar el delito de aborto y garantizar el derecho a acceder un aborto voluntario. “Tenemos que exigir a legisladores locales y aspirar a marcos normativos que no criminalicen a las mujeres”, explicó la especialista.

Viene un proceso político de entender que no solamente son los jueces los que deben de proceder con amparos para liberar a mujeres encarceladas por haber abortado, sino que cada estado debe despenalizar el aborto bajo los criterios de la Corte, consideró.

Por su parte, la senadora Patricia Mercado Castro sostuvo que para lograr avanzar en la despenalización del aborto “hay que hacerlo estado por estado, Congreso por Congreso”, así lo dijo durante la mesa “La despenalización del aborto en México: Avances y retos”, organizada por el Instituto Nacional de las Mujeres.

Como nos dijo Verónica Cruz Sánchez, integrante de la organización civil Las Libres, las sentencias de la Corte son de carácter obligatorio para todo el país y eso significa que todas las leyes locales que aún consideran al aborto como un delito “deben eliminarse”, porque si sigue ahí el delito “simbólicamente seguirá siendo un obstáculo y a alguien se le va a ocurrir utilizarlo”. 

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Rechazo a fallos de la Suprema Corte 

María de la Luz Estrada también señaló que frente a estos avances a nivel legislativo “estamos viendo muchas resistencias en los estados, a pesar de que ya están los criterios de la Corte; no será fácil porque los grupos antiderechos y la Iglesia Católica están presionando a los legisladores para que no modifiquen sus marcos legales”. 

Apenas el pasado 3 octubre, grupos conservadores marcharon en diversas ciudades del país, como Xalapa, Guadalajara, Puebla, Yucatán, Monterrey, para rechazar la sentencia de la Suprema Corte que despenalizó el aborto voluntario a nivel nacional. 

En la Ciudad de México la marcha fue convocada por el Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano-México y grupos religiosos.

Entre 2006 y marzo de 2019 se presentaron ante el Senado y Cámara de Diputados otras 30 iniciativas relacionadas con la despenalización del aborto, pero la mayoría fue desechada por prescribir el plazo para su discusión.

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Además de estas iniciativas de reforma a nivel federal, si bien desde septiembre de 2019 el Congreso de Oaxaca despenalizó el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación, el pasado 30 de septiembre, dicho Congreso reformó el artículo 12 de la Constitución Política de Oaxaca para eliminar la protección de la vida desde el momento de la fecundación.

Lo anterior se hizo debido a la sentencia de la SCJN que invalidó la protección de la vida desde el momento de la concepción, de la Constitución de Sinaloa. 

Con este fallo, la Corte determinó como inconstitucional la pretensión de otorgar el estatus de persona al feto y con ello obstaculizar, prohibir, desconocer, negar o limitar el derecho al aborto y a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes. 

¿Los congresos de los estados cumplirán con su parte?

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